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Los cálculos de Aguirre: más horas y menos salarios

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Trabaja más por el mismo sueldo y luego quítate una porción de salario porque tu jornada vuelve a ser lo que ya era antes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aplicado una aritmética a la hora de reducir el sueldo de los trabajadores públicos que deja --en seis meses-- a más de 10.000 personas (los ya famosos interinos) con al menos un 10% menos de ingresos a cambio de rebajar un cuarto de hora al día la jornada respecto a diciembre de 2011. El retoque de los presupuestos regionales prevé reducir en ese porcentaje su jornada laboral pero antes fue aumentada por ley un 7% a finales del año pasado. 

La poda del servicio público directo está en el núcleo de la ideología de Esperanza Aguirre. En especial la de los trabajadores públicos a los que ha trasladado el mayor esfuerzo para tratar de enmendar la duplicación del déficit que afloró en mayo en las cuentas regionales.

Pero además la jefa del Ejecutivo ha aplicado un cálculo reductor bastante lesivo para los trabajadores públicos más débiles: los interinos (ya sean funcionarios o personal laboral) a los que anunció el 7 de junio pasado que quitaría el 10% de su sueldo a cambio de trabajar un 10% menos. El problema es que tras los dos cambios esas 10.400 personas --de acuerdo con los datos del consejero de Economía, Percival Manglano, y si el borrador se transforma en ley-- ganarán un 10% menos pero sólo se ahorrarán un 3% de horas respecto a diciembre de 2011. Aguirre dijo el 7 de junio que lo hacía para no “echar a todos los interinos”, es decir, que su trabajo es de todo menos fijo, como argumenta habitualmente el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando socava las condiciones laborales del sector público al referirse a la “seguridad” de los puestos de los funcionarios. Argumento en el que mezcla a fijos con temporales o eventuales.

Las cuentas de Aguirre han seguido este camino. Por ley de 28 diciembre de 2011, los funcionarios y personal laboral pasaron a tener una jornada de 37,5 horas semanales (antes era de 35) con el mismo sueldo. La medida se hizo firme el 1 de marzo de 2012.

Luego llegó la duplicación del déficit regional y la necesidad, según contaba Aguirre, de sacar 1.035 millones extra este año. A todos los trabajadores que reciben la nómina de la Comunidad se les podará, de media, un 3,3% su retribución.

Pero a los eventuales “sin asistencia directa” se les restará además un 10% ya que se les reduce la jornada en esa proporción. Es decir, los aumentos de jornadas (de un 7%) no se traducen en más remuneración pero sí en la dirección contraria, a menos horas menos paga. No acaban ahí las cuentas.

Si se tiene en cuenta que el 10% de disminución de la jornada supone 3,75 horas menos a la semana, la cosa se queda en 33,75 horas o lo que es lo mismo 1,25 horas menos que cuando arrancaba el año: un 3,5% de aquella jornada. Más de 10.000 trabajadores públicos (sobre todo de categorías bajas como ordenanzas o auxiliares administrativos) trabajarán un 3,5% menos que lo establecido hasta diciembre y ganarán un 10% menos (aproximadamente).

La calculadora de Aguirre ha determinado, con trazo grueso, que se debe podar en 300 millones de euros los sueldos de los trabajadores públicos. El problema es que ese mandato de Hacienda ha parido un borrador de ley lleno de dudas que el Gobierno todavía, a dos semanas del anuncio, trata de explicar. Los sindicatos han sido convocados tres veces a reuniones “meramente informativas” donde las preguntas de los trabajadores a la consejera de la Presidencia, Regina Plañiol, tienen que aguardar las aclaraciones de Hacienda, cuentan los asistentes. Y con esas cuentas todavía cocinándose, Aguirre no se arredra a la hora de volver a colocar los ingresos de los 200.000 empleados de la Comunidad en su punto de mira: "Se estudiará", ha dicho.

El borrador de nuevos presupuestos deja en el aire cuestiones de cuajo como si a los interinos se les rebaja primero el 3,3% general y luego el 10%, o si se paralizan concursos públicos acordados como el de unas 3.500 plazas de profesiones sanitarias ahora mismo atendidas por, efectivamente, interinos. El plazo de enmiendas parlamentarias a la ley termina en la primera quincena de julio.

El único matiz que introdujo Esperanza Aguirre al hacer públicas sus intenciones fue el de los eventuales e interinos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales con “asistencia directa” a los ciudadanos. Luego, se ha ido dando cuenta de que con ese brochazo se escapan categorías y servicios a priori delicados. Un ejemplo: las psicólogas y trabajadoras sociales de los juzgados especializados en Violencia contra las Mujeres o las sedes judiciales más pequeñas en las que se hacen estas funciones junto al resto de materias. Un detalle que escapó a la insensible calculadora.

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