El juego presencial en menores repunta en Aragón, pero los locales se libran de castigo: solo cinco multas en tres años
Un viernes cualquiera por la tarde, un local de comida rápida en el centro de Zaragoza y una tragaperras: delante, tres adolescentes jugando de forma rutinaria, casi con indiferencia. No es una escena inventada, sino real. Y, por desgracia, relativamente habitual en los establecimientos de la capital aragonesa.
Uno de cada cinco jóvenes de entre 14 y 18 años afirma haber jugado en los últimos doce meses en locales de apuestas o con máquinas tragaperras, una tasa que se ha disparado desde 2023, según el último estudio Estudes. Sin embargo, el número de sanciones impuestas por parte del Gobierno de Aragón a los establecimientos se encuentra en mínimos: apenas cuatro multas en los últimos tres años. Esta es la realidad del juego en la comunidad, donde menos de una decena de agentes de la Policía Nacional tiene como labor vigilar a los locales y a los bares con máquinas de juego.
Según ha podido saber elDiario.es a raíz de una consulta al servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón, desde enero de 2023 y hasta noviembre de 2025 –prácticamente tres años– el Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones del Ejecutivo autonómico, dependiente del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, solo ha interpuesto cinco sanciones por menores de 18 años jugando con dinero o participando de la actividad del juego. En 2023 hubo una multa en Zaragoza y otra en Huesca; el 2024 se cerraron tres sanciones, mientras que otros dos expedientes continuaban a finales del año pasado aún abiertos, todos ellos en la provincia zaragozana; finalmente, en 2025 se iniciaron tres procedimientos sancionadores en Zaragoza y aún no se ha cerrado ninguno.
En cuanto a los procedimientos en general iniciados contra empresarios del sector o propietarios de bares con máquinas de juego, el Gobierno de Aragón ha abierto desde enero de 2023 un total de 118 con un resultado de 27 sanciones, menos de una cuarta parte y menos de una al mes.
Lo cierto es que no solo se da la presencia de menores jugando, sino también otras situaciones que la legislación autonómica prohíbe, como la utilización de actividades deportivas como reclamo para entrar en los locales de juego o señales lumínicas o acústicas cuando las máquinas tragaperras están sin actividad.
Media decena de agentes para todo Aragón
La vigilancia e inspección en materia de juego corresponde a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón, compuesta por una plantilla infradimensionada, con apenas un centenar de agentes que se tienen que ocupar de competencias como la vigilancia de los edificios autonómicos, labores de protección de personalidades o el control de los espectáculos públicos, en especial los taurinos, además del juego.
El pasado mes de diciembre el Ministerio del Interior y el Departamento de Hacienda autonómico suscribieron un convenio para reforzar la plantilla y aumentarla hasta un máximo de 150 efectivos, de los que 114 deberá ser personal operativo. Para primavera está previsto que lleguen los primeros nuevos veinte agentes.
En estos momentos, según ha podido saber este periódico, hay media decena de policías de la Adscrita destinados al juego en toda la comunidad, aunque puntualmente otros agentes pueden desarrollar estas labores en casos concretos.
Un “problema serio”
Desde el colectivo de afectados, hay quejas por la situación. La presidenta de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer), Miriam Gañán, asegura que hay un “problema serio” con las máquinas en los bares: “No hay control de acceso: juegan menores y autoprohibidos”, denuncia, ante lo que pide más agentes destinados a controlar este fenómeno.
Esto no solo sucede en las capitales de provincia, sino en todo el territorio aragonés, adonde la Policía Nacional tiene mucho más complicado llegar. “Hemos dado charlas en más de diez cabeceras de comarcas y, al hablar con menores, muchos nos dicen que ya han tenido un contacto con el juego presencial, en máquinas en bares”, relata Gañán, que recuerda que estas localidades se enmarcan en “zonas rurales donde tampoco hay tanto ocio”.
La presidenta de Azajer critica que, pese a lo reflejado en la normativa aprobada en 2023, muchas de estas máquinas –que no son como las tragaperras clásicas, ya que han evolucionado hasta convertirse en minicasinos– “siguen emitiendo estímulos sonoros y visuales incluso cuando están sin uso, cuando deberían estar apagadas”. Gañán explica que han tenido casi tres años adaptarse a la nueva ley autonómica, aprobada en marzo de 2023.
De hecho, la asociación mantuvo una reunión meses atrás con empresas del sector del juego y estas se comprometieron a resolverlo, según la responsable de Azajer. “Pero sigue emitiéndose los estímulos. El sector debe responsabilizarse de sus terminales, aún no hemos visto resultados”, denuncia.
Porque la problemática es un hecho. Gañán detalla que se están encontrando jóvenes que llegan a la asociación con 18, 19 o 20 años pero que empezaron a jugar antes, cuando aún eran menores. “Vienen porque han dejado sus estudios o han generado deudas por el juego, o bien tenían un dinero ahorrado y lo han gastado”, desgrana. Son situaciones complejas ante las que los progenitores suelen reaccionar tarde: “Los padres creen al principio que los chicos lo pueden dejar por sí mismos, pero al final se dan cuenta de que es una adicción y que es difícil que lo solucionen por ellos mismos”, dice.