Sector textil: la auditoría social como pantalla

Una pantalla al público y no una solución definitiva. Esto es lo que son las auditorías sociales, según el último informe La hoja de parra de la moda: cómo la auditoría social protege a las marcas y falla a los trabajadores, de la campaña internacional Ropa Limpia.

La organización hace un análisis exhaustivo de la industria de las auditorías controladas por las grandes corporaciones, poniendo de manifiesto los vínculos entre las iniciativas de cumplimiento social más proclives a las empresas, como Social Accountability International, Wrap, Fla y Amfori BSCI, y las firmas de auditoría controladas por las grandes corporaciones, incluida Bureau Veritas, TÜV Rheinland, UL, Rina y Elevate, así como los intereses de las marcas a las que sirven. Y la conclusión es: “La evidencia presentada a lo largo del informe muestra claramente cómo la industria de auditoría social ha fallado espectacularmente en su misión de proteger la seguridad de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo. En cambio, ha protegido la imagen y la reputación de las marcas y sus modelos de negocio, al tiempo que se interpone en el camino de modelos más efectivos que incluyen transparencia obligatoria y compromisos vinculantes”.

Clean Clothes Campaign es una red global dedicada a velar por las condiciones de trabajo y empoderar a las personas trabajadoras en las industrias mundiales de prendas de vestir y ropa deportiva. Y ha sido protagonista en las protestas por la desprotección de quienes trabajan en la industria en cualquier lugar del planeta.

El mundo conoció a través de los periódicos la tragedia del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh en abril de 2013, en el que murieron 1.134 trabajadores y miles más quedaron heridos y traumatizados. Como explica el informe, las empresas auditoras -entonces TÜV Rheinland, Bureau Veritas y RINA, entre otras-, habían considerado que estas instalaciones eran seguras unas semanas antes del desastre.

Aquel evento mediático marcaría un antes y un después, en Bangladesh. Pero no en todos los casos, y desde luego no fuera de Bangladesh. Según relata el informe, en 2017 una caldera explotó en la fábrica de Multifabs en Bangladesh. TÜV Rheinland y Amfori BSCI habían hecho una auditoría en la que no daban cuenta de una amplia gama de defectos de seguridad.

En Vietnam, en 2016, después de dos huelgas de trabajadores en protesta por las condiciones abusivas de trabajo en la fábrica de Hansae, Clean Clothes descubrió faltas en una gama de derechos laborales: violaciones, robo de salarios, temperaturas excesivas en la fábrica, acoso verbal y abuso de trabajadores, negación del derecho legal a la baja por enfermedad, horas extras forzadas y el despido de trabajadoras embarazadas. Sobre 25 auditorías de 2015 realizadas por empresas (incluidas SGS, Elevate, Bureau Veritas y UL), ninguna había detectado ni abordado estos temas, corroborados un año después por The Worker Rights Consortium (WRC).

En Malasia, en 2017, en las 40 fábricas del fabricante de guantes de goma Top Glove se abusó, según el informe, de derechos laborales y humanos: trabajo forzado, servidumbre por deudas, horas extras excesivas, tarifas de contratación exorbitantes y la sistemática confiscación de pasaportes de migrantes trabajadores. No obstante, la fábrica fue auditada y certificada por empresas y programas que incluyen UL, Bureau Veritas, SGS, SA8000 y Amfori BSCI.

“Las empresas de auditoría e iniciativas de cumplimiento social no han sufrido a largo plazo efectos de estas fallas y continúan obteniendo rentas multimillonarias”, concluye el informe. “Estos desastres previsibles y evitables ejemplifican fallas sistémicas de la auditoría social controlada por la empresa; una industria que, en palabras de un auditor, va 'hasta donde las marcas quieren que vayamos'. Esta industria está operando con impunidad. Ha habido pocas repercusiones negativas para las compañías de auditoría y las iniciativas de cumplimiento social involucradas en estos desastres mortales. De hecho, estas iniciativas continúan creciendo con los ingresos y las ganancias de los actores clave de la industria, junto con el creciente número de fábricas auditadas. La industria ha podido mantener estas fallas fuera del radar debido a su notoria falta de transparencia y las opacas cadenas de responsabilidad que impiden compartir cualquier resultado con el mundo exterior, incluidos los trabajadores cuyos derechos, vidas y salud están en juego”.

Alternativas Económicas intentó comunicarse con cada una de las empresas auditoras que aparecen en este artículo. Solo hubo respuesta por parte de Amfori BSCI, que es una respuesta general a cualquier crítica, pero que apunta especialmente, nombrándolo, el informe de Clean Clothes sobre las auditorías. Responde que la empresa revisa regularmente su sistema y que están “en diálogo directo y permanente con nuestros stakeholders y miembros: esto incluye organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, sindicatos y gobiernos. Esta colaboración nos da la posibilidad de acertar críticamente en la eficiencia de nuestro sistema, lo que nos permite ajustarlo y adaptarlo según las necesidades. De la misma manera, estamos siempre abiertos a contribuciones de organizaciones que den un feedback a nuestros sistemas, para mejorarlos (...). A través de ese diálogo extenso con los stakeholders, encontramos una variedad de recomendaciones para mejoras. Aunque algunas de esas recomendaciones ya forman parte integral de nuestro sistema, otras están en proceso de ser integradas o necesitan ser exploradas en profundidad y llevadas a cabo en términos de factibilidad”.  

“Desde hace años se vienen suscribiendo acuerdos para que las empresas se adquieran a un compromiso de transparencia de sus proveedores en toda la cadena de suministro. Y, además, que adquieran un compromiso sobre los derechos laborales de las personas que trabajan con estos proveedores”, explica Denisse Dahuabe Rabie, de la campaña Ropa Limpia en España, liderada por Setem. “Hay algunas empresas que han hecho estos compromisos y cada vez tenemos más firmantes. Pero a día de hoy no hemos podido tener claridad. Una cosa es el compromiso y otra que lo cumplan, respetando los derechos. En el último informe de transparencia hay 34 empresas más de las 70 que había antes, pero ninguna puede demostrar claramente que hay códigos éticos en todos sus proveedores, ni nos dan las direcciones de todos sus proveedores. Eso ya lo dice todo. Si no podemos ir a verlo, tenemos un problema”.

Los sindicatos, escépticos.

Los sindicatos no están de acuerdo con que se lleven a cabo auditorías sociales. En cambio, piden que se permita y promueva la unión sindical, que sea válido, y que no sea una empresa la que pueda decir qué es útil y qué no lo es.

“Desde mi punto de vista, una auditoría no es suficiente”, dice Víctor Garrido Sotomayor, de la Secretaría de Acción Sindical Internacional de CC OO de Industria. “Necesitamos una legislación eficaz. Hay países donde no hay libertad sindical, donde no podemos incidir los sindicatos internacionales ni locales. Falta legislación a nivel europeo y de país. Habrá empresas que hagan un trabajo exhaustivo, pero es siempre limitado, porque hay miles de empresas. Algunas contratan auditores con una serie de parámetros. Y, en función de la empresa, una u otra auditoría. Otras hacen auditoría interna. Algunas empresas obligan a los proveedores a que les auditen. Les dicen 'yo te compro si tú me demuestras que respetas los derechos humanos. Y subcontratan a cualquiera'. He visto muchísimas auditorías sociales y he ido a las fábricas y son muy flojas”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]