Las quejas por la falta de personal, por las vacantes sin cubrir y por el estado de las instalaciones educativas no dejan de sucederse durante este curso escolar en Aragón. La provincia de Huesca tiene unas 40 plazas de personal sin cubrir, según denuncian desde CGT, lo que obliga a los equipos directivos a asumir funciones que no son las suyas y las protestas de los padres y madres. En este contexto, familias, sindicatos y docentes critican el plan del Gobierno de Aragón para concertar el Bachillerato, un proyecto con un coste de siete millones de euros que anunció Azcón y que está recibiendo una fuerte contestación social: “Se van a gastar millones en el bachillerato en centros concertados cuando sobran 2.500 plazas en centros públicos”. El Departamento de Educación sostiene que se está trabajando en cubrir todos los puestos y critica el “déficit estructural de mantenimiento” de anteriores gobiernos.
En el caso del colegio de Broto, las familias han denunciado que no tienen personal en la cocina del comedor, lo que está obligando al centro a contratar un catering de Huesca: “Cuesta 140 euros diarios el transporte, más el coste de la comida que es más alto que cuando se hace aquí”, explica María Castillón, madre y secretaria del AMYPA de Broto. Cada día, de lunes a viernes, un camión de una empresa de catering de la ciudad de Huesca recorre los 88 kilómetros que separan la capital altoaragonesa de la localidad de Broto para llevar la comida a los más de 60 alumnos de las aulas del CRA Alto Ara en Broto y Torla que hacen uso del comedor escolar. Una situación que, denuncia la AMYPA, “se repite desde hace más de un mes. Los niños no comen mal, pero es algo insostenible”.
El coste “se ha duplicado para el colegio”, señala Lucía Oliván, “han pasado de pagar 3.000 euros al mes a, solo en noviembre, superar los 6.000 euros. Al final, el centro se quedará sin recursos, y seremos los padres lo que tendremos que pagar por la falta de previsión de la DGA, que no tiene personal en la bolsa de cocinera y no abre un proceso ni para cubrir la baja ni para generar una nueva bolsa”. Castillón añade que, además, si se abriese la bolsa en la localidad sería “una buena salida laboral y hay mucha gente interesada” y muestra su enfado ante el “abandono” de las zonas rurales: “Se les llena la boca con la España vaciada y las escuelas rurales, pero así se vaciará a pasos agigantados”.
Este centro también sufre la carencia de una auxiliar de educación especial, cuando hay dos niños con esta condición. Castillón relata que una de ellas “tiene una dependencia completa” y que se ha trasladado a una de las auxiliares de Ainsa tres días a la semana: “Los otros dos días la niña va a Sabiñánigo, pero, ¿por qué tenemos que dejar sin auxiliar al centro de Ainsa?”, se pregunta. El Departamento de Educación ha explicado a este diario que se están haciendo “todos los esfuerzos posibles” para cubrir lo antes posible esos puestos. Se ha recurrido al INAEM para encontrar candidatos y reconoce que en el medio rural “se multiplican los problemas para dar con interesados”.
A 97 kilómetros, en otro valle oscense, los alumnos y alumnas del IES Domingo Miral de Jaca han dado “clases en los pasillos”, según denuncia CCOO. “Las instalaciones del centro han llegado a un nivel de deterioro que ya no admite más demoras. Por poner algunos ejemplos del nivel de degradación, presenta problemas de humedades y de hongos en los techos y columnas los cuales tienen daños severos debido a su antigüedad y falta de mantenimiento. Las goteras son una constante”, critican desde el sindicato.
Utilizan este centro como ejemplo de la “situación crítica” en la que se encuentran muchos centros educativos públicos de la provincia de Huesca. “La insuficiente inversión perpetuada a lo largo del tiempo ha dado lugar al deterioro progresivo de los edificios, algunos de los cuales presentan deficiencias estructurales graves que comprometen la seguridad y la calidad educativa. En suma, la eficiencia energética de los centros educativos es nula y el sindicato ya exigió antes de verano un plan para la transformación energética de los centros educativos, enfocándose en la climatización y en la mejora de las condiciones térmicas”, exponen. Según el sindicato los centros de la provincia de Huesca presentan “problemas estructurales, como filtraciones de agua, grietas en muros y techos, deficiencias en los sistemas eléctricos y de calefacción, así como patios y espacios comunes deteriorados. Estos problemas estructurales se vienen arrastrando durante años y requieren reparaciones, mantenimiento y mejoras profundas”.
Estos problemas estructurales, según reconocen desde el Departamento de Educación, se arrastran desde hace “décadas”: “Este gobierno ha tenido que desalojar tres centros educativos por la falta de mantenimiento y de actuaciones del anterior Gobierno. Y ha emprendido un plan de contingencia y revisión de todos los centros aragoneses, con un inventario de centros”, exponen.
“Habiendo vacantes y personas en listas no se cubren las plazas”
Las quejas de familias y docentes no solo se producen en el medio rural. En la capital oscense, fuentes del IES Sierra de Guara denuncian “falta de recursos para el propio funcionamiento básico, a nivel de reposición de material deportivo o de poder tener dotación suficiente para el pago de facturas”. Explican que el dinero que proporciona el Departamento de Educación a los centros mediante libramientos “llega tarde” y que eso impide que se puedan acometer gastos extraordinarios en proyectos educativos, por ejemplo. Aseguran que parte del problema es que “no hay estabilidad de los equipos directivos” que, en muchos casos “varían casi cada año”: “Eso genera una inestabilidad porque es imposible que se puedan acometer proyectos de envergadura cuando el equipo va cambiando cada año porque no tienen ni incentivo económico, no hay casi diferencia entre lo que recibe un docente por ser directo a lo que se recibe siendo profesor solo. Hay mucha más voluntad que posibilidades”.
En este centro hay vacante una plaza de conserje a jornada completa y una de personal de limpieza. Fuentes de este centro exponen también que “tenemos desde hace diez años seis aulas en barracones, fue con carácter provisional, pero como están llegando más alumnos de los que en principio se esperan se requieren todavía más aulas, los barracones no se ha podido prescindir de ellos”. Comparan la situación con la medida anunciada por el Gobierno de Azcón para concertar el bachillerato, un plan que ha generado mucha controversia en la comunidad: “Encima oyes que se van a destinar millones de euros a la escuela concertada cuando sobran 2.500 plazas de bachillerato cada curso en centros públicos”.
Las vacantes en los centros públicos son alrededor de 40, según expone Arancha García Carpintero, de CGT en Huesca: “Lo del personal no docente es vergonzoso, habiendo vacantes y personas en listas no se cubren las plazas”, critica. Esta representante sindical trabaja en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Montearagón de Huesca y expone que, esta misma semana, se ha cubierto la plaza de jefa de administración, vacante más de dos años y que queda todavía una vacante de auxiliar administrativo sin cubrir, “desde hace cuatro o cinco meses”. Comenta que los problemas derivados de no tener personal administrativo “son muchos”: “No sale la documentación, no se pueden tramitar las becas. Juegan con la ventaja de que los docentes y el equipo directivo hace las labores que no les corresponden para que no pasen males mayores, cubrimos esos huecos y carencias”.
Sin embargo, asegura que esto “genera estrés”. También hay una vacante en la plaza de conserje, por lo que los docentes “cogemos las llaves y hacemos las funciones para que todo funcione” y esta misma semana se han cubierto las plazas de personal de limpieza “después de seis meses”: “Es un problema importante porque privamos a personas con necesidad de trabajo de una plaza que les corresponde y a los centros con falta de recursos”. García Carpintero considera que hay un interés detrás de estos problemas: “Están privatizando el trabajo que antes estaba en manos de personal no docente, contratando empresas de limpieza por ejemplo. Así se gasta mucho dinero a costa de precarizar los empleos y privatizar. Es un desmantelamiento de lo público”.
La consejera de Educación, Tomasa Hernández, respondió a preguntas de los grupos políticos sobre el estado de la educación en Aragón durante el pleno de las Cortes del pasado 11 de diciembre. Allí aseguró que “la educación ha mejorado muchísimo con el Gobierno del señor Azcón” y destacó el “modelo educativo basado en la libertad de elección de centro, la equidad y la inclusión” al tiempo que negó la privatización: “No se privatiza nada, no se desmantela la educación”. No obstante, sí que reconoció “incidencias puntuales” en determinados centros para cubrir las plazas vacantes, “sobre todo en el mundo rural. Somos una comunidad en la que la despoblación a la hora de cubrir los servicios nos causa perjuicio”.