Calatayud se arriesga a perder una ayuda del programa ARRU que ha terminado destinada a pisos de uso turístico

El Ayuntamiento de Calatayud se arriesga a perder una subvención de 311.000 euros proveniente de los fondos ARRU, destinada a rehabilitar inmuebles del casco antiguo, con la que se han levantado 16 viviendas que han sido destinadas a alquiler turístico, cuando la ayuda debía ir enfocada a “mejorar los tejidos residenciales”. El Ministerio va a analizar este “posible uso no residencial”, mientras que el Ayuntamiento argumenta que la convocatoria contemplaba el fomento del alquiler.

El edificio en cuestión, impulsado por la firma Bilbis SL, se levanta en el número 7 de la plaza de Joaquín Costa, sobre el solar donde antes había tres inmuebles declarados en ruina total. La declaración de primera ocupación certifica las mencionadas 16 viviendas más un local y ocho plazas de aparcamiento, ajustados al proyecto y a la licencia concedida. Ese mismo inmueble opera hoy como un bloque de apartamentos turísticos.

El dinero proviene de una convocatoria que en 2021 proyectó la renovación de 30 viviendas con un coste total estimado de dos millones de euros, repartidos entre el Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Aragón y el propio Ayuntamiento de Calatayud. Se presentaron 27 solicitudes y ninguna quedó fuera, según han señalado fuentes municipales a este periódico.

Respecto de la promoción ahora en el centro de la polémica, el anteproyecto apuntaba como objeto declarado la “renovación de los edificios de vivienda” en los números 5, 6 y 7 de la plaza de Costa, y detallaba un edificio de uso residencial colectivo. Las viviendas tienen una y dos habitaciones –ocho en cada caso–. El presupuesto total, incluido el derribo previo de los edificios en ruina, ascendió a 1.119.156,93 euros.

Tanto la construcción como la promoción de los Apartamentos Plaza Costa 7 han correspondido a la mercantil Bilbis SL.

El Ayuntamiento de Calatayud asegura que la tramitación administrativa del expediente se ajustó a lo solicitado. Fuentes municipales defienden que las bases de la convocatoria contemplaban expresamente “el fomento del alquiler de viviendas” como parte del programa, sin que en ningún punto se prohibiera que ese alquiler fuera de carácter turístico. Para el Consistorio, el objetivo de la ayuda se cumplió en el momento en que se construyeron los pisos. La inscripción posterior como vivienda de uso turístico –sostiene– “no altera la naturaleza residencial ni la clasificación urbanística del inmueble”, y es además reversible: bastaría una baja registral para que el edificio recuperase su consideración de vivienda convencional. El registro y la inspección de las viviendas de uso turístico, recuerda el Consistorio, corresponden en exclusiva al Gobierno de Aragón, sin que el Ayuntamiento intervenga en ese trámite.

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, que tramitó la resolución de concesión de la parte autonómica y estatal de la ayuda, mantiene una posición alineada con la del Ayuntamiento. La subvención, explican fuentes del Ejecutivo autonómico, se otorgó conforme a los pliegos de la convocatoria de 2021 y a la finalidad de esa convocatoria, que era rehabilitar o construir edificios y viviendas de tipología residencial colectiva, “sin que el decreto como tal especifique los usos” posteriores. “La ayuda se concede para rehabilitar edificios residenciales, no para un uso concreto de las viviendas incluidas en él”, resume la Consejería de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda lo investigará

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ofrece sin embargo una lectura distinta del mismo programa. El Departamento que dirige Isabel Rodríguez explica que el programa ARRU permite destinar hasta un 30% de la edificabilidad a usos distintos del residencial –un margen pensado, precisa, para poder rehabilitar también locales comerciales–, pero que el 70% restante debe mantenerse como uso residencial. Consultado por este periódico, el Ministerio explica que “va a reclamar al Gobierno de Aragón toda la información sobre los usos a los que se han destinado las viviendas rehabilitadas con fondos ARRU en la comunidad”, antes de decidir si exige la devolución de los fondos estatales. El propio Departamento adelanta, además, que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, actualmente en tramitación, “no deja margen a la construcción o rehabilitación de viviendas o edificios destinadas al uso turístico”.

Las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el 18 de enero de 2021, contienen, sin embargo, una formulación que no es tan neutral como apuntan los organismos local y autonómico. Así, indican que la regulación de las ayudas se hace “con el objeto de potenciar el uso residencial, asegurando la diversidad social y el realojamiento de la población residente, ajustándose a la normativa del planeamiento urbanístico vigente”. Esta formulación constituye el objeto declarado por el propio Ayuntamiento de Calatayud, firmado por el alcalde, el popular José Manuel Aranda, el 28 de diciembre de 2020, en la misma convocatoria que después tramitó y resolvió la ayuda para Plaza Costa 7. Sin embargo, las viviendas no han terminado por potenciar el uso residencial sino por servir como alojamiento turístico.

Lo que las bases no contienen es una obligación de mantenimiento de ese uso residencial durante un plazo determinado tras la primera ocupación, ni una cláusula que prohibiera expresamente la inscripción posterior como vivienda turística. A diferencia de otros programas de vivienda –como las ayudas al alquiler social, que fijan permanencias de entre 25 y 40 años–, el ARRU de Calatayud no impuso al beneficiario un compromiso de destino verificable en el tiempo. En esa laguna se amparan tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón: el promotor no habría incumplido ninguna condición expresa, sino una finalidad general que el resultado final contradice.