Un mercado de Rabat cualquiera, dos españolas, madre e hija, se encuentran realizando compras. Son retenidas y acusadas por un tendero de llevarse un objeto sin pagar. Acuden dos policías. Uno acerca su cara a cinco centímetros de la hija, pidiéndole de malas formas que le enseñe la documentación. La ciudadana española solicita que le hable con respeto, a lo que reacciona el policía: “pero tú quién te crees que eres para decirme lo que tengo que hacer”. Al decirle que no tenía encima el documento de identidad, el agente se pune más furioso llamándola “inmigrante de mierda” y cogiéndole por el brazo fuertemente. Cuando le pide que le suelte, que le está haciendo daño, el policía la coge del pelo y la golpea contra la pared. Su madre que estaba con el otro agente, al ver lo que hacían con ella, comienza a gritar pidiendo auxilio, y al intentar ir hacia su hija pidiendo que no le golpearan más, el agente la agarra del pelo tirándola al suelo. Ambas son detenidas y trasladadas a comisaría, donde el policía que golpeó a la hija le dice: “ahora sí te voy a joder”.
¿Y si sustituyéramos Marruecos por España, y los turistas fueran inmigrantes, argentinos? Ocurrió el 8 de octubre de 2012 en Sevilla.
Hagamos algo de memoria: recordemos las numerosas imágenes que se han ido difundiendo por internet y televisión: mossos d’esquadra golpeando a detenidos; manifestaciones de distinta índole, Madrid, Plaza Catalunya, estudiantes en Valencia; pelotas de goma que determinaron el fallecimiento de una persona y la pérdida de ojo de otra,…
El Gobierno español, con independencia del color político, viene negando la existencia de los malos tratos. El 17 de mayo de 2005, el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno a desarrollar una política integral en el campo de la prevención, la reacción y la protección y tutela de las víctimas de tortura, así como la firma del Protocolo facultativo contra la Tortura de la ONU. Todos, menos el PP, partieron del reconocimiento de la práctica de la tortura.
No se desarrolló ninguna política integral. Sólo se llevó a cabo la firma del Protocolo. Éste contemplaba la creación a nivel estatal de un mecanismo independiente que ayudara a prevenir la tortura, entrando y supervisando los centros de detención sin previo aviso. El Estado decidió que ese mecanismo fuera asumido por el Defensor del Pueblo, en contra de todos los colectivos sociales, que postulábamos que fuera la sociedad civil quien lo asumiera y no el Defensor, que se había caracterizado por negar la existencia de la Tortura. ¿Qué sentido tiene otorgar el control a quien niega la práctica de la tortura?
Organismos internacionales especializados de la ONU y del Consejo de Europa han venido de manera reiterada denunciando su especial preocupación por la tortura en España, tanto por su práctica como por la pasividad de sus instituciones, tal y como veníamos señalando la sociedad civil organizada.
El Gobierno español se limita a descalificar dichos informes. Valga de ejemplo, la comparecencia en el Senado el pasado 7 de mayo del Presidente del Gobierno, en la que muestra su desacuerdo en general con las recién publicadas recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Sentenció que “el comité europeo no cita en su informe ni un solo caso de torturas —ni uno— declaradas probadas por sentencia firme […] España cumple la ley y que, cuando las normas se vulneran, se aplica la ley”.
Nada ayuda el anuncio de la posible prohibición de tomar imágenes a policías en manifestaciones, ni la permisibilidad de las autoridades ante el incumplimiento generalizado de los cuerpos de estar debidamente identificados. 53 periodistas resultaron lesionados en 2012 por golpes de la policía cuando desarrollaban su labor informativa. Los periodistas y los móviles son los nuevos y más importantes enemigos de los torturadores y sus encubridores.
Por otra parte, los sindicatos de los funcionarios suelen apoyar a sus compañeros denunciados, en lugar de desmarcarse de conductas punibles. Y el poder judicial suele archivar las denuncias, sin practicar más diligencias que la petición de un informe al organismo al que pertenecía el funcionario denunciado, o tras una breve instrucción. Todo ello determina pocos juicios, escasas condenas, y mucha impunidad y tranquilidad para los autores.
Invitamos a leer el informe de la Coordinadora para la Prevención y Documentación de la Tortura, integrada por 45 entidades sociales, entre ellas la APDHA, en el que se puede tener información más detallada de los malos tratos en nuestro entorno más cercano. No se pretende criminalizar a todos los funcionarios. Aún así, 851 ciudadanos denunciaron durante el 2012 ser víctimas de malos tratos, 97 de ellos en Andalucía. Por cuerpos, la Policía Nacional fue la más denunciada, seguida de funcionarios de prisiones, Policía Local y Guardia Civil
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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