Los refugiados irrumpen al final de una legislatura marcada por la pobreza

La gestión de la crisis de los refugiados, ya en la recta final de la legislatura, es el reto más importante en la política del Gobierno en asuntos sociales, cuyo protagonismo en estos años se ha centrado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social que han afectado cada vez a más familias.

El proceso de reubicación de los miles de refugiados, que España coordina con la UE, está resultando lento, y desde que se produjo la gran oleada de desplazados principalmente durante el verano -ya son más de 800.000 las personas llegadas a Europa este año por el Mediterráneo- se ha aprobado la reubicación de 160.000, de las que una docena de refugiados ha llegado a nuestro país.

La respuesta de la sociedad civil ofreciendo ubicación a los refugiados fue rápida, a la que se unieron muchos ayuntamientos, pero el Gobierno ha defendido la necesidad de coordinar todas las administraciones y fijar unos criterios por perfiles para garantizar la integración de estas familias durante la tramitación del estatuto de refugiado, que puede superar los dos años.

España aceptó el pasado 22 de septiembre acoger, en dos años, a 8.023 personas -1.896 de Italia y 6.127 de Grecia- de los 120.000 refugiados llegados a la UE, a los que se unen otros 1.300 de otro compromiso europeo alcanzado en julio de un reparto total de 40.000 personas.

Antes de que la crisis estallara, las ONG ya alertaban desde los últimos años de que los refugiados, la mayoría de ellos de Siria, quedaban atrapados, junto a otros inmigrantes, en Ceuta y Melilla.

Pero el protagonismo de las políticas sociales lo ha acaparado la crisis. Distintos informes como el de Foessa -para Cáritas- que alertaba en 2014 de que sólo uno de cada tres españoles -el 34 %- se salvaba de los efectos y el más reciente, el de la red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que cuantificó, hace unas semanas, en 13,6 millones los españoles en riesgo de pobreza, de los que 3,2 millones la sufren de forma severa.

La pobreza infantil se elevó hasta el 27,5 por ciento -2,3 millones de niños-, denunció Unicef en 2014.

El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Integral de Apoyo a la Familia, dotado con un presupuesto de 5.400 millones de euros, que recoge medidas como el aumento de las pensiones de las mujeres con dos o más hijos a partir de enero de 2016 y prioriza la atención social y económica a las familias en situación de pobreza severa con menores a cargo y el apoyo a las que tienen necesidades especiales (como enfermos graves o mayores).

Medidas de conciliación familiar, como la ampliación a un mes del permiso de paternidad en casos de nacimiento, adopción o acogida -actualmente es de 13 días- ha tenido que ser aparcado una vez más al menos hasta 2017.

Otra de las medidas legislativas aprobadas ha sido la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que incluye a los menores expuestos a situaciones de violencia de género como víctimas y crea un registro central de delincuentes sexuales para impedir que personas incluidas realicen actividades con los menores.

Respecto al cerco a la violencia de género, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que pretende asistir de forma personalizada a las víctimas y amplía la vigilancia para los condenados por violencia machista -pueden serlo entre 3 y 5 años después de salir de la cárcel-.

Las denuncias y las llamadas al teléfono 016 de ayuda a las víctimas han aumentado, aunque también lo siguen haciendo las cifras de mujeres asesinadas que ya se acercan este año al medio centenar.

La ley de Dependencia terminó su implantación el pasado mes de julio, iniciada hace ocho años y medio, con la incorporación de los dependientes moderados.

El Gobierno ha asegurado que ha respetado escrupulosamente la ley y que ha hecho en estos cuatro años un esfuerzo presupuestario de casi 6.500 millones para financiar el nivel mínimo de dependencia.

Cuatro de cada diez dependientes, el 37 por ciento, están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho, según un informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, que elevó en agosto a 445.264 los beneficiarios sin prestación.