Las Cortes de Aragón reconocen el derecho de los agricultores a intercambiar y vender sus propias semillas
Las Cortes de Aragón votaron el pasado 6 de septiembre una Proposición No de Ley para reconocer el derecho de los agricultores a utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas. La propuesta fue llevada al parlamento autonómico por el diputado de Podemos Nacho Escartín que, aunque reconoce que se trata de “un gesto simbólico”, señala que responde a una realidad: el tradicional intercambio o compra de semillas entre agricultores “es un tipo de práctica alegal”, mientras que su comercio sí está regulado en establecimientos fitosanitarios.
La Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad aprobó el texto de Podemos con los votos a favor de PSOE y Grupo Mixto -integrado por IU, que en 2014 ya logró el apoyo para una iniciativa similar, y Chunta-, la oposición del PP y la abstención de PAR y Ciudadanos. En realidad, todos los grupos mostraron de un modo u otro su apoyo al derecho de los agricultores respecto a las semillas, pero la proposición contaba con otro punto que despertó desencuentros: el rechazo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación.
Según expuso Escartín en sede parlamentaria, este reglamento, propuesto por el PP en las Cortes Generales en julio de 2015, “vulneraría directamente el derecho que tenemos todos los agricultores a intercambiar y vender nuestras semillas”.
La venta de semillas, complemento a la actividad agrícola
El proyecto de reglamento contó en su momento con alegaciones de la Red Estatal de Semillas, Ecologistas en Acción y COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), en las que estas entidades señalaban una carencia fundamental: no contempla la conservación y venta de las semillas en las propias fincas, como complemento a la actividad, principal, y se centra en regular los operadores comerciales. Además, según denunció Escartín, el reglamento establecería la creación de un comité en el que no se prevé la presencia de los colectivos implicados en la conservación del patrimonio fitogenético.
Un tercer punto de la Proposición No de Ley aprobada insta al Gobierno de Aragón a que solicite al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “una normativa adaptada a la actividad de las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales, asegure el derecho de agricultores y consumidores a elegir las plantas que cultivan y los alimentos que consumen, y gestione con transparencia e información en el etiquetado los métodos de selección utilizados para generar las variedades y la propiedad intelectual que gestiona su uso”.
Dado que el proyecto de reglamento se presentó poco antes del final de la legislatura de 2015, se trata de un texto “en el limbo”, apunta Escartín, para quien, en cualquier caso, con la Proposición No de Ley aprobada queda establecida una “declaración de intenciones” de las Cortes de Aragón en caso de que fuera retomado.
