La cadena de la vivienda
En Una habitación propia, Virginia Woolf defiende que una mujer puede ser tan buena escritora como un varón si tiene un cuarto propio y medios económicos suficientes para vivir. Han pasado casi cien años, pero podemos trasladarlo al presente y extrapolarlo a cualquier joven, mujer o varón, y a buena parte de la población española no tan joven. No se trata de que sean escritores, sino de que sean ciudadanos plenos, con una vida completa y autónoma, lo cual es muy difícil si hay que seguir viviendo con los padres o compartir piso con otras cuatro compañeras, a pesar de tener cumplidos los treinta. Sin una casa, en alquiler o en propiedad, la ciudadanía que no disponga de buenos ingresos, o del paraguas de una familia acomodada, ¿como va a independizarse?, ¿cómo va a terminar de crecer? La igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, son un papel mojado, una hipocresía sociopolítica, y nada más, puesto que resulta imposible para el 80% de la juventud de nuestro país, ¡aunque dispongan de empleo! Si el salario mínimo interprofesional son unos 1.100 € netos, y el alquiler medio de una vivienda de 50 metros cuadrados unos 760 € ¿cómo vivir con 340 € al mes?
Hoy nos parece un disparate la creencia, combatida por Wolf, de que las mujeres eran inferiores intelectualmente a los varones, y sin embargo, estamos practicando el discurso de que miles de jóvenes trabajadores son inferiores a juventudes pasadas porque no se independizan, no se esfuerzan, no son emprendedores... Buscamos explicaciones como la falta de disciplina, de tesón, de sacrificio, que comienza desde la escuela, pero a la vez les ofrecemos un horizonte que está reservado para unos pocos, escasamente el 20%. ¿Qué sentido tiene esforzarme si voy a tener que vivir con mis padres o con varios compañeros? ¿Qué tipo de futuro es el que me hace escoger entre comer o tener casa? Por eso el sacrificio se traslada a los gimnasios, cultivando un cuerpo tan idealizado como falso. La rabia se acumula y acaba descargándose con violencia contra el enemigo ficticio fomentado por la ultraderecha, el emigrante pobre. Pero estas son otras historias.
El artículo 47 de nuestra Constitución dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Los poderes públicos son tanto el gobierno, como el parlamento, los gobiernos autonómicos, los municipales, y el poder judicial, no lo olvidemos. ¿Qué están haciendo para garantizar este derecho? ¿Qué están haciendo para evitar la especulación? ¿A quién están otorgando las ganancias urbanísticas?
El problema de la vivienda no lo causan los ciudadanos que tienen un piso de su propiedad alquilado, sino quienes la han convertido en un negocio a gran escala, a costa del derecho de millones de ciudadanos. Hoy en España 2,3 millones de viviendas están en manos de diez grandes tenedores: cuatro fondos extranjeros, (tres de ellos estadounidenses), dos fondos españoles, tres bancos, también españoles, y el SAREB (ese “banco malo” inventado por el gobierno del PP de Rajoy para cargar con todos los activos tóxicos de la banca española, y pagarlos a escote con los impuestos de la ciudadanía, evitando de paso que se aplicase la denominación “rescatado” a nuestro país. Pero esta también es otra historia).
La mayoría de estos fondos son SOCIMI (sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario), o FII (fondo de inversión inmobiliaria), y disfrutan de obscenas ventajas fiscales: un pequeño propietario que se compre un piso de 300.000 € en Madrid pagará 18.000 € de transmisiones patrimoniales, en cambio las SOCIMI y los FII están exentos del 95%, con lo que pagan 900 € ¡El ciudadano paga veinte veces más! Para colmo, no tributan a Hacienda el 25% de sus beneficios, como la mayoría de las sociedades, sino entre el 0% y el 1%
La Gran Recesión del 2008 no nos ha enseñado nada. El negocio inmobiliario fue decisivo en su creación y estallido, pero lejos de regularlo y ordenarlo, estamos soplando nuevamente un globo que, como es lógico, reventará. ¿Dónde están las acciones, dónde las legislaciones de tantos gobernantes europeos que hablaban de refundar el capitalismo? Las medidas adoptadas en Europa evidenciaron la irracionalidad del sistema, de una economía que genera riqueza para un reducido grupo a costa de la mayoría. Desde esa fecha los grandes ricos han disparado sus fortunas estratosféricamente, los pobres han aumentado, han surgido los pobres con empleo, y las clases medias están siendo extinguidas. La vivienda, detonante de aquella crisis, hoy resulta un instrumento de enajenación para la ciudadanía.
Añadamos que cada vez encontramos más carteles azules con la siglas VUT (vivienda de uso turístico) en nuestras calles. Este uso escapa de la ley de vivienda, como también los alquileres habitacionales, produciendo que haya menos oferta de alquiler para los vecinos, y que los precios se disparen. No hay más que darse una vuelta por el centro de las ciudades y ver que muchos edificios (incluso manzanas enteras), recién restaurados y redistribuidos exhiben el cartel VUT. Los cuales, obviamente, no son propiedad de pequeños propietarios, sino de grandes fondos. Respecto a las viviendas turísticas ilegales, que sin embargo se anuncian en las grandes plataformas de alquiler, no entendemos que no se actúe contra ellas y los anunciadores, con contundencia.
El pequeño propietario prefiere evitar problemas y negociar, sabemos quién es, lo miramos cara cara. No tiene ni los medios, ni la resistencia de los fondos buitre, que cuentan con abogados y capital de sobra para aguantar más que el inquilino. Además, se amparan en el anonimato para ser inflexibles, lo mismo al multiplicar un alquiler por tres, por cuatro, o por trescientos (como en el caso Maricarmen), que al echar a la calle a una familia. “Yo no puedo hacer nada, obedezco las órdenes que me dan” nos dice el empleado de turno, empujado a esa banalidad del mal denunciada por Hanna Arendt (pero también esta es otra historia).
Con frecuencia nuestros políticos se llenan la boca defendiendo la Constitución, pero en realidad ¿qué están defendiendo? Está claro que no es el artículo 47. podemos preguntarnos: unas leyes que permiten desahucios, como el de tantas y tantas Maricármenes, ¿son constitucionales?
Hasta ahora el Tribunal constitucional no parece haberse interesado lo más mínimo en el tema, al igual que tanto partido político defensor del inmovilismo constitucional. Para colmo, esos mismos partidos son los que, en 2011, cambiaron a una velocidad de vértigo el artículo 135 para primar el pago de nuestra deuda sobre cualquier otro gasto, permitir el control de Europa sobre ella y la exigir “estabilidad presupuestaria”. Una burla despiadada para los ciudadanos que abrió las puertas, de par en par, a los recortes y sus nefastas consecuencias que venimos padeciendo desde entonces. Una contradicción, puesto que el reformado artículo resultaba incompatible con el 47, que defiende el derecho a una vivienda digna y adecuada.
La fuerza de una cadena depende de cada uno de sus eslabones, si uno de ellos flojea y se rompe, toda entera resulta inútil. El desahucio de Mari Carmen nos ha mostrado una cadena vigorosa, en plena forma: ni los jueces, Tribunal Supremo incluido, y su interpretación -pues aplicar la ley a cada caso exige una interpretación-; ni los actuales dueños del piso, que denuncian a quienes los califican de fondo buitre, aunque actúan como ellos; ni el ayuntamiento de Madrid, que fomenta la turistificación, la gentrificación, y con ellas la especulación inmobiliaria salvaje; ni la comunidad autónoma, la cual no ha declarado ni un solo municipio tensionado; ni la policía (agentes antidisturbios, ¡una docena de furgones! se emplearon a fondo, según videos y testigos); ni el grueso del gobierno, pues ante la propuesta de Sumar para frenar las adquisiciones por fondos buitre y empresas colaboradoras, el PSOE se abstuvo, como también hizo el PNV; ni la oposición, PP, Vox y Junts votaron en contra de la propuesta, como era de esperar. Ningún eslabón falló. Parece que se quisiera mandar un mensaje claro a la ciudadanía de nuestro país: da igual la edad, la salud, la situación familiar, social y laboral, la honradez (Maricarmen, como tantas otras, nunca dejó de pagar el alquiler), da igual cualquier circunstancia, la especulación y el beneficio deben continuar por encima de todo.
La cuestión de fondo es triple, por un lado si la dimensión política de la libertad se reduce a libertad de mercado, aplastando cualquier otra libertad del ciudadano, como el desarrollar una vida digna, y avasallando a los más débiles y vulnerables. O si, por contra, anteponemos el ciudadano al mercado. Por otro, si esta economía es provechosa para el ser humano, o es una forma de dominación al servicio de los más ricos. La vivienda, un medio necesario para vivir plenamente en la sociedad del presente, no debe funcionar como una cadena que sujeta por el cuello a cualquier ciudadano que necesita independizarse, tener casa propia, aunque sea de alquiler. De lo contrario, y esta es la tercera cuestión, ¿cuál es el sentido de la política que se practica en la actualidad? No se puede servir a dos señores, a dios y al dinero, pero buena parte de nuestros partidos políticos tratan de hacerlo a toda costa, lo cual no es posible. Que cada uno mire al espectro político de nuestro país y saque conclusiones.
Pendientes del Decreto Maricarmen, nos tememos que bien se trate de una colección de parches y aplazamientos que esquiven la raíz del problema, bien que si se atreve con ella, aunque sea tímidamente, no será aprobado por el parlamento (y no olviden ustedes quienes votan en su contra).