Aragón encara el cuarto mes de parálisis política: bloqueo legislativo, inversiones en suspenso y ayudas inviables

Metido ya de lleno en abril y con la Semana Santa a punto de concluir, Aragón va camino de completar un cuatrimestre con la actividad política bajo mínimos, lastrada por las limitaciones del Gobierno en funciones y sin perspectivas a corto plazo de que la situación cambie. La convocatoria del 8 de febrero forzada por el presidente Jorge Azcón, formalizada a mediados de diciembre, supuso el punto de partida de la carrera electoral y a su vez el final de facto de la XI Legislatura. Ahora, bien entrado 2026 y con un presupuesto prorrogado, el pulso sigue siendo mínimo.

“Es verdad que hay determinados acuerdos que la ley no nos permite tomar”, reconoció el propio jefe del Ejecutivo en funciones esta semana. Una idea que los consejeros reconocen en privado y también alguna vez en público, como el titular de Sanidad, José Luis Bancalero, que días atrás admitió que el margen de maniobra del Gobierno hoy por hoy no es infinito. Lo hizo con su tono habitual para referirse a los sindicatos sanitarios ante la huelga de médicos convocada: “Un Gobierno en funciones tiene capacidad para escuchar y dialogar, pero tiene muchas limitaciones. Yo insto a que se repasen la normativa y lo entenderán. Una de ellas es que no podemos llegar a acuerdos que tenga un impacto organizativo o sobre la Hacienda pública. Y las reivindicaciones que ponen sobre la mesa implican una alta carga de financiación”, evidenció Bancalero.

La agenda del Ejecutivo en funciones mantiene en apariencia un ritmo considerable, aunque la mayoría de las convocatorias públicas son de actuaciones en marcha del año pasado o bien de acompañamiento institucional a terceros organismos, como asociaciones o fundaciones. Es un reflejo de las propias limitaciones que marca la normativa autonómica –en concreto, la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón– a un gabinete en situación de interinidad, como el actual.

Inversiones paralizadas

Una de ellas es la imposibilidad de conceder ayudas de forma directa ni autorizar expedientes de contratación cuyo valor estimado supere los tres millones de euros, o acuerdos de concesión de subvenciones de importe superior a 900.000 euros. Una consecuencia práctica: el impulso de la residencia Luis Buñuel de Teruel se ha truncado de nuevo. “El proyecto está listo; lo que hace falta es que se forme el Gobierno de Aragón para que se pueda hacer esa licitación de más de cuatro millones de euros”, admitió la alcaldesa, la popular Emma Buj, en el pleno del pasado 30 de marzo. “En dos años y medio no ha habido un ápice de intención de moverlo”, le afeó antes el concejal socialista Diego Piñeiro.

Donde sí ha actuado el Ejecutivo en funciones, aunque sin contentar del todo a los afectados, ha sido para paliar los efectos de la dermatosis nodular contagiosa, para la que anunció días atrás un plan extraordinario dotado con más de tres millones de euros. Eso sí, con distintas partidas, según la información oficial: más de 800.000 euros para el pago de indemnizaciones a los dos ganaderos de Borrastre que tuvieron que sacrificar a vacas o 750.000 euros para la contratación de personal destinado al control de vacunaciones, la vigilancia o la toma de muestras.

Ausencia de ayudas por la guerra de Irán

Sin embargo, el lastre afecta a las iniciativas que el Gobierno autonómico podría impulsar para hacer frente a los perjuicios del conflicto en Oriente Medio, con un rescate al transporte o la industria para el que no hay margen. Numerosas comunidades autónomas han anunciado ya cientos de millones de euros en paquetes de ayudas, con el País Vasco, Catalunya, Castilla y León, la Comunitat Valenciana o Navarra entre ellas.

Otra limitación tiene que ver con la aprobación de proyectos de ley, el principal vehículo normativo del Ejecutivo. Esto provoca que iniciativas legislativas como la ley autonómica de vivienda o la de la mujer rural continúe en un limbo mientras no haya gobierno.

En la Cámara, ni siquiera el cargo de la presidenta, la popular María Navarro, se da por seguro: la negociación con Vox puede hacer que, en el reparto de cargos, la segunda autoridad de la comunidad autónoma pase a recaer en la extrema derecha, como sucedió en la legislatura pasada. Un síntoma claro de ello es que hasta el propio equipo de Navarro tiene carácter interino: tanto su director de gabinete como la jefa de prensa forman parte del grupo del PP en las Cortes.

Sin Premio de Aragón 2026

Aunque Azcón se mostró esta semana convencido de que “en los próximos días y en las próximas semanas se van a acelerar” los contactos con Vox, lo cierto es que cada vez parece más complicado que se resuelvan en las próximas dos semanas. Esto dará lugar a un hecho sin trascendencia en materia de gestión pero de gran simbolismo: el presidente en funciones no podría entregar el Premio Aragón, el máximo galardón que concede el Ejecutivo autonómico, dado que estando en funciones el Gobierno regional tiene vetado “conceder honores y distinciones”.

En esta coyuntura de parálisis, el Ejecutivo tampoco puede, por ejemplo, suscribir convenios para la creación de escuelas infantiles, para finalizar estas instalaciones de carácter municipal o para equipamientos públicos.

A nivel político, las críticas por la “hibernación”, como la calificó Pilar Alegría, se han dejado escuchar del bando socialista. La portavoz del Gobierno central, Elma Sáiz, criticó recientemente que la falta de acuerdos entre el PP y Vox, que responde a “intereses que no responden al interés general”, impiden tomar medias que refuercen la colaboración entre administraciones.

Políticas activas de empleo

Por parte de los agentes sociales, las respuestas varían. Desde la patronal, CEOE Aragón elude hacer valoraciones, pese a que en otros momentos su recién elegido presidente, Benito Tesier, no ha dudado en criticar al Ejecutivo central por su respuesta “insuficiente” frente a la guerra de Irán.

Desde UGT Aragón, su secretario general, José Juan Arcéiz, ha reclamado esta semana a la clase política “que se forme un gobierno cuanto antes”, de manera que se puedan “ejecutar los presupuestos con rapidez”. Como ejemplo, Arcéiz mencionó el hecho de que hay “partidas de políticas activas de empleo que tienen dificultad para ser aprobadas”.

Más explícito se muestra el secretario general de Comisiones Obreras Aragón, Manuel Pina. “No es una parálisis total, porque el Gobierno sigue funcionando, pero esta situación genera problemas”, señala Pina, quien se muestra crítico con el hecho de que Azcón adelantara las elecciones con el argumento de que no se había aprobado un presupuesto y, cuatro meses después, la situación ha empeorado. “Hay preocupación entre los agentes sociales, es algo que comentamos entre nosotros. Pediríamos que el Gobierno se ponga a gobernar de verdad. Porque a la interinidad se suma la prórroga presupuestaria, que lo hace peor aún”, resume el líder sindical.