La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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Desde una perspectiva de derechos humanos, el escenario geopolítico actual representa una de las amenazas más graves para el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de etapas anteriores, en las que las intervenciones militares solían justificarse retóricamente en nombre de la democracia o los derechos humanos, el discurso impulsado por Donald Trump prescinde incluso de esa legitimación simbólica. La apelación directa al poder, a la fuerza y al interés nacional desnudo, acompañada del desprecio abierto por los acuerdos multilaterales y el derecho internacional, configura un contexto profundamente alarmante para la paz, la autodeterminación de los pueblos y la protección de las poblaciones civiles.
El sistema internacional, sustentado en la Carta de las Naciones Unidas y en el principio de resolución pacífica de los conflictos, atraviesa una crisis estructural. Durante décadas, incluso las acciones más cuestionables de las grandes potencias se envolvían en un lenguaje normativo que apelaba a valores universales. Hoy asistimos a una ruptura clara de ese marco: el unilateralismo ya no se disfraza, sino que se presenta como virtud política. Esta mutación del discurso marca un punto de inflexión histórico que debilita gravemente la arquitectura jurídica internacional.
En este contexto, las acciones impulsadas por la administración Trump constituyen un ejemplo paradigmático. La intervención militar en Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas, otras zonas estratégicas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sumada a amenazas explícitas o implícitas hacia otros países y territorios como México, Colombia, Cuba, Groenlandia o Irán, evidencia una concepción del poder que se sitúa por encima de la legalidad internacional. Desde la óptica del derecho internacional, el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o sin una legítima defensa demostrable constituye una violación grave de la Carta de las Naciones Unidas, con consecuencias directas sobre los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Estas estrategias discursivas reproducen patrones ampliamente documentados por la historiografía del siglo XX, incluidas las nazis: glorificación del líder, construcción de enemigos absolutos, deslegitimación de toda crítica y apelación constante al miedo o a la salvación
América Latina ocupa un lugar central en este escenario. La persistente visión de la región como un espacio subordinado, frecuentemente descrito como el “patio trasero” de Estados Unidos, continúa influyendo en prácticas de injerencia política, económica y militar. Esta concepción, heredera de una larga historia de colonialismo y dominación, reduce la soberanía de los pueblos latinoamericanos a una variable secundaria frente a intereses estratégicos externos, negándoles su condición de sujetos políticos plenos.
La cuestión de los recursos naturales refuerza esta lógica. El control de petróleo, minerales estratégicos y territorios geopolíticamente clave se presenta como una necesidad de seguridad nacional o como una prerrogativa del poder hegemónico. Sin embargo, la explotación de recursos mediante la coerción militar o la amenaza de la fuerza contradicen los principios fundamentales del derecho internacional y del derecho de los pueblos a decidir sobre su propio desarrollo. Estas prácticas reproducen dinámicas históricas de despojo que han marcado profundamente a la región.
Un elemento central de este nuevo escenario es la guerra cognitiva. El ejercicio del poder ya no se limita al ámbito militar o económico, sino que se despliega de manera sistemática en el terreno simbólico. A través de narrativas simplificadas, emocionalmente cargadas y repetitivas, se construyen discursos que normalizan la violencia, deshumanizan al adversario y exaltan la figura de un líder fuerte presentado como única solución posible. En este punto, la democracia no solo deja de ser un objetivo, sino que desaparece del lenguaje político como valor relevante.
Estas estrategias discursivas reproducen patrones ampliamente documentados por la historiografía del siglo XX, incluidas las nazis: glorificación del líder, construcción de enemigos absolutos, deslegitimación de toda crítica y apelación constante al miedo o a la salvación. En el ecosistema digital contemporáneo, las redes sociales actúan como amplificadores de estas narrativas, facilitando su difusión masiva y debilitando la capacidad de análisis crítico.
El papel de las Naciones Unidas en este escenario resulta profundamente cuestionado. La incapacidad del organismo para prevenir o sancionar eficazmente acciones unilaterales de grandes potencias ha debilitado su autoridad moral y su legitimidad
Resulta especialmente inquietante observar cómo estos discursos han sido internalizados y reproducidos por sectores de la diáspora venezolana. Las plataformas digitales se encuentran inundadas de mensajes que replican casi de forma literal la retórica de Trump, presentándolo como un salvador de Venezuela e incluso como una figura destinada a imponer un nuevo orden mundial. Este fenómeno no puede comprenderse únicamente como una elección ideológica individual, sino como el resultado de procesos prolongados de manipulación cognitiva en contextos de crisis profunda, trauma social y desesperanza colectiva.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, esta situación plantea una doble amenaza: por un lado, la normalización del militarismo y la violación de la soberanía estatal; por otro, la erosión de la capacidad crítica de las sociedades, debilitadas por narrativas que justifican la violencia y trivializan sus consecuencias humanas. Cuando la fuerza sustituye al derecho y la propaganda reemplaza al debate democrático, los derechos humanos se convierten en las primeras víctimas.
El papel de las Naciones Unidas en este escenario resulta profundamente cuestionado. La incapacidad del organismo para prevenir o sancionar eficazmente acciones unilaterales de grandes potencias ha debilitado su autoridad moral y su legitimidad. Esta parálisis refuerza la percepción de que el orden internacional basado en normas está siendo reemplazado por una lógica en la que el poder impone sus propias reglas.
Desde las organizaciones de derechos humanos advertimos que este rumbo representa un grave retroceso histórico. La defensa de la soberanía, del derecho internacional y de la dignidad humana no es una postura ideológica, sino una obligación ética y jurídica. En un mundo donde la democracia ha sido expulsada incluso del discurso que justifica la guerra, reafirmar los derechos humanos es hoy un acto de resistencia y de responsabilidad colectiva.