Hoy tendría que haberse celebrado el jucio a los 19 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza acusados de delito continuado de coacciones y otro de desórdenes públicos al realizar una protesta en una entidad bancaria para tratar de evitar un desahucio. Sin embargo, la jueza ha postpuesto la cita judicial al 18 y 19 de diciembre al no poder presentarse una de las acusadas “por encontrarse viviendo en otra ciudad y en situación de vulnerabilidad, no ha tenido medios para venir a Zaragoza”. Desde la plataforma aseguran que han ofrecido la posiblidad de declarar por vía telemátic, “pero ha rechazado la propuesta”.
Por otro lado, Caixabank, la entidad bancaria que acusa a estos activistas, ha rebajado la petición de penas de casi tres años a un año y once meses. Según han informado desde la PAH, “la razón es que de esta manera el juicio podría celebrarse aunque los acusados no estén presentes. Esto solo nos demuestra que no hay ningún tipo de justicia en este proceso, y que Caixa solo está interesada en imponer la pena de banquillo como una forma de aleccionar e intimidar a los movimientos sociales”.
Aseguran que continuan luchando “con la misma fuerza y determinación contra los especuladores y quien lo permite” y convocan a las personas y colectivos que les han apoyado hoy a las puertas del juzgado al jueves 18 de diciembre, cuando se celebrará el juicio.
Movilizaciones dentro de la oficina bancaria
Las movilizaciones se produjeron en el marco de la negociación para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. Desde la plataforma pedían un alquiler social para esta familia, algo que —según denuncian— fue rechazado por la entidad bancaria.
La entidad sostiene en el auto que los manifestantes ejercieron “una intimidación directa” sobre los empleados durante ocho meses, impidiendo el normal funcionamiento de la oficina. Entre los comportamientos señalados se incluyen el uso de megafonía dirigida hacia el interior del local, la colocación de dispositivos ruidosos, insultos a trabajadores y, en una ocasión, la irrupción en la sucursal “gritando consignas, tirando papeles y octavillas”, lo que habría impedido que clientes y empleados pudieran trabajar con normalidad. Por su parte, el Ministerio Fiscal aprecia únicamente un delito de desórdenes públicos y solicita una multa de nueve meses a razón de ocho euros diarios, sin reconocer coacciones ni violencia.