Anabel abre la vía judicial contra la Junta de Andalucía por los fallos en los cribados de cáncer: “Nos obligan a ir a juicio”

“No queda otro camino que demandar a la Junta”. Con estas palabras Ángela Claverol, la presidenta de Amama, ha anunciado este martes que las víctimas de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía van a denunciar, “una a una”, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados de lo contencioso de Sevilla por no atender a sus reclamaciones patrimoniales.

La vía judicial la abrirá Anabel, quien fue la primera mujer en dar el paso de reclamar una indemnización por haber sufrido los retrasos en el cribado que la dejaron “un año con cáncer sin saberlo”. Fue en junio cuando Anabel presentó su reclamación patrimonial ante el SAS y, desde entonces, lo único que ha recibido por parte de la administración ha sido “silencio absoluto”, como ha afirmado la presidenta de la asociación que destapó la crisis de los cribados de cáncer.

Más de seis meses después, vencido el plazo que establece la ley para abrir la puerta a la vía contencioso-administrativa, Anabel encabezará las demandas judiciales que, asegura Amama, se irán encadenando conforme venzan los plazos de las reclamaciones patrimoniales interpuestas por las afectadas. “La Junta las obliga a arrastrarse por los juzgados”, ha lamentado Claverol a las puertas de los juzgados de Sevilla.

Hasta allí se han desplazado una veintena de mujeres, socias de Amama, para respaldar a Anabel, quien ultima –junto a los servicios jurídicos de la asociación– la demanda que se registrará en los próximos días con el único fin de ser indemnizada por un error que la propia Junta ha reconocido. “No entiendo cómo me van a hacer ir a juicio, perder tiempo y dinero cuando yo sigo en tratamiento, tuve que vender mi casa y no sé cómo voy a hacer frente a esto porque las fuerzas las he perdido”, ha aseverado esta sevillana, poniendo voz a otras tantas mujeres que están dispuestas a presentar demandas individuales contra la Junta “para que se haga justicia”.

“Una tras otra”

Actualmente, la asociación ha presentado en torno a 160 reclamaciones patrimoniales ante el SAS que siguen sin respuesta. A ellas se suman entre 50 y 60 casos pendientes de registro, además de otras decenas en fase de estudio, y “las que están por venir”. Buena parte de las ya presentadas, según explica Amama, vencen a finales de abril y principios de mayo. Serán esas reclamaciones, “una tras otra”, las que se irán transformando en demandas judiciales individuales a medida que expiren los plazos legales, ya que “cada caso es distinto”, ha precisado Claverol.

El caso de Anabel servirá así de referencia para el resto de afectadas por los errores en el protocolo de cribado de cáncer de mama en Andalucía, especialmente en lo relativo a la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes” o “dudosos”. Según la Junta, esta situación afectó a 2.317 mujeres, el 90% de ellas en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al que pertenece Anabel.

La paciente estuvo un año esperando a que le realizaran la segunda prueba diagnóstica pese a que su mamografía ya había arrojado resultados sospechosos. Ello motivó que fuese la primera mujer en reclamar a la Junta por esta demora, convirtiéndose entonces en uno de los rostros más visibles de la crisis. “Nos estáis matando y yo no me voy a callar”, llegó a denunciar públicamente en diciembre, tras asegurar que el retraso en su diagnóstico le ha “arruinado la vida”.

Pese a haber presentado toda la documentación, Anabel asegura que en estos nueve meses no ha recibido por parte de la Junta “absolutamente ningún requerimiento”, a diferencia de otras compañeras de la asociación. Aun así, desde Amama confían en que “la verdad solo tiene un camino” y por eso han decidido llevar estos casos ante la justicia.

Preguntas sin resolver

“Una vez que habían reconocido el error, pensé que se había terminado, pero para ellos sí es política y no sanidad”, ha lamentado Anabel, la mujer que pidió a gritos en el Parlamento de Andalucía explicaciones al presidente Juan Manuel Moreno sobre lo ocurrido con el programa de cribado del cáncer de mama. “Yo lo voté a él”, recuerda ahora la afectada.

Como Anabel, otras muchas mujeres siguen preguntándose “qué ha pasado” y sus preguntas continúan sin respuesta. “Pero no vamos a parar y si hace falta nos veremos delante de un juez para que se haga justicia”, ha sentenciado Cristina Fernández, también víctima de la crisis de los cribados. Junto a ellas, María Lamuedra ha calificado de “tremendamente injusto” lo vivido. Y en nombre de sus compañeras, María ha pedido al Gobierno andaluz que “se responsabilice” de los “daños” causados y “nos ahorren este periplo porque lo único que queremos es vivir bien”.

El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ya avanzó que, en caso de no tener respuesta, demandarían al SAS en los juzgados para que indemnicen a Anabel y al resto de afectadas. Jiménez asegura que este paso se da después de intentar sin éxito abrir una vía de acuerdo con la Junta para evitar el paso por los tribunales, llegando a realizar “más de 50 llamadas” sin obtener respuesta. Según denuncia, las afectadas se ven abocadas a procedimientos “largos y costosos” que prolongan su sufrimiento.

Entretanto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido que las reclamaciones siguen su curso administrativo habitual, ya que las reclamaciones al SAS “son de toda la vida, no son de ahora” y, por tanto, deben tramitarse conforme a los cauces establecidos, “siempre poniendo a la mujer como prioridad”, según declaró el consejero preguntado por el caso de Anabel en concreto.

Asimismo, Sanz recordó que “existe un procedimiento y caben todo tipo de posibilidades”, y que “el ciudadano también tiene derecho a poder ir a los tribunales a reclamar”. En sus declaraciones, el consejero de Sanidad también apuntó a que “ya se habían archivado nueve de las 14 denuncias” relacionadas con este caso, mezclando la jurisdicción penal con la civil.

Nueva vía judicial

El anuncio de estas demandas por lo contencioso-administrativo llega después de que la Fiscalía Superior de Andalucía archivara a principios de febrero las denuncias penales contra altos cargos de la Junta por no encontrar indicios de delito, aunque reconociera irregularidades en la gestión del protocolo de detección precoz del cáncer de mama que provocó un tsunami político y la destitución fulminante de la consejera de Salud y parte de su departamento. 

El Ministerio Público dejó abierta la puerta a investigar los casos de forma individual dado que no presentan las mismas casuísticas, remitiendo las denuncias a distintas fiscalías provinciales.

La crisis de los cribados se originó por fallos en el seguimiento de pruebas con resultados “sospechosos” o “no concluyentes”, que, según datos de la propia Junta, afectaron a 2.317 mujeres. En algunos casos, según las afectadas, el retraso en la comunicación de resultados derivó en diagnósticos tardíos de cáncer, con consecuencias graves para su salud que siguen arrastrando.

“Ahora nos obligan a acudir a los tribunales para que nos resarzan”, resume la presidenta de Amama, quien asegura que “si respondieran a las reclamaciones patrimoniales, descansaríamos, pero la administración ignora a las afectadas”. A sus ojos, se trata de “un desprecio hacia todo lo que tiene que ver con el cribado, que fue una negligencia suya”.