La defensa del exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón ha solicitado la nulidad de los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 18 de noviembre al considerar que el auto judicial por el que se autorizaba la intervención supuso un “cheque en blanco” para que los agentes pudieran realizar pesquisas de manera “indiscriminada”.
La representación judicial señala así la “amplitud”, “indeterminación” y “falta de concreción” con la que se autorizaron, en el caso del ya exregidor, los registros en su domicilio particular y en la sede de una sociedad mercantil vinculada al mismo en lo que la defensa considera una “verdadera investigación prospectiva”.
En su recurso de reforma contra el auto de registro, consultado por Europa Press, la defensa cuestiona la autorización para el acceso, visionado y copiado-volcado de “cuantas comunicaciones privadas se localicen” al no acotarse de modo alguno sobre el tipo de conversaciones o mensajes que se pretende indagar.
De esta manera, considera que se permite a los agentes “un acceso indiscriminado a la totalidad de la vida digital y personal” del exprimer edil en cuanto que no se fijan los términos y el alcance del registro.
Del mismo modo, ve “desproporcionada” la medida que autorizaba a la Guardia Civil a modificar contraseñas para acceder a equipos informáticos u otros dispositivos, ya que supone la “expropiación de la identidad digital del investigado” que, en definitiva, le impediría usar sus cuentas.
Para la defensa, la justificación genérica de “evitar el riesgo de destrucción de pruebas” no es suficiente para amparar la medida por la que también se daba a los agentes la potestad de “transferir los fondos en formato criptomoneda o FIAT de dichas billeteras virtuales a otras billeteras” para su aseguramiento, lo que, según interpretan, supondría en la práctica un embargo sin garantías procesales.
Entre otros elementos, según ha avanzado también el Diario Ideal, el despacho Luna & Asociados también reclamaba la nulidad de la autorización para la intervención y “clonado” de terminales móviles que Rodrigo Sánchez pudiera llevar en el momento de los registros.
“Un dispositivo portado en el momento de la detención puede no guardar relación alguna con los hechos investigados”, han esgrimido para alegar la desproporcionalidad de la medida.
Rodrigo Sánchez Simón ha comunicado este martes su renuncia a su acta de concejal y al cargo como primer edil en el Ayuntamiento cuando se cumple una semana de su detención por parte de los agentes de la UCO de la Guardia Civil en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' a través de contratos públicos en la Diputación de Almería y el Consistorio finense.
El PP le suspendió de militancia justo después de que se confirmara su arresto junto con el de su hijo así como el del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, además del de un funcionario de la institución provincial.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública atribuye al alcalde y a su hijo un supuesto cobro de comisiones a través de la mercantil OYC Servicios Urbanos, controlada por terceras personas interpuestas por ellos mismos desde el 1 de septiembre de 2017.
El instructor recopila indicios de que OYC Servicios Urbanos realizara --al igual que la empresa Pulconal, también investigada-- una “actividad ficticia y simulada” ya que su verdadero propósito sería el desarrollo de “una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos”, para lo que se aprovechaba el cargo como alcalde de Sánchez Simón.
En su auto por el que ordenó el registro de la viviendas de ambos sospechosos así como de hasta cinco sedes empresariales del menor de los Rodrigo, el juez Eduardo Martínez Gamero apunta que la sociedad mercantil bajo investigación habría resultado adjudicataria de 17 contratos públicos licitados por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines “de forma fraudulenta” por importes de 1.126.573,97 euros.
De otro lado, el letrado Alfredo López Hidalgo también solicita la nulidad de la detención del hijo del alcalde, Rodrigo Sánchez López, de quien además de su vivienda también se registró el domicilio social de otras cuatro mercantiles a la que está ligado.
La defensa interpreta que si bien se autorizó la entrada y registro, el auto no reflejaba ningún tipo de orden de detención, que además se habría producido antes de que los agentes comenzaran a inspeccionar los lugares señalados por el juez Eduardo Martínez Gamero en su resolución judicial.
La representación legal del hijo del alcalde sostiene que el arresto se llevó a cabo “sin que, en ese preciso instante, concurriera ninguna de las causas legalmente previstas para ello” al no haber una orden judicial ni darse la “comisión de un delito flagrante”.
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