Un nuevo informe constata que la política del Gobierno de matar lobos para proteger rebaños no sirve para nada

Cazar cada vez más lobos no sirve para amortiguar los daños que la especie pudiera provocar a la ganadería. A pesar de los planes que el Gobierno maneja desde 2012 para desproteger esta especie –presentados regularmente a asociaciones ganaderas por los ministros de Agricultura Arias Cañete y García Tejerina–, la matanza de ejemplares es inefectiva e incluso contraproducente para reducir los ataques, según un estudio recién publicado a petición del Parlamento Europeo.

Aunque los ataques de lobos al ganado suponen pérdidas ínfimas a la cabaña general en España y en Europa, el método favorito de los gobiernos para abordar este tema es la eliminación de ejemplares: en 7 de los 10 estados de la UE con poblaciones, la gestión del lobo se basa en la caza. España está en la punta de lanza ya que, en cuanto ha habido oportunidad, el Gobierno ha expresado su deseo de ampliar esta práctica y desproteger a la especie en los territorios donde no puede abatirse, al sur del río Duero. Las administraciones regionales como la Junta de Castilla y León, han alimentado esta postura.

“En algunos países [los ataques de lobos] afectan el 0,6% del ganado disponible”, recoge el informe del Europarlamento que admite que “a nivel local”, el problema puede ser mayor. Las cifras oficiales en España confirman este dato. Pero, ya en 2012, el entonces ministro Miguel Arias Cañete propuso a la Comisión Europea que se cambiase la ley para poder cazar lobos en zona de protección.

“La literatura científica ha demostrado que la gestión letal [eliminación y caza] tiene poco efecto, o efectos contrarios, al resultado deseado: mitigar la depredación”, recoge el estudio parlamentario. Solo una matanza fuera de los límites de la ley que, prácticamente, extinguiera la especie sería efectiva para los intereses ganaderos, dice el informe.

“Que se puedan matar lobos al sur del Duero”

Tras la marcha de Cañete a Bruselas, su sucesora al frente de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció en 2014 que iba a mantener “el compromiso de mi antecesor en la lucha contra el lobo”. El Gobierno “ha solicitado en diversas ocasiones que el Plan de Acción para la Naturaleza de la Comisión Europea abordase la gestión de especies conflictivas como considera que es el lobo”, explican desde Bruselas. En 2017, Tejerina repitió: “Vamos a seguir trabajando para que eso sea posible; para que se puedan matar lobos al sur del Duero con el objetivo de regular las poblaciones”. La Comisión ha insistido en que su plan “no pretende modificar la directiva ni los regímenes de protección de ninguna especie”.

Detrás de estas declaraciones está la intención de aplacar las demandas del sector ganadero que, mediante diferentes asociaciones profesionales en Castilla y León, Aragón, País Vasco o Asturias , declaran repetidamente “incompatible” la presencia del depredador y su actividad económica. El análisis, llevado a cabo entre otros por un investigador español del CSIC, explica que la preferencia por gestionar a base de caza, “descansa en la creencia de que mitiga la tensión social y reduce las tasas de depredación sobre el ganado”, y luego sentencia: “Tal relación no ha sido nunca mostrada en la literatura científica. Además, puede hasta incrementar esas tasas”. Esto se debe a que se descomponen las manadas y los ejemplares sueltos pueden hacer más daño en su búsqueda de comida.

La “tensión social” y la presión del sector ganadero se ha traducido, por ejemplo, en una cacería ilegal de lobos en Ávila que derivó en toda una investigación policial para hallar a los promotores y cazadores. O en la oleada de ejemplares muertos sin autorización en Asturias para luego exhibir las cabezas de los animales colgadas. Justamente el informe señala a Asturias al indicar que la dirección del Parque Nacional de Picos de Europa ha echado mano de una supuesta superpoblación para permitir la caza.

Solución: mejores prácticas ganaderas

Lo que los investigadores piden en su análisis es que se incida más en la gestión ganadera que en la caza de vida silvestre: los estudios muestran que “las medidas preventivas” y el manejo de las reses son las mejores vías para la coexistencia de depredadores y ganado. El informe, que analiza los casos más exitosos en la Unión Europea, concluye que la forma más efectiva de conseguir este objetivo pasa por esa prevención y “la disposición para cambiar hábitos ganaderos contraproducentes incluso si se establecen otras vías” como las compensaciones económicas por pérdidas.

Pero, de espaldas a las evidencias científicas y en medio de esa “tensión social”, las administraciones han optado por hacer declaraciones institucionales como la de la Diputación de Ávila que se autodenominó zona “libre de lobos” cuando está en zona con protección legal estricta o el nuevo plan de gestión Asturiano que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente por amparar batidas casi indiscriminadas en ciertas zonas. Siguiendo ese camino, el PP de Aragón acaba de solicitar que el lobo sea declarado especie invasora en su territorio para expulsar los pocos ejemplares que han llegado al Alto Aragón.

Los científicos han especificado que la caza de lobos solo podría funcionar si las poblaciones se redujeran “a niveles tan bajos que los harían incompatibles con el mandato de la directiva Habitats. Las posibles derogaciones de la directiva sobre la captura o eliminación de especies deben evaluarse de manera muy crítica”, concluyen.