Torrent alega que permitió reprobar a la monarquía para no censurar el debate del Parlament

Declaración ante la jueza previa a la mesa de diálogo. Así ha empezado el miércoles para el conseller de Empresa, Roger Torrent. El expresidente del Parlament, imputado por permitir una votación para reprobar a la monarquía en contra de lo advertido por el Constitucional, ha alegado que autorizó la votación para no coartar el “libre debate” de la Cámara.

Torrent ha comparecido como investigado por desobediencia ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret. Ha sido una declaración breve en la que solo ha respondido a las preguntas de su letrado, Andreu Van den Eynde. Misma estrategia ha seguido la exsecretaria de la Mesa, la republicana Adriana Delgado, defendida por Olga Arderiu. Por la tarde ha declarado el exsecretario Eusebi Campdepadrós (Junts), pero no el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (Junts), que ha plantado a la jueza.

El caso de Torrent se asemeja a las primeras causas del procés que afectaron a su antecesora, Carme Forcadell. Se investiga tan solo un delito de desobediencia, castigado con pena de inhabilitación pero no de cárcel, por permitir debates parlamentarios pese a los avisos del Tribunal Constitucional.

El conflicto está entre el derecho a poder debatir de todos los asuntos y a la inviolabilidad parlamentaria (no ser perseguido penalmente por las opiniones y votos expresados en un parlamento) alegado por los diputados y la preponderancia de las advertencias del Constitucional que defiende la Fiscalía.

Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

Según han explicado fuentes jurídicas, Torrent y Delgado han asegurado ante la jueza que los advertimientos de los letrados del Parlament no eran tan “claros” como pretende la Fiscalía, y que su análisis de la resolución del Constitucional no implicaba necesariamente la paralización de los debates parlamentarios. Es más, su interpretación era que la resolución del Constitucional podría considerarse “desproporcionada”.

Más allá del debate entre los letrados (que previsiblemente comparecerán como testigos las próximas semanas), Torrent y Delgado han reivindicado el “derecho a hablar de todo” en la Cámara y han lamentado que su causa judicial puede suponer un “efecto desaliento” sobre el debate parlamentario.

Costa no acude al TSJC

 El exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa (Junts) no ha acudido a declarar porque, según ha explicado el propio exparlamentario en un vídeo en Twitter, no “reconoce” su “autoridad” para “juzgar los acuerdos y debates” de la cámara.

“No reconozco la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes”, ha señalado Costa, que ha dicho que su objetivo es “librar esta batalla en Europa” para “derrotarlos”.