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Ni el Gobierno ni el Rey

Lo que tenemos que hacer quienes consideramos necesaria y justa una distinta arquitectura del Estado es ganar las elecciones y cambiar la Constitución para que las naciones encuentren acomodo en un Estado federal

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Primer saludo entre el Rey y el president Puigdemont en la cena del MWC en el Liceu

Autoridades catalanas se encuentran con Felipe VI con motivo del Congreso Mundial de Móviles de 2015 EFE

Leo en El Periódico de Catalunya " carta de Puigdemont y Colau a Rajoy y al Rey por un referéndum pactado", según reza el título del periódico, y no me resisto a hacer algunos comentarios, algunas reflexiones.

Ni Rajoy ni el Rey –este menos que nadie– pueden pactar referéndum alguno de autodeterminación. Nadie está autorizado para semejante cosa por la Constitución que hemos votado todos los ciudadanos incluidos, por supuesto, los catalanes.

Los argumentos que oigo en radio y televisión –y que leo en esta carta que ahora me ocupa y en muchos otros medios– podrían ser también justificación para que Castilla–La Mancha, Asturias, Euskadi, Baleares, Aragón, Valencia, Andalucía... iniciaran sus particulares procesos de independencia para librarse de las políticas del PP. La separación de cualquier territorio del Estado afectaría también a Cataluña y a los demás, y si tal derecho fuera universal nadie les podría sustraer su derecho a decidir. Esta es la razón –así de simple– por la que las decisiones solo pueden ser tomadas por el conjunto de los ciudadanos y no por sólo una parte. Las políticas del PP las sufre la gran mayoría de la ciudadanía... pero el PP logra formar gobierno elección tras elección.

Los argumentos que oigo y leo con profusión y sin excepción en boca de los defensores del independentismo son surrealistas e inanes. Entre otros argumentos disparatados, el independentismo recurre al Derecho Internacional como si de la divina providencia se tratara, pero que en cualquier caso solo aplicaría –respecto al derecho de autodeterminación– para los ciudadanos de territorios colonizados o para los pueblos bajo persecución xenófoba o similar. La irresponsabilidad del relato independentista es mayúscula, la mentira en forma de posverdad rebosa en todo su discurso de manera compulsiva, sin contención.

La Generalitat ha practicado políticas tan regresivas o más que las del PP en toda España –la intensa privatización de la sanidad pública catalana es solo un ejemplo– y el PdeCat –o sus antecesores– ha sustentado en el Congreso leyes socialmente letales propuestas por el PP... y el comportamiento de los independentistas en el Parlamento catalán ha demostrado, además, su incapacidad para el dialogo, ignorando su propia legalidad y marginando a las fuerzas que representan a más de la mitad de los catalanes. El gobierno de la Generalitat, de acuerdo con indicadores internacionales, presenta los índices de peor calidad gubernativa entre todas las comunidades autónomas del Estado español y concentra –esto es increíble– el mayor número de casos de corrupción.

Podríamos recrearnos en críticas a los comportamientos del PP y dar todos los gritos de rigor que nos dejen satisfechos sobre las torpezas –la mayoría de ellas intencionadas– y sobre su obcecación en el modo indigente de tratar la cuestión catalana en estos últimos años e incluso agresiva y prepotente en los recientes meses... ¡dense por dados todo grito de rigor que nos satisfaga! Pero ahora estamos enfrentados a un golpe sedicioso contra la Constitución. Que el Gobierno y la justicia actúen de un modo que no nos gusta, ni quita ni pone legitimidad ni legalidad a las acciones y reacciones a las que asistimos… pero carga de razones a nacionalistas intransigentes de todos los colores. Un desastre.

Los gobiernos se cambian mediante elecciones y las constituciones mediante acuerdos entre las fuerzas políticas que posteriormente deben ser ratificados en referéndum. El cuerpo electoral no puede ser nunca otro diferente al que instituyó democráticamente la estructura jurídica del Estado. Y, además, una independencia unilateral de Cataluña afectaría a intereses que exceden al ámbito de Cataluña porque interferiría los derechos soberanos que residen en todos y cada uno de los ciudadanos del Estado español, es decir, en su conjunto... Mencionaré tan solo algunos ejemplos que no admiten discusión: aguas territoriales, fronteras internacionales, cuencas hidrológicas... en fin, si finalmente en Cataluña hay un referéndum el 1 de octubre para su independencia, yo, madrileño, ¡también quiero votar!

Ante el panorama al que asistimos, solo dos partidos políticos están manteniendo una posición seria y solvente: el PSOE y el PSC. En sus propuestas está el dialogo y la solución política. No en la carta de Puigdemont y Colau a Rajoy y al Rey. Esa carta no es más que distracción en clave victimista. Si realmente no fuera así, y su llamamiento al "diálogo sin condiciones" fuera sincero y no tramposo, lo primero que deberían hacer es cancelar el 1–O y dirigir su propuesta a la Presidenta del Congreso para su traslado a los portavoces de los partidos.

La posición del resto de la izquierda es confusa e incoherente... ¿referéndums no vinculantes? Esa propuesta es una ofensa a la inteligencia. Prefiero quedarme con las encuestas de opinión. Tampoco son vinculantes, nos informan sobre los estados de opinión y no enfrentan a unos ciudadanos contra otros ni desestabilizan la política ni la economía. El interés de los independentistas no es conocer la opinión de los ciudadanos catalanes ante una cuestión política –la independencia– sino llevarles a pronunciarse sobre algo que no les corresponde decidir en solitario para imponer, basándose en un resultado previamente construido sobre su relato paralelo y en el contexto de un ambiente opresivo, decisiones unilaterales e ilegítimas que conculcan la democracia en España y en Cataluña.

Lo que tenemos que hacer quienes consideramos necesaria y justa una distinta arquitectura del Estado español que resuelva políticamente –por la vía del diálogo, el acuerdo y el consenso– el encaje de Cataluña en el Estado –y también el de otras Comunidades Autónomas– es ganar las elecciones y cambiar la Constitución para que las naciones que abarca el Estado español encuentren acomodo en un Estado Federal cuya Constitución sea sometida a referéndum en todos los territorios del Estado... y si es aprobada por el conjunto de los ciudadanos… que el estatuto que a cada territorio corresponda sea refrendado, ¡entonces sí! por los ciudadanos a los que compete.

Pero me temo que la retroalimentación entre la derecha y los independentistas catalanes es uno de los factores que, precisamente, está dando larga vida al PP.
Muchos –a los independentistas– no se lo perdonaremos. No somos pocos, sino millones, los que ponemos en el mismo lugar a la derecha reaccionaria y a los nacionalistas que se niegan de manera excluyente a un proyecto de progreso común. Será porque somos republicanos, será porque hemos dedicado mucho tiempo de nuestra juventud a luchar contra el franquismo, será porque reivindicamos la Memoria, será porque en el 36 hubiéramos estado –si hubiéramos nacido– con la Constitución frente a la sedición, porque lo estuvimos en el 81, será porque somos demócratas. Nadie nos robará las palabras. No nos quedaremos mudos. El pacto para un referéndum en Cataluña solo lo pueden refrendar los ciudadanos a través de un pacto constitucional de las fuerzas políticas que debiera poner ya en marcha, sin más demora, el Congreso.

Así es que ni el Gobierno ni el Rey. La carta de Puigdemont y de Colau debería haber tenido otros destinatarios: los ciudadanos a través de los partidos políticos que les representan, los únicos que pueden pactar en sede parlamentaria, previa reforma de la Constitución, un referéndum respetuoso con el contenido y los procedimientos constitucionalmente establecidos.

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