Movilización este domingo para reclamar al Gobierno de Page que garantice el aborto en la sanidad pública

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha saldrá a la calle el próximo 27 de septiembre para “recordar algo que debería ser evidente”: que el aborto “es un derecho y la sanidad pública debe garantizarlo”.

Convocada por organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, la cita será en la Plaza de España de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el próximo domingo a las 12:30 horas, coincidiendo con el Día Internacional del Aborto Seguro, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre.

Las entidades convocantes denuncian que “las mujeres de Castilla-La Mancha siguen encontrándose con una realidad difícil de entender: cuando necesitan interrumpir un embarazo, tienen que salir de la red sanitaria pública y ser derivadas a centros privados”.

Una situación que, en su opinión, “no solo supone” externalizar una prestación sanitaria que “debería estar garantizada en la pública”, sino que también introduce “desigualdades en el acceso a un derecho”.

“No todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades para desplazarse, asumir los gastos que pueda implicar, pedir permisos en el trabajo o contar con alguien que las acompañe. El lugar en el que viven, especialmente si residen en una zona rural, su situación económica o sus circunstancias personales no pueden determinar las condiciones en las que van a poder ejercer su derecho a abortar. Las dificultades que genera este modelo afectan especialmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y pueden hacer que un derecho reconocido legalmente resulte mucho más difícil -o incluso imposible- de ejercer en condiciones de igualdad”, afirman las entidades convocantes en un comunicado.

La Plataforma considera “insuficiente” el anuncio de la creación de un único recurso hospitalario y reclama “una red pública integrada en el SESCAM y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias”.

También proporciona datos que, asegura, “evidencian la dimensión del problema”. En 2024, el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas. Además, alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha durante los últimos 15 años han tenido que desplazarse fuera de la región para poder ejercer su derecho.

“Falta poder abortar con normalidad”

Para Movimiento Sumar, esta situación evidencia la necesidad de avanzar hacia una red pública para la interrupción voluntaria del embarazo con profesionales y recursos suficientes, que permita garantizar el acceso a la prestación con independencia del lugar de residencia o de las circunstancias económicas y personales de cada mujer.

Desde Izquierda Unida Toledo y la Unión Popular de Estudiantes de Toledo también se han sumado a estas reivindicaciones afirmando que “el derecho al aborto existe. Lo que sigue faltando en Castilla-La Mancha es poder ejercerlo con normalidad en la sanidad pública”.

Ambas organizaciones recuerdan que la región dispone desde 2025 de un registro de profesionales sanitarios objetores matizando que la objeción es un derecho individual y no puede convertirse, de hecho, en la objeción de hospitales, servicios completos o de toda una comunidad autónoma.

“Durante años se ha utilizado la objeción como explicación. El registro ya existe. Ahora corresponde a la Junta organizar sus plantillas, formar profesionales y garantizar el servicio. La objeción de algunos no puede convertirse en la pérdida de derechos de todas”, sentencian.