El Gobierno de Moreno pedirá a los jueces que anulen la licencia de El Algarrobico pese a que lo descartó el año pasado
La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.
La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.
La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.
En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.
La solución, “anular la licencia”
Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.
Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.
La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.
Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.
La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.
La “traición” del PSOE
La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.
También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.
José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.
“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.
“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.
La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno
No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.
Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.
No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.