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El precio de la reforma fiscal

Ignacio Zubiri

Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco —

El presupuesto del Gobierno para el 2015 es una consecuencia de la reforma fiscal. El recorte del gasto lo pagan las prestaciones por desempleo (que bajan un 14% en la confianza de que no haya pérdidas de empleo y al precio de que los ya parados se queden sin prestaciones) y los intereses (que bajan un 3%). Los restantes gastos experimentan aumentos y disminuciones que se compensan entre sí. Aumentan gastos que estaban bajo mínimos, pero no hay ninguna recuperación de prestaciones como, por ejemplo, la dependencia. Los aumentos en educación (becas) o investigación son marginales. La austeridad de gasto es simplemente el precio por haber bajado los impuestos. Además se sobreestiman los ingresos de tal forma que es probable que a finales de año se tengan que hacer nuevos recortes o se incumpla el objetivo de déficit. Si las cosas van mal en el lado recaudatorio y del crecimiento, el recorte (o el incumplimiento) pueden ser sustanciales.

El gasto

El techo de gasto del Estado baja en casi 4.200 millones de euros. Como ya se ha señalado, esta reducción del gasto no hubiera sido necesaria si no se hubiera hecho un recorte fiscal que, según el gobierno, costará 9.000 millones en dos años. De esta forma, el recorte del gasto pone claramente de manifiesto las implicaciones de la reforma fiscal. Se quita a los más necesitados (reduciendo el gasto) para dárselo a los mejor situados (bajando los impuestos más a las empresas y los más ricos). Como Robin Hood, pero al revés.

Parte de la reducción del gasto la absorbe, en principio, el recorte del coste de la deuda. El ahorro previsto es de 900 millones. El resto proviene de recortes en el gasto en desempleo que el Gobierno espera se reduzca en más de 4.300 millones. Este recorte se basa en el supuesto de que no se destruirán empleos (algo razonable si la economía crece por encima del 1,5%) y que muchos parados actuales dejarán de cobrar las prestaciones de desempleo. Esta reducción se deberá, no obstante, no tanto a que los parados hayan encontrado trabajo (si se crece al 2% se puede crear algo de empleo, pero está por ver que tras la ralentización en la zona euro se vaya a crecer a esa tasa) como a que se acabará el derecho de muchos a cobrar unas prestaciones que se recortaron no hace mucho. El ahorro será, por tanto, a expensas del bienestar de los parados. No porque encuentren trabajo.

El gobierno dice que las pensiones suben un 0,25%. En realidad en términos reales bajan porque como la inflación prevista es el 0,6%, pierden una capacidad adquisitiva de más del 3%. Además, la hucha de la Seguridad Social seguirá adelgazando y adelantado el gran recorte de pensiones que se avecina cuando la hucha se acabe y se aplique de forma estricta el factor de sostenibilidad. Si no se hace nada, en el largo plazo este recorte llegará hasta el 40%. Las limitaciones del presupuesto se acentúan porque no relanza la Ley de Dependencia ni dota suficientemente la educación (becas) o la investigación.

Cabe recordar que España es un país que el ranking de gasto ocupa el lugar 16 (de 28) en la UE, casi cinco puntos del PIB por debajo del promedio y a considerable distancia de países como Francia, Austria, Italia, Dinamarca o Grecia, que superan el 50% del PIB. Es decir que España está recortando un gasto que según los estándares de la UE es bajo. Y lo hace para poder bajar los impuestos.

Los ingresos

Desde un punto de vita general, el primer problema del presupuesto es que las estimaciones de ingresos son de un optimismo notable. El Gobierno considera que el PIB nominal va a crecer un 2,6% y el presupuesto considera que, sin embargo, la recaudación va a crecer un 8,7% sobre lo recaudado en el 2014. Y eso, a pesar de que se ha realizado una rebaja sustancial en Sociedades e IRPF. En el IVA se prevé un aumento del 7,2% y en Sociedades, a pesar de la rebaja, un crecimiento del 20,4%. Incluso en el IRPF (donde se ha producido una rebaja sustancial) se estima un mínimo recorte recaudatorio del 0,6%. Si esto es cierto, ¿cuánto se habría recaudado si no se hubieran bajado los impuestos? ¿Un 15% más?

Las previsiones de ingresos serían exageradas incluso si el cuadro macroeconómico previsto en los presupuestos fuera cierto. Pero es que además, es dudoso que lo sea. Ante la ralentización de la demanda externa, el Gobierno supone que la demanda interna crecerá con fuerza para garantizar un crecimiento real del PIB del 2%. Con moderación salarial y, en el mejor de los casos, crecimiento del empleo limitado no está claro cómo se va relanzar el consumo privado. En todo caso el Banco de España ya ha alertado de que la demanda interna se está debilitando en el tercer trimestre del 2014. Y las estimaciones más recientes de la OCDE (septiembre de este año) sitúan el crecimiento de España en el 1,6%. Un 20% por debajo de la estimación utilizada en los presupuestos.

En todo caso, es claro que el Gobierno fía el lado del ingreso a un crecimiento de la recaudación que, si no es imposible, es muy improbable. Mientras se la juega a esta carta improbable, los recortes de gasto parecen moderados y se pueden preparar las elecciones del 2015 mejor que con un presupuesto más restrictivo. Eso sí, a final de año quizá haya que hacer recortes mayores.

Esta sobreestimación de ingresos afecta también a la las comunidades autónomas. Como los anticipos que reciben dependen de lo presupuestado, recibirán más de lo que deberían. En el corto plazo esto les resuelve un problema y les permite cumplir el objetivo de déficit con menos recortes en Sanidad o Educación. Esto les puede crear problemas en el medio plazo, cuando tengan que devolver el exceso. Pero para cuando esto pase las lecciones ya habrán pasado.

A modo de conclusión

El presupuesto aprobado es engañoso porque se basa en una sobreestimación de los ingresos y, probablemente, de las estimaciones de crecimiento y empleo en las que se basa. Esto sugiere que o bien no cumplirá en objetivo de déficit o que habrá que hacer recortes posteriores. El gasto se reduce esencialmente porque la reforma fiscal redujo los ingresos. El recorte se quiere financiar con ahorros de deuda y, fundamentalmente, reducciones de prestaciones a los parados. La austeridad del gasto impide recuperar parte de las prestaciones perdidas en materias como dependencia, educación o investigación. También conlleva reducciones en el valor real de las pensiones que avisan del futuro que viene cuando se agote el fondo de reserva. En suma es un presupuesto poco realista (especialmente en el lado del ingreso) y de escaso contenido social.

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