Ribagorza no se vende: la oposición a un macroproyecto fotovoltaico que une a dos pueblos de Huesca

Las localidades de La Puebla de Castro y Secastilla, en Huesca, se han levantado en contra del proyecto para la instalación de un macroproyecto fotovoltaico de 110 hectáreas de extensión en el territorio. Es el primero de los cinco proyectos que se quieren llevar a cabo en las comarcas de Ribagorza y Somontano a cargo de la empresa Avejaruco Solar S.L., del grupo Ignis. La oposición se aglutina en torno a una plataforma ciudadana que se ha creado para este fin. Con el nombre de Ribagorza No Se Vende, indica que “está en juego nuestro medio de vida, nuestra tierra, el medio ambiente, la fauna y la flora, la salud pública y la legislación vigente en el ámbito medioambiental y urbanístico”. 

Su puesta en marcha implicaría la instalación de 85.200 módulos fotovoltaicos bifaciales de 650 vatios pico (wp), 1.306 seguidores solares de un eje y más de 142 inversores de 352 kilovatios (kw), con 13 centros de transformación. Se pretenden llevar a cabo otros que afectarían a las localidades de Capella, Graus, Benabarre, Torres del Obispo y Pueyo de Marguillén, en Ribagorza; y Costean, El Grado, Hoz de Barbastro, Cregenzán y Burceat, en Somontano. Además, se ha presentado el proyecto de una subestación 30kv/220kv para subir la tensión a 220 kv y una línea de alta tensión de 220 kv. La inversión estimada en el proyecto es de 44,8 millones de euros.

La plataforma sostiene que “nadie quiere pasear entre placas fotovoltaicas, pero sí recorrer senderos rodeados de vegetación. Ambos municipios tienen una fuerte tradición agrícola, ganadera y vitivinícola, así como un emergente desarrollo turístico”. Los dos ayuntamientos han tramitado modificaciones de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) y presentado alegaciones al proyecto, que unidas a las de los particulares superan las 1.200. Se pretende así prohibir las plantas solares de más de diez hectáreas de superficie y obligar a que estas se hallen a más de un kilómetro de distancia las unas de las otras, además de que deban ubicarse al menos a mil metros del suelo urbano y a 200 de las carreteras.

Desde el grupo Ignis se replica que la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción y el estudio ambiental salieron a información pública el 21 de enero de este año, y que se está cumpliendo con los requerimientos que exige este tipo de tramitaciones en contacto con los vecinos de La Puebla de Castro; no así con los de Secastilla al no encontrarse el espacio para desarrollar un encuentro con estos, extremo que se niega desde ambas poblaciones.

El proyecto afecta a alrededor de 130 parcelas; como dicen los vecinos propietarios “de los mejores terrenos del entorno”. Actualmente, todas estas parcela se encuentran en uso con cultivos de secano como son el cereal, la vid o el olivo. Este proyecto, “amenaza seriamente al sector primario, abandonado política y socialmente desde hace años, y llega justo en el momento en el que los agricultores de toda Europa se están alzando para conseguir de una vez el reconocimiento que merecen. Es una nueva piedra en el camino para los trabajadores del campo y habitantes del mundo rural”, aseguran.

La plataforma denuncia las “tácticas engañosas” que llevan a cabo “estas empresas privadas que presentan este tipo de proyectos. Se aprovechan de zonas despobladas con poca repercusión mediática y respuesta social, preferiblemente municipios pequeños que no tengan un Plan de Ordenación Urbana que regule este tipo de macroinstalaciones”. Además, “estos proyectos suelen presentarse en diferentes plazos para cubrir mayores extensiones y ocultar así los daños reales que producen en el medio ambiente, la economía y la población afectada. Se amparan en el mal llamado interés público”, un concepto que juzgan “muy cuestionable”.

Este grupo de ciudadanos considera que estas empresas privadas “desaparecen” una vez es iniciado el proyecto: “Venden sus derechos a otras empresas y a otras, que a su vez lo venderán a otras más, de forma que finalmente incumplen los contratos con total impunidad. De los peores casos vistos en otras poblaciones es cuando toca retirar la instalación y nadie responde, dejando gastos millonarios a cargo de los propietarios de las tierras”. Tachan de “deshumanizada” la “táctica” de “presentar un proyecto sin ni siquiera haber hablado primero con todos los propietarios de las tierras. No les importa quién trabaje ese terreno, ni quién viva de ello”.

La plataforma Ribagorza No Se Vende surge del descontento y de la “poca consideración” que tienen “estas empresas privadas de fuera para con los que aquí vivimos. Estamos cansados de que se hable del problema de la despoblación del mundo rural y que al mismo tiempo nos quieran dificultar aún más nuestro desarrollo. Queremos mantener nuestra naturaleza, entorno y biodiversidad intactos. Queremos proteger el trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y viticultores. Queremos cuidar de nuestros paisajes y caminos y, en definitiva, queremos un futuro libre de proyectos en los que no se nos tenga en cuenta. No dejemos que sus beneficios sean nuestra ruina”.