¿Podemos democratizar la economía?
Sin duda, no es tarea fácil articular respuestas frente al ataque que las ciudadanas y ciudadanos estamos sufriendo en nuestros derechos y libertades como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. Unos derechos y libertades a los que nos referimos en un sentido amplio, es decir, hablamos tanto de derechos y libertades individuales como de derechos económicos y sociales.
Algunas de estas respuestas se han concretado en el nacimiento y desarrollo de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o las distintas mareas ciudadanas, que han realizado una labor importantísima de visibilización de aquellos puntos donde se desarrolla el conflicto: el derecho a una vivienda, la defensa de los servicios públicos, etc.
Por otro lado, en un clima en el cual se han revelado en toda su crudeza los obstáculos impuestos a la ciudadanía para acceder a espacios de participación políticos, muchas personas, colectivos y organizaciones han señalado con acierto al sistema de representación como uno de los “cooperantes necesarios” en la crisis actual. En este sentido, las respuestas pasan por conquistar esos espacios de participación, tanto a nivel estatal como, sobre todo, a nivel de la Unión Europea. Una construcción supranacional que, especialmente en materia de política económica, ha asumido importantes competencias que antes eran ejercidas por los Estados y que, en función de su arquitectura y las atribuciones correspondientes a sus distintos órganos (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia), puede adoptar decisiones sobre las cuales resulta difícil ejercer un adecuado control democrático.
Efectivamente, una de las frases más repetidas en las plazas, calles y manifestaciones es la de “lo llaman democracia y no lo es”, y esta denuncia implica un debate sobre cómo hacer posible esa democracia real, esa participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre cuestiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana. En ocasiones, ese debate se establece desde planteamientos que pasan por la regeneración de las instituciones, y otras veces desde posturas que defienden un ejercicio de democracia directa con las mínimas delegaciones posibles.
Reconociendo la importancia de que exista un marco institucional desde el cual se impulsen, incentiven y doten de recursos a determinado tipo de políticas de contenido social, desde estas líneas queríamos hoy defender la importancia de la acción cotidiana de la ciudadanía como agente de cambio y, más específicamente, destacar algunas iniciativas que están alcanzando un considerable grado de desarrollo en el marco de la economía social y solidaria.
Esta reflexión debe partir de nuestra posición como personas consumidoras y de la toma de conciencia del hecho de que, desde este lugar, podemos ejercer un determinado grado de influencia sobre el modo en que se organiza la sociedad en general y los distintos agentes económicos en particular a la hora de cubrir y satisfacer nuestras necesidades materiales, pero también de otra índole (acceso a la cultura, cuidados, etc.).
En este sentido, el objetivo debería ser que cada vez un mayor número de personas adopten una postura activa y una actitud crítica en sus hábitos de consumo, tratando de seleccionar y favorecer en la medida de lo posible a aquellos proveedores de bienes y servicios que ofrezcan transparencia en sus procesos e incorporen en ellos valores como el funcionamiento democrático, el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la equidad en las relaciones de género, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente o la contribución al desarrollo local y a unas relaciones justas con los productores.
Son cada vez más las personas que han decidido ejercer un consumo crítico y responsable y, con el propósito de reforzarse y compartir inquietudes y experiencias, se han organizado en grupos de consumo. Por otro lado, son cada vez más también las organizaciones, pequeñas y medianas empresas, personas físicas y productoras que están incorporando en su actividad valores como aquellos a los que hemos hecho referencia. En muchos casos, además, a través de estructuras que favorecen la implicación y el control democrático por parte de socios y socias, como es el caso de las cooperativas. Podríamos citar, en este sentido, los ejemplos de Fiare y Coop57 -cooperativas de servicios financieros- o el de Som Energía -dedicada a la producción y distribución de energías renovables- como proyectos que están experimentando un crecimiento importante y significativo de su base social.
Si bien son iniciativas que resultan más o menos conocidas entre personas con un perfil activista, es posible que para muchas otras que se muestran descontentas con el modelo actual resulte sorprendente descubrir hasta qué punto disponemos ya de alternativas en campos como banca y seguros, producción y suministro de energía, medios de comunicación, cultura, transporte y movilidad o alimentación. Algunas de estas iniciativas han sido recopiladas en el portal web mecambio.net.
No obstante, lo que desde este artículo nos gustaría destacar son las posibilidades transformadoras que se abren desde el momento en que productoras y proveedoras, por un lado, y consumidores, por el otro, se encuentran en un mismo espacio, generando una red de intercambio que a través de estas dinámicas no puede sino reforzarse y crecer. Estas redes se están articulando ya en forma de mercados sociales en muchos territorios y representan una alternativa real frente a un modelo económico en el que la búsqueda del beneficio y los procesos de acumulación se desarrollan sin atender a ningún tipo de consideración social o medioambiental.
En definitiva, nuestra propuesta va dirigida a incorporar estas prácticas como un terreno más donde desarrollar la oposición a las políticas que hoy se están aplicando por parte de los poderes públicos. Afirmaba Ada Colau recientemente en una entrevista concedida a Diagonal Asturies que “necesitamos una sociedad civil fuerte y organizada”. Hagamos, pues, también de la economía un espacio de empoderamiento en el cual seamos nosotros y nosotras quienes decidamos cómo queremos producir y consumir. Un espacio con una dimensión política, participativa y transformadora.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.
