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Casi 320.000 dependientes en espera a pesar de que aumentó la atención un 22%

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Casi 320.000 dependientes en espera a pesar de que aumentó la atención un 22%

Casi 320.000 dependientes en espera a pesar de que aumentó la atención un 22%

Casi 320.000 personas con derecho a recibir prestaciones o servicios por la Ley de Dependencia siguen en lista de espera -de las que 120.000 son grandes dependientes-, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que destaca, no obstante, la subida en dos años de los atendidos en un 22 %.

A 30 de junio de 2017, el número de dependientes reconocidos por el Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) es de 1.217.355 y las personas atendidas son 898.243, por lo que 319.112 están a la espera de recibir las prestaciones a las que tienen derecho.

El informe señala que "los esfuerzos" de las comunidades autónomas -que aportan el 80 por ciento de la financiación, frente al 20 % el Gobierno- han conseguido aumentar en los dos últimos años el número en más de 160.000 personas, aunque muchos de ellos son dependientes menos severos, que suponen menor coste.

En la presentación del informe, el presidente del Observatorio y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado que aunque hayan aumentado las personas atendidas se ha hecho con servicios "de bajo coste" -como teleasistencia o cuidados familiares- y sin crear empleo.

Este incremento de personas atendidas se da de forma desigual entre las regiones, y, por ejemplo, mientras en Aragón subió el 41,9 por ciento en Cataluña solo aumentó el 6 %.

La reducción de la lista de espera desde que se cerró hace dos años el calendario de incorporación de todos los niveles de dependientes ha sido de 123.000 personas, es decir, un 28 por ciento.

Si se analiza el descenso de las listas de espera respecto al último año (de junio de 2016 a junio de 2017) todas las CCAA la han reducido, pero con grandes diferencias que oscilan desde el 41,8 por ciento de Canarias (afectando a 12.500 personas) y el 1,4 % de Castilla y León (1.183 personas), aunque esta última comunidad es de las que menos lista de espera tiene.

Ramírez ha mostrado su preocupación por la situación de Cataluña y Andalucía, ya que juntas atienden al 25,7 por ciento del total en España, pero su lista de espera es del 57,4 por ciento (183.000 dependientes).

"Cada día fallecen no menos de 100 dependientes sin recibir la prestación o servicio a los que tienen derecho; en el primer semestre del año son más de 18.000 fallecidos y este año podría terminar con 34.000 dependientes muertos sin atención", ha lamentado.

El responsable del observatorio ha recordado que el 54% de las personas de la lista de espera tienen más de 80 años.

El informe destaca que la lista de espera no está solo compuesta por los últimos dependientes de Grado I (dependencia más leve) que se acaban de incorporar, sino que hay un importante número de dependientes de grados III y II (gran dependencia y dependencia severa) cuyo número no ha cambiado en el último año.

Ramírez ha atribuido este estancamiento en la reducción de la lista de los dependientes más graves "en la incapacidad financiera de prestar apoyos necesarios", mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo con atenciones menos costosas.

Así, ha detallado que la administración central mantiene congelado el nivel mínimo que aporta por cada dependiente desde 2012 y que es de 177 euros para grado III, 82 euros para grado II y 44 euros para grado I.

"Se está abandonando a las personas en un sistema que no les da servicio y la consecuencia clara son los fallecidos", ha dicho Ramírez, quien ha reclamado recuperar el recorte acumulado del sistema superior a los 4.000 millones de euros.

El responsable del observatorio ha explicado que tal y como se está aplicando la ley "hay pocos retornos en el empleo" en el sector de la dependencia, "que ha registrado un descenso este semestre por primera vez", y poco impacto en la Seguridad Social y en la recaudación de impuestos como el IVA.

"En la dependencia sí que hay responsabilidades políticas porque se ha machacado el sistema de la dependencia provocando un sufrimiento cruel a los afectados y a sus familias", ha concluido.

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