La implantación de nuevos proyectos comerciales en Andalucía abren la puerta a un proceso de reindustrialización del que habla tanto el ámbito empresarial como el político y, también, el sindical. En vista del desembarco de inversiones orientadas a las energías renovables, el hidrógeno verde o la fabricación, la UGT pone el foco en la falta de mano de obra que hay en la comunidad, donde la formación profesional (FP) es clave para preparar y reciclar a la población en vez de optar por la captación de trabajadores extracomunitarios. Todo ello, ante la marcha de Ayesa, signo sangrante de la descapitalización.
En el balance de 2025 que presentó el sindicato en la sede sevillana, el secretario general de la organización, Oskar Martín, hizo hincapié en en que la FP “corre el riesgo de convertirse en un negocio para unos pocos”. Mientras que las universidades privadas crecen y el Gobierno andaluz mantiene su rifirrafe con las públicas, la FP llamaba a ser el nexo de unión entre administración y empresariado. Para ello, exigió a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, encabezada por Rocío Blanco, que “la formación que se implemente en Andalucía satisfaga las necesidades de los sectores emergentes”. Una diatriba en la que están sumergidos desde hace “muchos años” debido a que la demanda actual “no se cubre con ciudadanos andaluces”.
Al respecto, José Manuel Rodríguez Salcedo, secretario general de UGT Fica Andalucía de Industria, Construcción y Agroalimentaria, manifestó que “preocupa” la doble velocidad de la implantación de los proyectos industriales que hay entre el campo de Gibraltar y el Polígono de Huelva. “No hay formación en soldadura o electricidad, por ejemplo”, especifició, materia en la que reclamó actualizar los programas de formación dado que Andalucía es una de las regiones con más captación de fondos en materia de defensa, “centros que serán referentes en el conjunto del país”. Un reto primordial dentro de un escenario complejo en el que se requiere financiación y refuerzo de los servicios públicos, demandó la UGT, como ya sea en educación como en dependencia o en sanidad, donde las aguas están más calmadas, ya que hay mayor diálogo con el cambio de consejero tras la crisis de los cribados.
La sombra de Ayesa continúa amenazando a los cerca de 3.500 trabajadores que se encuentran en el centro logístico de Sevilla. Acerca de ello, el secretario general ratificó que “cada deslocalización de una empresa es un fracaso colectivo” y “es un ejemplo claro de lo que no puede volver a pasar”. “La Junta de Andalucía debe condicionar ayudas, defender el empleo estratégico y sostener el arraigo en el territorio”, defendió. El sindicato, en reunión con la plantilla para conocer de primera mano la situación, demandó herramientas para intervenir en este tipo de operaciones tras el desmantelamiento de Sadiel, tal y como ha hecho el Gobierno vasco al hacerse con el conglomerado.
Un 4 de diciembre 2.0
De cara a las elecciones autonómicas, Oskar Martín adelantó que harán una ronda de contactos con los partidos políticos “para exigir compromisos claros con la clase trabajadora”. “Es el momento de reeditar un 4 de diciembre 2.0”, sentenció con el afán de recuperar el espíritu de 1977 cuando la población andaluz tomó las calles para demandar un estatuto de autonomía que reconociera e impulsara sus derechos. Si bien admitió que la cita con las urnas ralentizará las propuestas que tienen sobre la mesa ante el cambio de la administración, “se buscará el compromiso de los partidos con la clase trabajadora a través de sus programas”.
Con una cifra de desempleo histórica, rallando el 8% en Andalucía, el secretario general de UGT enfatizó en los “problemas estructurales” que siguen existiendo, como la ocupación juvenil o el desempleo femenino. “No podemos depender de un modelo basado en la estacionalidad del turismo y del campo”, subrayó. Una de las primeras medidas por las que apuestan para que se concrete este 2026 es la mejora de la calidad laboral a partir de la regulazación del despido o, en la región, o la reforma nacional de la ley de riesgos laborales.
“La gente se está muriendo cuando trabaja”, sostuvo, “hay más de 96.000 accidentes laborales en Andalucía y, hasta noviembre de 2025, se contabilizaron 114 muertes”. Además, del total de accidentes laborales, cuantificó que cerca de mil se registraron como “graves”, estando el 40% de ellos relacionados con el estrés laboral y los riesgos psicosociales, “los infartos y los ictus ya son la primera causa de muerte en el trabajo”.
A raíz de los datos, el sindicato criticó el plan de choque contra la siniestraliada que fue firmado con la Junta de Andalucía, “no ha funcionado”, indicó Martín. Para solucionar esta lacra, piden “más inspecciones, más control y más sanciones contra quienes juegan con la vida de la gente”. Otra demanda está relacionada con la reducción de la jornada laboral que, con el rechazo de Junts y la bancada conservadora en el Congreso de los Diputados, no salió adelante el año pasado. Pese al rechazo, afirmó que seguirán impulsando esta actualización tras cuatro décadas: “Trabajar menos para vivir mejor es un derecho, al igual que es un elemento del reparto de la riqueza en cuestión de tiempo”.
Con una crisis habitacional rampante que define la actualidad política y social, el representante sindical llama a la regulación de los precios del alquiler, así como al control de los pisos turísticos y la construcción de un parque de vivienda pública “estable”. “Hay que ir al origen del problema, que no es la negociación colectiva o la subida salarial, sino la vivienda”, remarcó ante los medios, “una vivienda marca la diferencia en tener futuro o vivir permanentemente en la incertidumbre”, sentenció.