La investigación de la UCO de la Guardia Civil sobre la empresa Forestalia, cuyas oficinas fueron registradas la semana pasada, ha reavivado las denuncias contra uno de los proyectos más controvertidos: el clúster del Maestrazgo. Y, más concretamente, sobre los permisos ambientales concedidos para su tramitación. La Plataforma de los Paisajes de Teruel plantea una “demanda penal” y la formación Teruel Existe pide que se investigue por qué se “ocultó” un “informe crítico” con el macroproyecto de parques eólicos.
El clúster del Maestrazgo, que planea desarrollar 22 parques eólicos en esta comarca turolense y que cuenta con el respaldo de los alcaldes de la zona, es una de las mayores iniciativas lanzadas por Forestalia y en la actualidad la gestiona el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners –que ha declinado hacer comentarios sobre estas informaciones–. Y el objeto de la polémica tiene que ver con el visto bueno medioambiental que otorgó en la legislatura pasada el Gobierno de Aragón, y que fue incorporado a la declaración de impacto ambiental (DIA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Según los denunciantes, el mencionado informe favorable fue suscrito por el entonces director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera. Sin embargo, no se remitieron al Miteco otros dos documentos –uno elaborado por técnicos del propio Inaga y el otro suscrito por el entonces director general de Medio Natural (Diego Bayona, de Podemos)– que recogían graves deficiencias en el diseño de los parques eólicos, daños a fauna protegida y que además ponía en cuestión el hecho de que las 22 plantas se agruparan “en un único expediente de evaluación de impacto ambiental”. Esto último, argumentaban los técnicos del Inaga, suponía una “dificultad manifiesta para evaluar sus efectos ambientales y para emitir un informe al respecto” y, al mismo tiempo, parecía “más bien una decisión” que quería “cubrir una posible falta de planificación”.
“Desde el inicio observamos indicios claros de que la evaluación ambiental no se estaba realizando con criterios técnicos ni científicos”, han afirmado este lunes desde Paisajes de Teruel. Y apuntan que fue el propio director general de Medio Natural autonómico, Diego Bayona –de Podemos–, quien trasladó a la asociación “la sospecha de irregularidades en la evaluación ambiental del proyecto”.
En verano, la Plataforma presentó un contencioso-administrativo contra el macroproyecto, pero ahora se plantean llegar a la jurisdicción penal. Denuncian sus “sospechas” de que “la DIA del Clúster del Maestrazgo no se elaboró en el Miteco, sino que pudo haber sido externalizada, lo que sería contrario a la legislación vigente”. En concreto, apuntan a que lo habría llevado a cabo la empresa pública Tragsa. Y mencionan una información publicada el sábado por El Español según la cual funcionarios del Ministerio confirmaba esta circunstancia, no solo en relación con el Clúster del Maestrazgo, sino con unos 40 proyectos de Forestalia sometidos a declaración de impacto ambiental.
Teruel Existe pide investigarlo
También Teruel Existe ha denunciado este lunes el “informe crítico” que el Gobierno de Aragón “ocultó” presuntamente sobre el macroproyecto y ha pedido a la UCO que lo investigue.
Ernesto Romeo, portavoz de Energía y Medio Ambiente de esta formación, ha denunciado que el informe documento “finalmente remitido” al Miteco “suaviza todas las conclusiones, limitándose a asumir, sin espíritu crítico alguno y sin validez técnica, la información del promotor, Forestalia, pero utilizándolo políticamente para crear una corriente de opinión favorable al proyecto”.
Desde Teruel Existe creen “imprescindible” que se ponga el foco en “cómo actuó con estos proyectos el Gobierno de Aragón en la evaluación de sus informes, que aunque lo intenten negar absurdamente son preceptivos para el Ministerio, tan preceptivos como los de las otras comunidades autónomas con los que se paralizaron todos los proyectos de Forestalia para exportar energía menos el del Clúster del Maestrazgo, que lo salvaron con una decisión del Consejo de Ministros para saltarse los informes negativos de la Comunidad Valenciana, y el de la Dirección general de Medio ambiente del Gobierno de Aragón, suponiendo que este informe llegase al Miteco y no lo ocultaran”.
El documento “favorable” fue suscrito directamente por el director del Inaga, Jesús Lobera, y enviado al Miteco. La formación menciona textualmente unas palabras de Lobera en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón sobre la implantación de las energías renovables en Aragón. En ellas, el entonces responsable del Inaga declaró que “los trabajos previos realizados por Sarga y por los técnicos del instituto” no habían sido “suficientemente objetivos, al incluir algunas apreciaciones que no correspondía valorar por el órgano ambiental”. Esto habría derivado en la necesidad del entonces director de redactar y emitir dicho documento. Romeo ha incidido en que, “desde su posición de director pero sin los conocimientos técnicos necesarios para ello –Lobera es veterinario de profesión–, después de obviar por completo el trabajo de su equipo técnico, se puso a redactar su propio informe, de su puño y letra”. Un documento, añade, “que no deja de ser un compendio de datos del propio proyecto que da por válidos sin más”.