El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha alertado de que la operación de compraventa del grupo de viviendas sindicales en Aloy Salas, impulsada por el Gobierno de la ciudad que preside la alcaldesa, Natalia Chueca, supondrá la “expulsión” de los vecinos del barrio para beneficiar a los fondos de inversión.
“Una vez más, se demuestra que en materia de vivienda, el Gobierno municipal del PP y Vox no defiende el derecho a la vivienda, sino que promueve la especulación y contribuye activamente a agravar la crisis habitacional que sufre Zaragoza”, ha asegurado el concejal de ZeC, Suso Domínguez.
En rueda de prensa, Domínguez ha explicado que la reciente venta de 323 viviendas, que se habrían podido adquirir por un precio medio de 68.000 euros por unidad, era una “oportunidad única” para aumentar el parque público de vivienda.
Una adquisición pública de ese calibre habría supuesto que el Ayuntamiento “pasara a controlar el 52%de la propiedad, lo que facilitaría la gestión pública, el acceso a los fondos europeos de rehabilitación y, sobre todo, garantizaría el derecho a permanecer de los actuales inquilinos, así como una contención de los precios del alquiler en la zona”, ha detallado Domínguez.
Además, esta operación “especulativa” coincide con decisiones del propio Gobierno de la ciudad, que contribuyen a revalorizar las viviendas de Aloy Salas. En concreto, la inversión de 704.946,11 euros en la reurbanización de la calle Pedro de Alvarado, y los casi 4 millones de euros, en concreto 3.991.280 euros, de fondos europeos anunciados para rehabilitar 144 viviendas, de las cuales 76 ya pertenecen al nuevo grupo inversor.
Este grupo inversor, según ha trascendido, planea subidas del alquiler de hasta un 50% tras la rehabilitación, en “claro perjuicio” de los actuales inquilinos.
Según ha criticado ZeC, también es llamativo que, apenas días después del anuncio de estas inversiones, se aprobara en la Gerencia de Urbanismo levantar la interrupción administrativa de licencias urbanísticas para varias comunidades de propietarios en Aloy Salas.
Petición de ZeC
Todo esto genera “serias dudas sobre la posible cooperación activa del Gobierno municipal en esta operación especulativa”, ha indicado Domínguez quien ha subrayado que desde ZeC se preguntan si el Gobierno de Zaragoza ha sido un colaborador necesario en esta venta; si ha habido contactos con el grupo de inversores, el contenido de esos contactos si los hubiera y si se ha tratado alguna condición para futuras ayudas públicas.
El concejal de ZeC ha recordado que en esta misma zona se encuentran las instalaciones de Instalaza, empresa que ya en 2012 intentó modificar el PGOU para construir nuevas viviendas, lo que demuestra el “interés especulativo continuado” sobre estos suelos.
La Unión Europea ya ha advertido de la necesidad de aplicar criterios sociales en la distribución de ayudas públicas, ha recordado Suso Domínguez.
Por ello, ZeC ha presentado propuestas en este sentido para garantizar que las subvenciones no perjudiquen a los vecinos ni provoquen desplazamientos. Sin embargo, tanto el PP como VOX han votado en contra, “negándose a garantizar el arraigo de los vecinos y el derecho a la vivienda”, ha interpretado Domínguez.
Por todo ello, en el pleno de este jueves el grupo municipal de ZeC exigirá al Gobierno de Zaragoza información relativa a si conocía el Ayuntamiento que las viviendas estaban en venta y si realizó alguna oferta a Edificios Miraflores. En caso negativo, ZeC quiere conocer los motivos por los que no se presentó una propuesta de compra.
También quiere conocer cuántas de las viviendas beneficiadas con los fondos europeos de rehabilitación pertenecen a Edificios Miraflores y si ha habido conversaciones entre el Ayuntamiento y el grupo de inversores. En concreto, quieren saber cuál fue el contenido y qué tratamiento se les dará en futuras convocatorias de rehabilitación.
“Zaragoza necesita políticas de vivienda valientes y comprometidas con el derecho a una vivienda digna, no gobiernos que promuevan operaciones que expulsan a los vecinos y enriquecen a unos pocos”, ha concluido Domínguez.