Uno de los pilares del Acuerdo es el referido a las víctimas del conflicto en el que se detalla cómo se garantizará el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación mediante un sistema de justicia transicional. En el acuerdo se reconoce como víctimas a quienes han sufrido desplazamiento forzado, a víctimas de homicidio, desaparición y a sus familias y, como menos visibles, a las víctimas de violencia sexual, entre otras.
En los informes “Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia” e “Invisibles ante la justicia”, Amnistía Internacional daba voz a sobrevivientes de violencia sexual en Colombia y evidenciaba que las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas que han sufrido esta violencia durante el largo conflicto armado.
En el escenario de las negociaciones de paz y con la expectativa de saber cómo se decidirá finalmente el sistema de justicia, cabe preguntarse si aquellas mujeres a las que dimos voz, como Angélica, cautiva más de 10 años como esclava doméstica y sexual de un hombre, que se cree, pertenecía o colaboraba con las FARC; o si la familia Galárraga a la que los paramilitares secuestraron cuatro hermanas y posteriormente aparecieron sus cuerpos sin vida; o si Clara o Lisbeth que sufrieron una agresión sexual a manos de un grupo de soldados; o Shirley y Andrea violadas por grupos de paramilitares; o Raquel violada por tres guerrilleros de las FARC; o Dora violada por un agente de la policía; o Leidy secuestrada, drogada y violada por miembros de un grupo paramilitar, podrán por fin tener acceso a la justicia y a reparación.
La violación y otras formas de violencia sexual han sido uno de los rasgos característicos del conflicto y las han perpetrado todas las partes enfrentadas –fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrillas. La Corte Constitucional de Colombia definió la violencia sexual como “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”. Al igual que en otros ámbitos del conflicto, los niveles de impunidad por los delitos sexuales son alarmante y muy pocos de sus responsables han sido identificados, no digamos ya procesados.
Si bien es cierto que en los acuerdos de paz se establece que la violencia sexual no será objeto de amnistía ni de indulto ni de beneficios, y se define la existencia de un Tribunal para la paz que entre otras novedades contará con equipo de investigación especial para casos de violencia sexual dentro de la Unidad de Acusación e Investigación, no es posible obviar que la práctica habitual del sistema de justicia colombiano en relación a este tipo de delitos ha estado cargada de estigma, discriminación y de pocas mejoras que puedan garantizar que la violencia sexual siga estando tan extendida y siga sin ser castigada.
Cuando conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, debemos tener en mente que Colombia arrastra una deuda pendiente con Angélica, Clara, Lisbeth, Shirley, Andrea, Raquel, Leidy y con miles de mujeres y niñas que han sido víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual y mujeres que siguen siendo objeto de este y otros tipos de violencia de forma generalizada y sistemática.
Agresiones como la que muestra el hecho de que por primera vez en la historia del Sistema de información contra agresiones a defensores de DDHH en Colombia – SIADDHH, en el tercer trimestre del año las mujeres superaron a los hombres en los registros de agresión en un 30%. También es impactante el dato que revela en su último informe el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en relación a que en Colombia cada día son violadas por lo menos 21 niñas con edades entre los 10 y los 14 años, son una muestra más de que las mujeres y las niñas son escogidas como víctimas por razones de género y como represalia por su labor como defensoras de derechos humanos o como líderes comunitarias y sociales.
Todas las sobrevivientes y víctimas de violencia tienen derecho a la verdad, la justicia y a una reparación completa (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y es necesario volver a recordar que el Estado colombiano tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de adoptar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia sexual, facilitar servicios a las sobrevivientes e investigar a los autores y hacer que comparezcan ante la justicia, y el gobierno tiene la obligación de mostrar suficiente voluntad política para abordar las numerosas causas de impunidad porque entre otras razones, no puede haber una paz duradera sin justicia.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
