La Audiencia resuelve el caso Kokorev: condena al matrimonio ruso a 35 millones de euros, pero evita volver a la cárcel
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado la sentencia del caso Kokorev, una trama de blanqueo de capitales con ramificaciones internacionales. El matrimonio ruso (Vladimir y Julia Kokorev) ha sido condenado a 35 millones de euros en conjunto y evitará volver a la cárcel.
El fallo llega tras una vista que se celebró el pasado 19 de mayo en la que se aceptó por parte de las defensas el acuerdo planteado por la Fiscalía Anticorrupción, que incluía una modificación del relato de los hechos, al quedar invalidada una parte importante de las diligencias practicadas durante la instrucción (la referida al presunto lavado de dinero procedente del tráfico ilegal de armas con el Gobierno de Guinea Ecuatorial) y, por lo tanto, de las penas.
La sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas obliga al matrimonio ruso a devolver numerosos inmuebles por el blanqueo de capitales, un patrimonio inmobiliario de más de 28 millones de euros. Se trata de 13 propiedades adquiridas tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Madrid.
Los 35 millones de euros de la multa que ha de pagar el matrimonio saldrán de las cuentas que ya tenían embargadas en Suiza.
La pena incluye en el caso de Vladimir Kokorev, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el desempeño de labores de intermediación, consignación marítima, empresario en el sector marítimo y empresario en el sector inmobiliario y de servicios de intermediación y corretaje por un tiempo de tres años.
El fallo considera probado Vladimir Kokorev generó unos beneficios millonarios de, al menos, 58 millones de euros en el período de tiempo comprendido entre los años 1999 hasta 2012, no declarados a la Hacienda Pública española. “Esta millonaria ganancia tiene origen en la negociación, confección y ejecución del comercio de compraventa de buques de carga y de pasajeros y de otros bienes, vendidos a la República de Guinea Ecuatorial. Esta actividad comercial (jamás declarada y siempre ocultada a la Hacienda Pública española) fue realizada a través de las empresas panameñas Kalunga Company S.A. e International Shipping Advisors S.A”.
Kokorev tiene el absoluto control y poder de decisión de las empresas Kalunga Company S.A. e International Shipping Advisors S.A. en la contratación con el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y quien negociaba dichos contratos con los funcionarios y dignatarios de dicho país.
La sentencia aclara que en enero de 2007, aprovechando la experiencia y relaciones empresariales que había conseguido entablar y reforzar en el tiempo con Guinea Ecuatorial, Vladimir suscribió un contrato de prestación de servicios pasando a prestar servicios de asistencia técnica y comercial en los proyectos de construcción de buques y astilleros navales y otros bienes y servicios encargados por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y por empresas privadas en dicho país.
Kokorev ocultó los ingresos millonarios procedentes de su actividad comercial en la República de Guinea Ecuatorial no declarados a la Hacienda Pública española, blanqueando las correspondientes cuotas defraudadas a través de varias operaciones jurídico-financieras. Además, los acusados ejecutaron una pluralidad de acciones bajo una misma misión y estructura comisiva pergeñada para lograr el objetivo de eliminar el rastro de los beneficios derivados de la contratación.
En este sentido, “ejecutaron en la cadena de entes societarios numerosos actos de camuflaje jurídico para disfrazar y tratar de encubrir, bajo la apariencia, muchas veces, de negocios lícitos, el origen delictivo primario (saldos bancarios generados por la cuota tributaria defraudada), así como la propia finalidad de retorno de parte de los flujos millonarios hasta su definitiva conversión en patrimonio inmobiliario”.
Los acusados adquirieron, entre los años 1999 a 2012, un importante patrimonio inmobiliario.En el año 2012 el matrimonio ruso fija su domicilio fiscal en la República de Panamá.
Antecedentes
El origen de la investigación del caso Kokorev se sitúa en Estados Unidos. Un informe elaborado en el año 2004 en el marco de una comisión de investigación en el Senado desveló información sobre las cuentas que el presidente de Guinea Ecuatorial, el dictador Teodoro Obiang, tenía abiertas en el banco Riggs de Washington.
El rastro de varias transferencias de una de esas cuentas, la del petróleo, por un importe global de 26,4 millones, llevó a Las Palmas de Gran Canaria. Y, más en concreto, a la sucursal del Banco Santander en la calle Franchy Roca, donde estaba la cuenta de la empresa Kalunga, propiedad de un matrimonio de origen ruso que había fijado su residencia en la isla: los Kokorev. Él, Vladmir, era un exprofesor de historia y extraductor del Partido Comunista. Ella, Julia, ejerció como intérprete y periodista.
A raíz del hallazgo en la sucomisión del Senado de EEUU, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España inició una investigación. Años después, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentó una querella ante la Audiencia Nacional, dando origen a un procedimiento que finalmente recayó en Las Palmas de Gran Canaria por ser en esta ciudad donde se cometieron los actos delictivos.
El matrimonio Kokorev (Vladimir y Julia) y su hijo Igor fueron detenidos en Panamá en 2015. Después de un mes en la cárcel de La Joya, fueron trasladados a Gran Canaria. Vladimir permaneció en prisión preventiva hasta enero de 2018. Es decir, casi dos años y cuatro meses. El cabecilla de la trama, representado en esta causa por el conocido penalista José Antonio Choclán, siempre defendió su inocencia hasta la conformidad de este 19 de mayo. Su letrado era partidario de que el caso se juzgara en la Audiencia Nacional, al igual que la representación letrada de Julia, ejercida por Antonio José García Cabrera, pero finalmente la Audiencia Provincial dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y resolvió que el juicio debía celebrarse en la capital grancanaria.
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