En pleno arranque de 2026 y con la precampaña autonómica en el horizonte, el debate sobre las infraestructuras viarias de Aragón ha saltado de los despachos técnicos a la arena política. El conflicto en torno a las obras de la carretera A-230, que une Sariñena y Caspe y vertebra buena parte de la comarca de Los Monegros, se ha convertido en un símbolo de esa disputa: una actuación largamente demandada que avanza entre acusaciones de inseguridad, defensa gubernamental de una inversión “histórica” y un trasfondo electoral cada vez más evidente.
La renovación integral de la A-230, incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras (PEC), ha sido duramente cuestionada por el PSOE. La diputada autonómica Lorena Canales ha denunciado de forma reiterada que la ejecución de las obras está generando situaciones de riesgo para los usuarios, especialmente en el tramo de 25 kilómetros entre Sariñena y Castejón, donde se están invirtiendo 17,9 millones de euros. Según la socialista, no se trata de simples molestias propias de cualquier obra, sino de problemas graves de seguridad vial: baches que “revientan ruedas”, desniveles pronunciados de hasta medio metro, zonas de firme blando y tramos de tierra sin señalización adecuada.
Para reforzar su denuncia, el PSOE difundió un vídeo en redes sociales con imágenes de estos puntos conflictivos, acompañado de un mensaje claro: “Esto no es una molestia, es un riesgo real”. Canales sostiene que las advertencias vienen de lejos y que el Gobierno de Aragón ha respondido de forma insuficiente. Recuerda que ya en noviembre alertaron de la falta de seguridad y que, dos meses después, apenas se había instalado un semáforo provisional. Con las heladas y las lluvias de las últimas semanas, añade, el estado de la vía se ha deteriorado aún más, hasta el punto de calificarla de “prácticamente impracticable” en algunos tramos.
Pese a las críticas, la diputada socialista subraya que no cuestiona la necesidad de la obra, que de hecho fue impulsada por su propio partido cuando estaba en el Gobierno. “Cuando esté terminada será una gran carretera”, reconoce, pero insiste en que la ejecución está siendo “un auténtico calvario” por la falta de medidas de seguridad durante los trabajos.
El Gobierno de Aragón ha respondido escenificando su respaldo al proyecto con varias visitas sobre el terreno, entre ellas la del director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio. Desde el Ejecutivo se defiende que la A-230 partía de una situación “completamente agotada” tras años de falta de inversión, lo que explica parte de las deficiencias actuales. Además, sostienen que las obras avanzan según lo previsto y que ya se ha superado el 55% de ejecución dentro del Itinerario 4 del PEC, que engloba más de 150 kilómetros de actuaciones y una inversión global superior a los 150 millones de euros.
Arminio ha reconocido que las obras generan molestias, especialmente en una carretera que presentaba un deterioro muy acusado, pero ha asegurado que “la situación va a empezar a cambiar de manera drástica en las próximas semanas y meses”. Para aliviar los problemas mientras se completa la renovación integral, el Gobierno ha anunciado una intensificación del bacheo temporal con el objetivo de mejorar la transitabilidad del firme.
Técnicamente, la actuación contempla el ensanchamiento de la calzada hasta los siete metros, la mejora del drenaje y la renovación completa del pavimento, lo que, según el Ejecutivo, convertirá la A-230 en “una carretera completamente nueva”. Ya se ha reforzado el firme en el tramo entre Bujaraloz y el límite provincial, se han completado los movimientos de tierras entre ese punto y Sariñena y los trabajos de drenaje están muy avanzados. La previsión oficial es que en mayo quede totalmente renovado el tramo entre Sariñena y Pallaruelo de Monegros y que la totalidad de la vía esté finalizada antes de que termine 2026, pese a que el contrato fija marzo de 2027 como fecha límite.
En paralelo, el Gobierno impulsa la variante de Sariñena, una obra de 2,5 kilómetros que conectará la A-129 y la A-230 para desviar el tráfico pesado fuera de la travesía urbana. Según la administración autonómica, los movimientos de tierras ya están concluidos y se trabaja actualmente en las capas de firme, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de la capital monegrina.
La controversia de la A-230 no es un caso aislado en Aragón. En la comarca de la Galliguera, la carretera A-125, que conecta Ayerbe, Biscarrués y Ardisa, ha sido objeto de protestas vecinales en los últimos meses por su mal estado. Vecinos y ayuntamientos han denunciado un firme plagado de baches y la ausencia de arcenes en algunos tramos, lo que consideran un riesgo para quienes la utilizan a diario. A finales del pasado año se produjeron concentraciones y los colectivos afectados han advertido de nuevas movilizaciones si no se concreta una intervención integral, mientras el Gobierno autonómico reconoce que el proyecto está redactado pero pendiente de ejecución.
También la A-127, en las Cinco Villas, ha generado tensiones en torno a su desdoblamiento entre Tauste y Ejea de los Caballeros. Aunque las obras avanzan, sectores agrarios y vecinos han expresado preocupación por el impacto del trazado en caminos y accesos a explotaciones agrícolas, así como por la falta de consenso sobre algunos aspectos del diseño final. Sin llegar al nivel de confrontación pública de la A-230 o la A-125, el caso refleja cómo las grandes infraestructuras viarias pueden convertirse en foco de disputa cuando se cruzan intereses económicos, demandas locales y decisiones técnicas.
Estas controversias evidencian una paradoja recurrente en Aragón: mientras se despliega un volumen de inversión significativo en carreteras, especialmente a través del Plan Extraordinario de Carreteras, persiste un malestar en amplias zonas rurales por la percepción de retrasos, problemas de seguridad o falta de sensibilidad con las necesidades locales. Para los vecinos de Los Monegros, la Galliguera o las Cinco Villas, estas carreteras no son solo obras públicas, sino también arterias esenciales para acceder a servicios, trabajo o educación.