Empleados de Tragsa se concentrarán en Madrid ante la sede del PP tras la ejecución al 100 % del ERE en Aragón
“Imagina que el 30 de diciembre estás tranquilamente en tu casa con tu familia y ves que en tu cuenta bancaria han ingresado una indemnización por despido. Sin una llamada de teléfono, sin un burofax…”. Fernando Torrijo es el presidente del Comité de Empresa de Tragsa Aragón. Para él, y para todos sus compañeros, no ha sido una Navidad normal. El día 29 de diciembre recibieron un pestífero regalo: la Dirección del Grupo Tragsa dio a conocer la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solicitado en 2013. En esta Comunidad se ejecutó al 100 %.
Han sido 14 los trabajadores despedidos en Aragón: ocho en Zaragoza, tres en Huesca y tres en Teruel. No tuvieron ni la opción de protestar. Se hizo, denuncian desde MCA UGT, de “mala fe. Ni las formas, prácticamente de improviso; ni el modo, sin negociación previa y anunciando que aplicará la reforma laboral, son aceptables”.
En toda España la ejecución del Expediente afecta a 726 personas. Cifra que crece hasta los 1.300 si también se suman los empleados de la empresa Tragsatec.
Tras superar el primer impacto, los trabajadores se han puesto manos a la obra para expresar su absoluto rechazo. El próximo 26 de enero llegarán a Madrid desde muchos puntos de España y se concentrarán frente a la sede del PP. El 3 de febrero harán lo propio en las delegaciones de gobierno de cada comunidad autónoma.
Además, ayer por la mañana se reunieron ante la Delegación del Gobierno en Zaragoza y entregaron un manifiesto.
Torrijo asegura que no van a parar y que lucharán porque la empresa dé marcha atrás. Tienen la esperanza de que el próximo Gobierno central sea sensible a su situación; de momento, asegura el presidente del Comité de Empresa a eldiario.es, “ya ha habido un acercamiento con el PSOE y parece que van a intentar echarnos una mano”.
Un despido de 60 millones de euros
El ERE que ahora se activa fue solicitado por la empresa en 2013. La Audiencia Nacional lo anuló en abril de 2014 y, finalmente, tras analizar los distintos recursos, el Tribunal Supremo terminó validándolo en octubre del año pasado.
Eran conscientes, dice Torrijo, de que esto podía ocurrir, pero no creían “que fuera a ser tan inminente”. Repite que ni siquiera les han dado la oportunidad de sentarse a hablar y que en el mes de mayo les presentaron un plan de viabilidad que, a la postre, tampoco han podido negociar.
Teniendo en cuenta que los trabajadores son despedidos con 20 días por año trabajado (y con un máximo de 12 mensualidades), en el Comité de Empresa calculan que la ejecución del Expediente le costará a la empresa alrededor de 60 millones de euros. Paradójicamente, apunta Torrijo, esto hará que Tragsa cierre 2015 con pérdidas, después de un año en el que, aunque lentamente, “se estaba volviendo a las cifras de 2007 y 2008”.
