Juan Alberto Belloch: “Faltan medios y recursos para perseguir la corrupción”

Juan Alberto Belloch se reincorporó ayer a la judicatura tras 22 años en la política, tres de ellos como ministro de Justicia y de Interior (1993-1996) y los doce últimos como alcalde de Zaragoza. Aprovecha la salida de la política en activo para analizar algunas de sus medidas y nuevas propuestas como la de Cs de acabar con CGPJ o las medidas tomadas en Francia tras los atentados de París.

¿Qué sensaciones tiene en su primer día de vuelta a casa por su regreso a la judicatura?

Tengo más bien la sensación de que vuelvo al cole. ¿Recuerda aquellos larguísimos veranos cuando éramos críos? Al volver a la escuela parecía que empezaba una vida nueva, distinta. Llegabas con muchas ganas y, al mismo tiempo, con mariposas en el estómago, con cierta inquietud por si te ibas a saber adaptar a la nueva situación.

¿Ha tenido miedo escénico por el reciclaje?

Miedo, no; respeto, sí. He seguido muy de cerca los cambios legislativos, pero no he seguido, salvo en casos concretos, la jurisprudencia.

Usted impulsó en 1995, como ministro de Justicia, el Código Penal de la democracia. Ahora vuelve a la jurisdicción penal. ¿Le han cambiado un poco las normas, no?

También aprobamos la Ley del Jurado y la de la Asistencia Jurídica Gratuita. La verdad es que la última reforma del Código Penal ha cambiado cerca de 200 artículos. El de 1995, el primero que se debatía artículo por artículo en España, queda muy desvirtuado. Ahora ya no se le puede llamar Código Belloch.

Hay un debate sobre el uso de palabras como “imputado” e “investigado” y sobre la presunción de inocencia. ¿Cuál es su postura?

Mi tesis es que la revisión de la situación de un cargo público solo cabe en dos momentos: en la apertura del juicio oral y en el auto de procesamiento. Entonces se está de verdad imputado, es ahí cuando el juez dice que hay indicios racionales de que alguien ha cometido un delito. La presunción de inocencia no debe operar solo en la sentencia, debe imperar durante todo el proceso. Lo que ocurre es que los partidos políticos han tenido comportamientos dispares, desde condenados que han seguido como si nada hasta gente a la que hacen dimitir porque alguien se ha querellado contra él. El juez te tiene que citar como imputado siempre que alguien te denuncia, pero lo que es una garantía se ha convertido en un estigma. Y eso es inaceptable.

¿No sería bueno que la ley marcara objetivamente en qué momento procesal debe ser suspendido un cargo público?

Estaría bien esa medida, ya que los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo.

¿Sigue siendo un defensor del jurado?

El tiempo ha demostrado que el jurado hace muy bien su trabajo. A veces había críticas, en unos casos corporativas y en otros reaccionarias, pero ha funcionado. Sigue siendo lo que debería ser la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un sistema acusatorio puro frente al inquisitivo de la jurisdicción tradicional.

En ese Código de 1995 comenzó a tratarse de manera específica la violencia de género. Sin embargo, la lacra continúa, con casi medio centenar de crímenes en lo que va de año. ¿Qué se puede hacer para erradicarla? ¿Por dónde puede venir la solución?

Se puede contestar con tópicos sobre la educación, pero no me los acabo de creer. Se ha insistido en esos temas, pero hay maltratadores jóvenes. No se corresponde con esquemas de gente mayor, sino que también hay bárbaros de poca edad. La prevención la veo muy poco plausible. Yo creo que la solución viene por la represión y por la protección de la mujer. Esas son las vías. No debemos renunciar al ideal de la educación, pero con un cierto escepticismo ante los resultados obtenidos, que no son satisfactorios.

Y la corrupción, ¿se soluciona solo con el castigo al corrupto que se detecta o es un problema más profundo?

La tecnología conlleva un problema al permitir que la gente oculte su dinero de manera que resulta muy difícil de encontrar. La gente se pregunta por qué no se actúa antes contra los corruptos, pero lo que suele ocurrir es que no hay pruebas. Yo nombré como primer fiscal Anticorrupción a José Jiménez Villarejo, un jurista de independencia acreditada cuyo nombramiento intentó evitar Jordi Pujol por todos los medios, y no se puede dudar de que si hubiera tenido alguna prueba [contra él] lo hubiera llamado. Pero no pudo encontrarlas. Los medios de investigación en esta materia deberían estar en revisión de manera permanente, para estar a la altura de los que utilizan los defraudadores. Creo que faltan medios y faltan recursos.

Hay cierta demagogia con el tema de los aforados, que al final tienen menos posibilidades de recurrir sus sentencias que los ciudadanos normales, aunque también hay que plantearse si un juez de base está capacitado, por el miedo escénico incluso, para investigar a un sospechoso VIP.

Los aforados autonómicos tienen las mismas garantías de un enjuiciamiento justo en la Audiencia Provincial que en el Tribunal Superior. El aforamiento no sirve para nada en esos casos. Los magistrados de las audiencias se rigen por criterios estrictamente profesionales, nadie es designado por nadie y, además, saben más derecho penal por algo, lógico, como es el hecho de que lo manejan todos los días. Hay mucho de camelo.

En la calle existe la sensación de que la justicia está vinculada a los partidos políticos. Hay propuestas como la de Albert Rivera, de Ciudadanos, para eliminar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

El Consejo se lo han cargado prácticamente al concentrar las competencias en el presidente y la Comisión Permanente. Es difícil defender a la institución cuando no ha estado a la altura de las circunstancias. En los 80, el Consejo informaba en contra de nueve de cada diez propuestas del Ministerio de Justicia.

¿Es el momento de reformar la Constitución?

Yo creo que el problema es que se vincula la reforma demasiado al tema de Cataluña. Cambiar la Constitución para satisfacer a los independentistas catalanes es un tratamiento que no cabe.

Los atentados de Francia han vuelto a poner sobre la mesa el binomio libertad-seguridad, con medidas como los registros sin autorización judicial o la adopción de decisiones de guerra.

Sigo pensando que la libertad es seguridad. Son dos términos que no pueden contraponerse, porque retrocederíamos décadas. Hay dos temas distintos. Por un lado, un verdadero ejército está invadiendo países, y eso es una situación de guerra. Para las acciones de guerra, la respuesta de la guerra es razonable. Yo no digo que sea la correcta, pero es razonable. La guerra se combate con la guerra y es una cosa de militares. El terrorismo, por sofisticado y salvaje que sea, es cosa de servicios de inteligencia. Hacen falta más medios de inteligencia y darle la centralidad que merece. Por lo tanto, inteligencia para el terrorismo y guerra para la guerra. Por otro lado, lo que no puede ser es que cada país vaya por su lado.