En algún punto de Zaragoza, hay mujeres que reconstruyen en silencio lo que la trata y la violencia sexual rompieron. A veces lo hacen sin documentación ni redes familiares de apoyo, pero es ahí donde, a pesar del miedo, las acompañan varias trabajadoras sociales, psicólogas y educadoras sociales que no las juzgan.
Así empieza, casi siempre, el camino en el que el proyecto Himaya se convierte en refugio, en impulso y, sobre todo, en una nueva oportunidad. En él, la protección no se limita a abrir una puerta sino en cerrarla con fuerza en otra ciudad o comunidad para deshacerse del peligro.
Himaya significa “protección” en árabe y no es casual. En 2024, las entidades ACISJF In Vía Zaragoza e In Vía Barcelona pusieron en marcha este proyecto para ofrecer deslocalización y acogida integral a mujeres supervivientes de violencia de género o trata con fines de explotación sexual.
Se trata de casos donde permanecer en su lugar de origen supone un riesgo para su integridad, por lo que Himaya apuesta por cambiarlo todo.“Tenemos una necesidad importante en el tema de la deslocalización”, explica Yolanda Paúl, directora de programas de ACISJF In Vía Zaragoza, quien recuerda que esta iniciativa surgió a raíz de tener solicitudes de fuera de Aragón y detectar una falta de recursos y medios para hacer frente.
No obstante, no todos los inicios son fáciles. Aunque desde las entidades ofrecen su apoyo, al otro lado hay mujeres con “muchísimo miedo de salir de la situación de la que están”. Al final, tal y como detalla Yolanda Paúl, muchas de ellas han sido captadas en pisos donde están encerradas las 24 horas del día y los siete días de la semana.
De hecho, advierte que las redes sociales, el uso de plataformas como OnlyFans y las nuevas formas de captación hacen que hoy sea más difícil detectarlas y más peligroso o complejo salir del lugar en el que están.
Las primeras barreras
Por si no fuera suficiente haber pasado por una situación así, empezar de cero en otra ciudad trae consigo barreras de todo tipo. La primera de ellas suele ser la falta de documentación, ya que, en sus palabras, a muchas de estas mujeres se la han requisado o la han perdido entre trayectos.
Esto, lo que a priori puede parecer una situación de menor importancia, las conduce a no poder demostrar su identidad y a enfrentarse a trabas burocráticas con las administraciones de sus nuevos destinos.
Cada caso que entra en Himaya es una historia que se deshilacha capa a capa, en procesos largos y sin atajos. Primero, seguridad. Después, lo básico: alimento, vivienda y atención sanitaria. Más adelante, se trabaja la salud mental, la autonomía y la inserción laboral.
“Contar con un entorno seguro en esta reconstrucción es muy complicado. Estas mujeres no tienen apenas contacto con el exterior a nivel social mientras están en esos pisos y muchas llegan con importantes secuelas psicológicas, con problemas de salud mental”, denuncia.
De hecho, según cuenta, en algunas ocasiones estas mujeres han sido obligadas a consumir sustancias para resistir jornadas interminables o, bien, lo han hecho ellas mismas como una vía de “supervivencia” en los contextos en los que se han tenido que mover.
Por ello, para Paúl, “es trabajar cada capita, poco a poco, y partiendo de lo más básico”. Después, cuando cogen “algo de confianza” con ellas mismas y con el equipo, se van trabajando otras cuestiones o se les recomienda realizar cursos fuera de la red de trabajo para que puedan conocer a más gente.
Y todo eso sin olvidar el trauma. “A veces han sido traicionadas por su propia familia o amistades”, recuerda Paúl, quien añade que “estas situaciones rompen mucho la confianza con otras personas y conlleva a que la reinserción sea un proceso mucho más largo”.
Además, como cada mujer tiene su propio proceso, el tiempo que pertenecen al proyecto Himaya varía. “Suele oscilar entre un año y año y medio. Y son trasladadas a Barcelona o a Zaragoza dependiendo de si tienen algún tipo de red que sea adecuada y les pueda ayudar”, sostiene.
Un perfil cambiante
En este 2025, el proyecto acoge a siete mujeres y sus hijos o hijas, con un equipo especializado formado por cinco trabajadoras sociales, dos psicólogas, dos educadoras sociales y una persona responsable del proyecto.
La mayoría de las mujeres atendidas son migrantes en situación de vulnerabilidad que inician un proyecto migratorio pensando que trabajarán en el hogar o los cuidados, pero al llegar a España se encuentran con la retención de pasaportes y una realidad muy distinta. “Suelen ser de América Central o África en nuestro caso. Pero luego hay más mujeres de Tailandia o Rumanía”, explica.
A pesar de la gravedad del problema, la sociedad sigue dándole la espalda. “Yo creo que se vive bastante de espaldas a este tipo de realidades”, denuncia Paúl, sobre todo “viendo que España es el primer consumidor de prostitución a nivel europeo y el tercero a nivel mundial”.
“Estos datos son bastante significativos y demuestran lo bastante ciegos que estamos con la prostitución y, sobre todo, con la trata que conlleva la prostitución”.
Mitos y más barreras
Uno de los principales mitos con los que luchan desde la entidad es la idea de que estas mujeres “sabían a lo que venían” y que eligen libremente ejercer la prostitución. “Hay que acabar desmitificando y desechando estas ideas. Las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre. No eres libre cuando no tienes dinero para comer o para mantener a tus hijos. Se ven obligadas a permanecer en esos entornos”, afirma.
Además, ser mujer, extranjera y madre complica aún más la inserción en el mercado laboral o el acceso a una vivienda, lo que “las puede llevar a pensar que es la única alternativa que tienen”.
No obstante, Yolanda Paúl considera que, a la hora de entrar en una casa, “pueden tener más problemas por ”tener menores a su carga o ser personas con rasgos de origen africano“. Mientras, en el ámbito laboral, pesa la falta de dominio del idioma o los problemas de acción.
“Lo tienen mucho más difícil porque directamente ni les cogen el teléfono o les ponen excusas. Y es una pena”, señala, además de advertir que “ellas tienen muchas corazas que han ido creando para protegerse de la sociedad”.
Una ayuda que lucha por su continuidad
Himaya no nace de la nada, sino que forma parte de una larga historia de protección y compromiso que hunde sus raíces en el trabajo pionero de la Baronesa de Montenach.
Desde 1904, esta red ha desplegado comités, hogares, servicios de acompañamiento, atención jurídica, psicológica y social. Y hoy, desde una perspectiva feminista e interseccional, actualiza esa misión con más profesionalidad, más enfoque de derechos y más resistencia.
Sin embargo, a pesar de su ayuda, es un proyecto que no siempre tiene garantizada su continuidad ya que “los resultados no se ven tan a corto plazo”.
“El horizonte es seguir trabajando en la misma línea y poder ayudar al máximo de mujeres posibles”, concluye Paúl, quien sostiene que, muchas veces, “la mayor dificultad que tenemos las entidades sociales es conseguir financiación para continuar con proyectos tan específicos”.
Aún así, desde la entidad llevan a cabo diferentes proyectos de acogida y protección para mujeres en riesgo de explotación sexual y laboral, con atención integral y apoyo a la inserción sociolaboral.
Asimismo, ofrecen recursos residenciales para mujeres y familias supervivientes de violencia de género, atención psicológica, acogida integral de infancia superviviente de TSH, asesoramiento administrativo y jurídico e intervención socioeducativa con supervivientes de TSH y violencia de género en contextos residenciales.
Y aunque los resultados no siempre puedan demostrarse de manera inmediata, las mujeres que forman parte de proyectos como este sí lo ven. Porque Himaya no salva, pero acompaña. No promete, pero protege. Y, sobre todo, sostiene e impulsa desde la deslocalización para volver a empezar.