Acuerdo en el caso Kokorev: el matrimonio ruso pagará 35 millones de euros y no volverá a pisar la cárcel

Una vista de apenas 16 minutos ha puesto el punto final a una investigación judicial de 16 años en Canarias. El denominado caso Kokorev, una trama de blanqueo de capitales con ramificaciones internacionales, se ha resuelto este lunes con la aceptación por parte de las defensas del acuerdo planteado por la Fiscalía Anticorrupción, que incluye una modificación del relato de los hechos, al quedar invalidada una parte importante de las diligencias practicadas durante la instrucción (la referida al presunto lavado de dinero procedente del tráfico ilegal de armas con el Gobierno de Guinea Ecuatorial) y, por lo tanto, de las penas.

De esta manera, el matrimonio Kokorev no volverá a pisar la cárcel. Para Vladimir, el Ministerio Público pedía en 2021 ocho años de prisión. Para Julia, seis. En la vista de conformidad celebrada este lunes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el fiscal Javier Ródenas ha reducido las penas hasta los dos años, diez meses y tres días para él y hasta el año, once meses y dos días para ella. Es decir, el tiempo que ambos pasaron en prisión preventiva.

Vladimir Kokorev, que ha comparecido por videollamada y desde una cama debido a sus problemas de salud, será condenado a una multa de 20 millones de euros (en el escrito inicial de acusación se pedía 240 millones) y Julia Maleeva, a una de 15 millones (frente a los 150 iniciales). Igor, hijo de ambos, ha sido absuelto al haberse retirado todos los cargos contra él.

También han aceptado la modificación el abogado y asesor fiscal grancanario Juan Arencibia, que será condenado a un año de cárcel y medio millón de euros de multa (de los cinco años y medio y 100 millones iniciales), y sus hermanas María Luisa y Margarita, a quienes se les impondrá una pena de seis meses de prisión y 10.000 euros de multa a cada una.

La sentencia de conformidad también contemplará el decomiso de las propiedades que el entramado adquirió con los fondos obtenidos a través de las actuaciones delictivas reconocidas.

Un auto anulado

La clave de esta modificación de hechos y penas radica en un auto dictado por la misma Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en julio de 2020. Esa resolución judicial anuló otro auto por el que, meses antes, la jueza instructora había ordenado ampliar la extradición de los acusados desde Panamá con respecto a un delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico de armas con el Gobierno de Guinea Ecuatorial.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado ese trámite, necesario para ampliar la investigación, en enero de 2019. Sin embargo, la magistrada no dictó el auto hasta marzo de 2020. La Audiencia de Las Palmas anuló, por extemporáneo, ese auto de ampliación y, por tanto, todas las diligencias practicadas con posterioridad para tratar de esclarecer si la trama lavó dinero procedente del tráfico ilegal de armas con el Gobierno del dictador Teodoro Obiang.

En su escrito inicial, la Fiscalía Anticorrupción cifraba en 109 millones de euros las ganancias obtenidas a través del blanqueo de capitales, de las que habría transformado casi 70 en patrimonio inmobiliario. Y dividía las actuaciones en dos fases. En una primera, la trama habría introducido hastas 2012 en el circuito legal unos 57 millones de euros utilizando como mecanismo la venta de acciones de una de las sociedades del grupo y supuestos contratos de consultoría y asistencia técnica entre sociedades de la red. Con posterioridad, habría realizado otras operaciones en las que habría obtenido unos 53 millones con origen en el tráfico ilegal de armas y material militar de doble uso con el Gobierno de Obiang.

En la vista de conformidad celebrada este lunes, los acusados han aceptado los hechos de esa primera fase, el blanqueo de 57 millones de euros. El resto no se ha podido juzgar porque el auto de ampliación de la investigación fue anulado, de manera que la multa de 35 millones de euros y el decomiso de las propiedades se refieren única y exclusivamente al blanqueo de esos 57 millones y no de los 109 cifrados en un principio. Esa es la razón, también, por la que se le han retirado los cargos a Igor Kokorev, ya que no tuvo ninguna participación en la primera fase.

A todo ello hay que añadirle el atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo que la causa estuvo paralizada. En total, seis años. Tres al principio (de 2009 a 2012), a la espera de un informe de la Unidad de Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, y otros tres desde la fecha de apertura de juicio oral hasta la celebración de la vista de conformidad de este lunes

Antecedentes

El origen de la investigación del caso Kokorev se sitúa en Estados Unidos. Un informe elaborado en el año 2004 en el marco de una comisión de investigación en el Senado desveló información sobre las cuentas que el presidente de Guinea Ecuatorial, el dictador Teodoro Obiang, tenía abiertas en el banco Riggs de Washington.

El rastro de varias transferencias de una de esas cuentas, la del petróleo, por un importe global de 26,4 millones, llevó a Las Palmas de Gran Canaria. Y, más en concreto, a la sucursal del Banco Santander en la calle Franchy Roca, donde estaba la cuenta de la empresa Kalunga, propiedad de un matrimonio de origen ruso que había fijado su residencia en la isla: los Kokorev. Él, Vladmir, era un exprofesor de historia y extraductor del Partido Comunista. Ella, Julia, ejerció como intérprete y periodista.

A raíz del hallazgo en la sucomisión del Senado de EEUU, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España inició una investigación. Años después, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentó una querella ante la Audiencia Nacional, dando origen a un procedimiento que finalmente recayó en Las Palmas de Gran Canaria por ser en esta ciudad donde se cometieron los actos delictivos.

Las diligencias se abrieron en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital grancanaria, con la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano al frente. El fiscal Anticorrupción Luis del Río, fallecido el pasado mes de enero, comenzó una investigación que prosiguió Javier Ródenas, el encargado de formular el escrito de acusación en 2021.

La acusación pública (la única que ha quedado en esta causa después de que la popular, ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, se retirara por cuestiones económicas) describía en su escrito de calificación el modo de operar de la trama, con Vladimir Kokorev como cabecilla y con el abogado Juan Arencibia como el artífice del complejo entramado de empresas radicadas en paraísos fiscales para el blanqueo de capitales.

El matrimonio Kokorev (Vladimir y Julia) y su hijo Igor fueron detenidos en Panamá en 2015. Después de un mes en la cárcel de La Joya, fueron trasladados a Gran Canaria. Vladimir permaneció en prisión preventiva hasta enero de 2018. Es decir, casi dos años y cuatro meses. El cabecilla de la trama, representado en esta causa por el conocido penalista José Antonio Choclán, siempre defendió su inocencia hasta la conformidad de este lunes. Su letrado era partidario de que el caso se juzgara en la Audiencia Nacional, al igual que la representación letrada de Julia, ejercida por Antonio José García Cabrera, pero finalmente la Audiencia Provincial dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y resolvió que el juicio debía celebrarse en la capital grancanaria.

El acuerdo alcanzado entre el fiscal Anticorrupción y las defensas ha evitado la celebración del juicio que estaba señalado en 27 sesiones que debían celebrarse desde octubre a diciembre de este año. En la Audiencia Nacional se investiga aún a Vladimir Kokorev por el presunto tráfico ilegal de armas.