Denuncian casos de inmigrantes temporeros en Aragón que cobran 20 euros por ocho horas de trabajo

“No es algo generalizado y las cosas han mejorado mucho”, repiten desde UGT. Y es cierto. Aun así, los inmigrantes que trabajan en el campo aragonés siguen viviendo, en ocasiones, situaciones “cercanas a la esclavitud”. También afirman esto sin ambages desde el sindicato. Reconocen, por ejemplo, que durante 2015 han recibido varias denuncias “por pagos de 20 euros de salario por una jornada laboral de ocho horas”.

Cobrar 20 euros por ocho horas es, quizás, el ejemplo más sangrante; pero no el único. Y no es algo habitual, repiten desde UGT: “La mayoría de los empresarios cumplen con el convenio”; aunque tampoco eso es garantía de unas buenas condiciones laborales, si se tiene en cuenta que el sueldo, por ejemplo, de los recolectores de fruta en Zaragoza ha subido 0,11 euros a la hora en los últimos tres años: de los 5,62 €/hora netos de 2014, a los 5,73 €/hora que cobrarán en el año actual. Peor están los cogedores en Teruel: 5,84 euros brutos a la hora. Un poquito mejor los peones agrícolas en Huesca: 6,73 euros brutos/hora.

Existen, dicen en el sindicato, todavía empresarios que se aprovechan de la situación de necesidad de los inmigrantes. Un colectivo inerme que, en muchos casos, acepta lo que se le ofrezca, a pesar de estar muy por debajo de lo que se puede considerar digno. Las actuaciones ilegales más habituales son pagar por debajo de convenio, no hacer contratos o no abonar las horas extras.

Otro ardid habitual, que puede hacerse efectivo porque en el régimen agrario las jornadas de trabajo se declaran a mes vencido, es no declarar las jornadas reales. Desde UGT apuntan que esto tiene una repercusión directa “en los derechos a prestaciones sociales y en el futuro acceso a una jubilación contributiva”. En el caso de los temporeros no comunitarios, “que son la inmensa mayoría de los mismos, esta circunstancia afecta directamente a las posibilidades de renovar sus autorizaciones de trabajo y residencia temporales”.

La persistencia de la crisis económica y la situación de vulnerabilidad y precariedad del temporero, apuntan, “les hace presa fácil de intermediarios”. Por ello, es cada vez más habitual la intervención de ETT; consecuencia directa, dicen, de la nueva legislación laboral estatal.

Infravivienda

También en esto, explican, se está avanzando. Lo que no implica que hayan desaparecido todos los “campamentos y ocupaciones de casetas semiabandonadas en la periferia de los núcleos rurales”. Es lo que llaman infraviviendas. Donde más se dan es en las comarcas del Bajo y Medio Cinca, ambas en Huesca.

La de Valdejalón (Zaragoza), afirman desde el sindicato, es el modelo a seguir. Los responsables comarcales trabajan de manera coordinada. Todos los agentes, “liderados por la Comarca”, colaboran para dar un techo digno a los temporeros.

Coordinación entre zonas agrícolas

En el sindicato reclaman mejoras en el acceso a una información veraz de las posibilidades de inserción laboral de estos trabajadores “para evitar desplazamientos innecesarios a las zonas agrícolas aragonesas”. Ha de ponerse en marcha una red de bolsas de trabajo intercoordinadas entre las distintas zonas, explican, con la implicación de los Servicios Públicos de Empleo, “para que cuando se recupere la situación económica se proporcione a temporeros y empresarios un instrumento de gestión de la oferta y la demanda de mano de obra”.

También hay que intensificar la presencia de la Inspección de Trabajo, que vele “por el cumplimiento de las ordenanzas laborales, a la vez que alentar un mayor compromiso de las organizaciones de agricultores”.