Los padres de Sandra piden al fiscal una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio por su “inacción” ante el acoso

Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó el pasado octubre tras sufrir acoso escolar, han pedido una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio en el que estudiaba –el Irlandesas de Loreto– en la comparecencia de este miércoles ante la Fiscalía de Menores de Sevilla, a la que han acudido en calidad de testigos perjudicados.

Así lo ha expresado el tío de Sandra y portavoz de la familia, Isaac Villar, en declaraciones a los medios, minutos antes de que tuviera lugar la declaración por separado de los progenitores de la menor. “Vienen nerviosos, evidentemente, pero con la tranquilidad de que contarán la verdad, y también con malestar por tener que volver a revivirlo todo”, ha expresado después de que los padres de Sandra entraran en la sede de la Fiscalía.

Los padres de Sandra estaban citados a las 9:30. Tres horas después, alrededor de las 12:30, han llegado el director de las Irlandesas de Loreto, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de la joven. En ese momento los progenitores seguían dentro del edificio de la Fiscalía de Menores en Sevilla, ya que la comparecencia de la madre –quien ha sido la primera en declarar– se habría alargado hasta esa hora, según ha podido saber este periódico.

Máxima sanción para el colegio

“La familia se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería [de Desarrollo Educativo], y muy especialmente por el Defensor del Pueblo”, ha explicado el portavoz de la familia a las puertas de la Fiscalía. “Confiamos plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa”, ha añadido Villar.

En opinión de la familia, “no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida”, como ha subrayado el tío de Sandra, en alusión al hecho de que el colegio no activase el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas que le exigía la normativa, como comprobó la Junta de Andalucía (de ahí que derivara el caso a la Fiscalía).

El centro privado concertado en el que estudiaba Sandra se expone ahora a perder el concierto educativo, si el expediente administrativo concluye que ha existido un incumplimiento “muy grave” del mismo. A juicio del portavoz de la familia, la única forma de que no se vuelvan a repetir estos casos es que esa sanción sea “contundente y ejemplarizante” para que a ningún centro escolar “se le pase de nuevo por la cabeza no atender a una familia cuando le presentan una situación de acoso en el colegio”.

Investigación en curso

La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que, según sus padres, sufrió la joven de 14 años en el centro en el que cursaba sus estudios.

Al respecto, el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos; mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.