Aragón abre el proceso de escolarización entre la incertidumbre de padres y madres por el Bachillerato concertado
El proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en Aragón arranca el jueves marcado por la incertidumbre de padres y madres y por las críticas tras el anuncio de que el Ejecutivo autonómico financiará la concertación de unidades de Bachillerato, lo que ha intensificado el debate sobre la planificación educativa y el uso de los recursos públicos. El Departamento de Educación señala, eso sí, que se trata de dos procesos complementarios y que no interfieren entre sí.
El calendario oficial de escolarización fija el periodo de solicitud entre el 16 y el 22 de abril para Infantil, Primaria, Educación Especial y Secundaria Obligatoria. El proceso afecta especialmente al alumnado que se incorpora por primera vez al sistema, con 8.669 niños de tres años, 316 menos que el curso.
De acuerdo con los datos del padrón, está previsto que soliciten plaza 6.409 alumnos en la provincia de Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel, lo que supone un descenso de 316 escolares respecto al curso anterior. El próximo curso, Aragón abrirá al menos 16 nuevas aulas TEA, 12 aulas de Educación Especial y cuatro nuevas aulas de escolarización anticipada a los dos años, a lo que se suma una reducción de ratios y un aumento de la oferta de grupos, especialmente en primero de Educación Infantil.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 22 de abril a las 14.00 horas. A continuación, los centros educativos baremarán las solicitudes presentadas. Las listas se publicarán el 4 de mayo y el sorteo público para dirimir los posibles empates tendrá lugar el día 8. Las listas provisionales se darán a conocer el 11, mientras que las listas definitivas se publicarán el 15 de mayo. La tercera semana de mayo se sabrá ya qué colegios tendrán concertado el bachillerato.
El periodo de matriculación para Educación Infantil, primero de Primaria y Educación Especial se desarrollará del 26 de mayo al 1 de junio. En el caso del alumnado de segundo a sexto de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, el plazo de matrícula será del 19 al 25 de junio.
La tramitación se realiza preferentemente por vía telemática a través del portal educativo del Gobierno de Aragón, aunque se mantiene la posibilidad de presentar solicitudes con apoyo en los centros. El sistema permite elegir hasta seis centros por orden de preferencia y consultar tanto las vacantes como la evolución del proceso.
Bachillerato concertado
Mientras, y pese a la incertidumbre generada entre padres y madres sobre cómo puede influir esta escolarización en la concertación del Bachillerato anunciada por el Ejecutivo autonómico, fuentes del Departamento de Educación aseguran que este proceso no va a interferir con el de escolarización ya que son complementarios.
Hasta la tercera semana de mayo no se dará a conocer cuáles son los centros privados seleccionados que podrán concertar primero de Bachillerato –un máximo de 65 aulas en esta primera etapa–. Y el plazo de inscripción para esta etapa educativa va del 2 al 7 de julio, con lo que para entonces la escolarización estará ya resuelta. Los colegios seleccionados se mantendrán dentro del paraguas del concierto educativo más allá de la Educación Secundaria, con lo que el paso a 1º de Bachillerato sería automático para los alumnos que se hayan inscrito en ese centro.
Los colegios podrán concertar las mismas unidades con que cuentan en el actual curso 2025-26. Respecto a la situación de los centros que reducen su número de clases de la ESO al Bachillerato –donde se puede llegar a la situación de que haya más solicitudes que plazas–, fuentes del Departamento aseguran que son casos “muy excepcionales”.
La decisión de concertar el Bachillerato ha intensificado las críticas sobre la distribución de los recursos. Mientras se destinan fondos a ampliar la oferta en centros privados, sectores de la comunidad educativa cuestionan que institutos públicos con alta demanda, como el IES Miguel Servet en Zaragoza, no hayan experimentado ampliaciones equivalentes en infraestructuras o plantilla. Además, numerosos colectivos se han agrupado en una plataforma para reclamar ante los tribunales la paralización de esta iniciativa, que se lleva a cabo con un Gobierno en funciones.
Críticas por la oferta de plazas
Por otro lado, existen críticas de la comunidad educativa respecto a los problemas de planificación en otras etapas educativas. Organizaciones educativas y asociaciones de familias apuntan a una falta de previsión en la oferta de plazas, especialmente en Infantil y Primaria y en zonas con crecimiento urbano reciente.
En barrios de expansión de Zaragoza como Arcosur o Parque Venecia, centros como el CEIP Arcosur o el CEIP María Zambrano han concentrado en los últimos años una alta demanda. Esta presión se ha traducido en la apertura progresiva de unidades y en el uso prolongado de instalaciones provisionales. En estos entornos, las familias denuncian que no siempre se conoce con antelación si habrá suficientes plazas públicas o si será necesario recurrir a centros alejados del domicilio.
Las carencias de infraestructuras no se limitan a la capital aragonesa. En Huesca, la comunidad educativa lleva tiempo reclamando la construcción de un nuevo instituto público que permita absorber la demanda. Centros como el IES Pirámide o el IES Ramón y Cajal concentran buena parte del alumnado de la ciudad, lo que incrementa la presión sobre sus recursos.
A estos casos se suma la situación de varios colegios que continúan utilizando aulas prefabricadas —los conocidos barracones— más allá de lo previsto inicialmente. Esta circunstancia se ha hecho visible en centros de nueva creación en Zaragoza, como el CEIP Arcosur, donde las instalaciones definitivas no han llegado al mismo ritmo que el crecimiento del alumnado, limitando espacios comunes y aulas específicas.
El debate sobre los recursos humanos añade otra dimensión. El incremento del alumnado con necesidades educativas especiales en la última década no siempre ha ido acompañado de un refuerzo equivalente en personal especializado. Diferentes organizaciones sitúan la ratio en torno a un orientador por cada 600 alumnos, una cifra que consideran insuficiente para garantizar una atención adecuada, especialmente en centros con mayor complejidad.
A estas tensiones se suman las dificultades relacionadas con el profesorado. Diversos colectivos educativos advierten de la falta de especialistas en atención a la diversidad y de la sobrecarga de trabajo de los equipos docentes, que asumen cada vez más funciones sin un refuerzo proporcional de plantilla. La inestabilidad derivada de la rotación de profesorado interino y los ajustes vinculados a la matrícula completan un escenario en el que los centros deben responder a una mayor complejidad con recursos limitados.
En paralelo, el descenso demográfico en algunas etapas abre la posibilidad de reducir ratios y mejorar las condiciones en las aulas, aunque algunas voces consideran que esta oportunidad no se ha aprovechado plenamente.