El mensaje en X que se vuelve contra Azcón: “El maltrato al patrimonio de Zaragoza debe tener consecuencias”
Varios cascotes de piedra caliza se han desprendido recientemente del lienzo de la muralla romana de Zaragoza, específicamente en el tramo situado junto a la iglesia de San Juan de los Panetes, próximo al Mercado Central de la capital. El incidente ha dejado al descubierto material de disgregación en la base del monumento, evidenciando el avanzado estado de erosión superficial que padece este Bien de Interés Cultural (BIC), que los peritos municipales achacan a las últimas lluvias, afectando a las capas inferiores de la muralla. Tal como ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, técnicos del servicio de arqueología aplicarán algún pequeño tratamiento de consolidación a estas piedras areniscas. Este desprendimiento se suma a las patologías crónicas que presenta la estructura, caracterizadas por una marcada erosión diferencial, pérdida de mortero en las juntas y la descamación de los sillares debido a la humedad por capilaridad y las vibraciones del tráfico urbano.
Estos daños, que hoy se manifiestan en grietas y oquedades, motivaron en 2018 una denuncia pública del entonces líder de la oposición y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón. En aquel momento, Azcón afirmó de forma tajante que el “maltrato al patrimonio histórico de Zaragoza debe tener consecuencias” y anunció que exigiría responsabilidades por “no garantizar la protección” del monumento. Nueve años después de aquel pronunciamiento, la evidencia física del legado romano revela que el paso del tiempo es tan implacable con la piedra como con la hemeroteca.
Ante la persistencia del deterioro y la caída de material, el Ayuntamiento instaló en 2025 un vallado perimetral de seguridad de 1,80 metros para frenar el desgaste físico de la piedra. La intervención se realizó de manera urgente apenas unas semanas antes del inicio de la Semana Santa, con el objetivo principal de evitar que el lienzo de piedra caliza fuera utilizado como “grada” o plataforma por el público durante el paso de las procesiones, un uso intensivo que el Ayuntamiento identificó como un factor crítico en la aceleración de la disgregación de los sillares. Hoy, los arqueólogos municipales recomiendan ampliar el vallado.
Esta medida de urgencia, sufragada con fondos municipales, representa la respuesta técnica inmediata que la administración local puede ofrecer mientras se resuelve la compleja arquitectura financiera que requiere una restauración de esta envergadura.
En la práctica, la rehabilitación estructural y profunda de la muralla —valorada en más de 3 millones de euros— excede las capacidades ordinarias del presupuesto municipal de mantenimiento. Por ello, el proyecto definitivo sigue vinculado a la captación de fondos externos y programas de colaboración institucional, los únicos capaces de sufragar una intervención integral en el núcleo del muro.