A tan solo 20 días de arrancar 2026, el Ayuntamiento de Zaragoza se enfrenta a una de las polémicas económicas más relevantes del mandato. Las ayudas municipales para la mejora de la competitividad empresarial a autónomos y micropymes correspondientes a 2025, dotadas con 992.800 euros, no se resolvieron ni ejecutaron dentro del plazo legal, lo que ha obligado al Gobierno del PP a buscar ahora ese dinero mediante una modificación de crédito, detrayéndolo de otras partidas del presupuesto municipal en vigor.
El PSOE y Zaragoza en Común coinciden en calificar la situación como una “chapuza administrativa” que deja a cientos de autónomos y pequeñas empresas en un limbo jurídico y financiero, tras haber adelantado de su bolsillo inversiones de hasta 20.000 euros confiando en una convocatoria pública que el propio Ayuntamiento no ha sido capaz de cerrar a tiempo.
Según ha denunciado el concejal socialista Guillermo Ortiz, el problema no es técnico, sino de gestión política. “Estamos a enero de 2026 y ya estamos ante uno de los mayores errores del Ayuntamiento. Las subvenciones dirigidas a la mejora de la competitividad empresarial no se ejecutaron en 2025 y eso supondrá un millón de euros de recortes del presupuesto municipal”, ha señalado.
Ortiz ha subrayado que el procedimiento podría haberse iniciado desde el 20 de febrero de 2025, pero la tramitación se retrasó hasta el punto de que la resolución provisional no se publicó hasta el 15 de diciembre, apenas dos semanas antes de finalizar el ejercicio.
Como ha explicado, tres días después, el propio Gobierno municipal tuvo que rectificarla por “errores materiales graves”, al haberse omitido solicitudes que debían figurar como subsanables, ampliando plazos y haciendo ya imposible resolver dentro de 2025.
El resultado es que ahora el Ayuntamiento deberá consignar en 2026 un gasto comprometido el año anterior. “Van a tener que recortar mediante modificación de crédito un millón de euros del presupuesto municipal actual. Ese dinero va a dejar de ir a otras partidas e inversiones”, ha advertido el Grupo Municipal Socialista.
Las ayudas estaban destinadas a cubrir hasta el 80% de inversiones en gastos corrientes e inventariables, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario. Según las cifras manejadas por los grupos municipales, más de 1.000 empresarios zaragozanos se presentaron a la convocatoria.
Muchos de ellos adelantaron recursos propios para cumplir los requisitos, en un contexto especialmente delicado para los autónomos, marcado por obligaciones normativas como la implantación del sistema VeriFactu, un nuevo sistema de facturación verificable impulsado por la Agencia Tributaria bajo la Ley Antifraude.
La versión del Gobierno: ampliar plazos para no perder las ayudas
El consejero de Economía, Carlos Gimeno, ha defendido la actuación del Ejecutivo municipal y ha anunciado una modificación de las bases para permitir resolver las ayudas en 2026. “Como consejero de Economía quiero tranquilizar a los autónomos ante falsedades y a esos más de 500 autónomos que solicitaron estas ayudas de competitividad. Unas ayudas que, tal y como nos informó Intervención, se iban a dar más días, unas semanas en 206, para poder resolverlas y justificarlas positivamente”, ha compartido.
Gimeno ha negado que se trate de un recorte encubierto y ha remarcado que la ampliación de plazos fue avalada por Intervención. “Estas ayudas son las últimas que salen en el año, han salido al mismo plazo que el año pasado y tratan de apoyar a los autónomos ante sorpresas que ha habido a lo largo del año”, ha indicado.
No obstante, el consejo ha lamentado que el Gobierno de España obligara a instalar el sistema VeriFactu creando una “ansiedad” en los autónomos, que han tenido que invertir entre 1.000 y 2.000 euros y que “por eso se crearon estas ayudas”, para luego “decir que no se estaba preparado para que se instalase”.
Intervención: una documentación incompleta e incoherencias
Sin embargo, el informe de la Intervención General municipal, fechado el 31 de diciembre de 2025, ha respaldado parte de las críticas de la oposición. El documento devuelve el expediente al área de Economía y Zaragoza Activa por haber llegado fuera de plazo, el 30 de diciembre y sin tiempo material para una fiscalización completa.
Intervención ha asegurado además de la “ausencia de documentación acreditativa suficiente”, errores en la calificación de los gastos subvencionables y “discrepancias e incongruencias” que afectan directamente a la legalidad del gasto, impidiendo autorizarlo antes del cierre del ejercicio.
El informe ha concluido que, sin una revisión y una redistribución correcta del crédito, “no podrán efectuarse los actos de disposición y reconocimiento de la obligación”, abriendo la puerta únicamente a trasladar la resolución a 2026 si se modifican las bases y existe crédito suficiente.
Desde Zaragoza en Común, el concejal Suso Domínguez ha subrayado que “el interventor es claro y no se puede autorizar el gasto ni reconocer la obligación sin subsanaciones profundas y una redistribución correcta del crédito”.
Domínguez ha denunciado, además, que la resolución provisional publicada en diciembre dejó fuera solicitudes que ni siquiera aparecían en los listados oficiales y que las alegaciones siguen sin resolverse. “El Gobierno municipal publicó una resolución incompleta, errónea e imposible de ejecutar”, ha añadido.
Asimismo, la formación ha alertado de la inseguridad generada entre las empresas beneficiarias provisionales, que planificaron inversiones y ahora se encuentran atrapadas en un “limbo administrativo”. “Apoyar al comercio no es improvisar ni maquillar chapuzas administrativas. Apoyar al comercio es gestionar con rigor, control y transparencia”, ha apuntado Domínguez.
Desde Zaragoza en Común, se exigen explicaciones inmediatas y respuestas claras: “Queremos conocer cuándo se va a dictar la resolución definitiva, si se van a respetar los criterios legales y si el Gobierno del PP piensa beneficiar de forma arbitraria a unas entidades mientras deja fuera a otras que sí cumplen los requisitos o cuyas alegaciones ni siquiera han sido examinadas”, ha manifestado Suso Domínguez.
Un problema que trasciende la convocatoria
Más allá del desenlace, el caso ha abierto un debate de fondo sobre la gestión de las subvenciones municipales. Zaragoza en Común ha recordado también que la Cámara de Cuentas ya ha advertido en otras ocasiones de la falta de control y seguimiento en el Área de Economía.
Mientras el Gobierno del PP trata de ganar tiempo trasladando la resolución a 2026, la oposición ha denunciado que el coste político y presupuestario ya es inevitable porque un millón de euros comprometidos fuera de plazo ahora deberán salir de otras partidas municipales.