Suicidio anunciado o Gordo de la Lotería
Entre la afirmación de que una expansión incontrolada puede terminar en un “suicidio anunciado” y el canto de inversiones millonarias que recuerdan el sorteo de la Navidad, la mayoría de ellas todavía por concretar, tiene que haber una salida intermedia.
La primera afirmación es del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el profesor Pedro Arrojo. La segunda es del presidente Azcón que ya se atribuye más de 70.000 millones de euros de inversiones y 50.000 nuevos empleos directos e indirectos en 2028, la mayoría de ellos en centros de datos (el último aireado en campaña electoral: el traslado de Cariñena a Épila de un campus de centros de datos, denominado “proyecto Epilon”).
Los centros de datos son naves llenas de procesadores imprescindibles para la Inteligencia Artificial que alojan los datos que se guardan en la nube y donde se ejecutan cálculos para dar servicio a aplicaciones o para minar criptomonedas. Procesadores que sin refrigeración, se asfixian.
Sabemos que la práctica totalidad de esas inversiones se concentrarían en el área de influencia de Zaragoza y en el corredor con Huesca. Relativicen, por tanto, el principio del reequilibrio territorial.
Sabemos -las cifras varían según las fuentes- que son voraces consumidores de energía y de agua (se localizan cerca de los cauces fluviales, de las autopistas eléctricas y de las concurridas vías de comunicación) y que los empleos se jibarizan y especializan cuando termina la construcción.
Sabemos que a iniciativa de IU y de Vox se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón a finales del pasado abril una Comisión Especial de Estudio que murió antes de nacer por el adelanto electoral.
Sabemos que, además de las grandes tecnológicas de Silicon Valley como Microsoft y Amazon y de grandes empresarios nacionales como Florentino Pérez, potentes compañías aragonesas como Samca y Forestalia también proyectan centros de datos interconectados con sus proyectos para exportar energías renovables (parques eólicos y plantas solares) a autonomías vecinas como el País Vasco, Cataluña o la Comunidad Valenciana.
Sabemos que los Planes de Interés General Autonómico (PIGAS), que acortan trámites y otorgan generosas bonificaciones y exenciones fiscales, han dejado de ser excepcionales para ser habituales con razonables dudas sobre el rigor de las evaluaciones medioambientales.
Sabemos que no se conocen los contratos que firman de suministro de agua o de energía. No hay registro de detalle de las necesidades reales de energía y de agua.
Sabemos, salvo error u omisión, que no se ha consultado al Consejo Consultivo de Aragón, el órgano superior de consulta del Gobierno de Aragón integrado por expertos juristas.
Sabemos que no se ha contado con los ayuntamientos afectados que han sido convidados de piedra en más de un caso, ni con las organizaciones sociales. También se echan en falta las aportaciones de la Universidad de Zaragoza. Lo que no sabemos todavía es cómo podría repercutir el aluvión de centros de datos en el coste de la energía para los residentes locales.
Un colectivo de activistas, en el que están entre otros Ecologistas en Acción y una red universitaria bajo el paraguas de la cátedra Unesco en Derechos Humanos y Sostenibilidad, ha presentado ante el Tribunal Superior de Aragón el primer contencioso en España por parte de la sociedad civil contra un proyecto de centros de datos. Se trata de la ampliación de 5 instalaciones de Amazon Web Services (AWS).
Contexto rápido. En Estados Unidos grupos de activistas han bloqueado o retrasado proyectos de datos valorados en 64.000 millones de dólares en Michigan, Wisconsin y California. También hay contestación ciudadana en Virginia y en Oklahoma acaban de aprobar una moratoria de 3 años.
En Europa, Irlanda ha mantenido durante los últimos 4 años severas restricciones hasta aprobar un nuevo Plan para reanudar el desarrollo de centros de datos bajo un estricto control eléctrico (en 2024, los centros de datos absorbieron el 22 por ciento del consumo eléctrico del país).
Los Países Bajos y el ayuntamiento de Amsterdam aprobaron una moratoria en 2020 para frenar su desarrollo en zonas metropolitanas. En Alemania y en Suecia también se han aprobado restricciones para cumplir los requisitos medioambientales y de eficiencia energética.
En España, el ayuntamiento de Lleida fue el primero en vetar la construcción de dos centros de datos. “Son cajas de zapatos, no aportan nada a la economía local”, opinó el alcalde Fèlix Larrosa (PSC). En Aragón, la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, lleva en su programa electoral un impuesto solidario a los centros de datos que revierta en beneficio de los municipios aragoneses y de los servicios públicos. IU-Sumar, Cha, Podemos y Aragón-Teruel Existe se han posicionado activa y radicalmente en contra de una posible burbuja de cifras infladas de empleos.
Debería ser uno de los grandes debates de la sociedad aragonesa y de la campaña electoral como décadas atrás lo fueron las centrales nucleares en el Bajo Cinca y en el Bajo Aragón, la térmica de Andorra, la General Motors o Gran Scala, “Las Vegas” de los Monegros. Sin embargo, el Gobierno de Aragón está llevando adelante una política de anuncios de grandes inversiones a medio camino entre el márquetin electoral y los hechos consumados en la que los grandes ausentes están siendo el debate social y político, y la evaluación rigurosa. Hay ya más de 30 centros datos tramitados o pendientes de tramitación. Nos estamos jugando la explotación de los recursos naturales de Aragón en tiempos de sequías y cambio climático.