Asturias, la más envejecida: cuando conciliar significa cuidar por abajo y por arriba
La conciliación no suele aparecer en las estadísticas con la misma claridad que el empleo o el paro, pero atraviesa de forma inevitable la vida cotidiana de miles de hogares. En Asturias, como en el resto del país, conciliar significa en muchas ocasiones ajustar horarios, renunciar a promociones o aceptar jornadas parciales. Y, en la mayoría de los casos, sigue siendo una tarea asumida por mujeres. Los datos ayudan a entender que esta es una realidad en Asturias. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, en la Unión Europea, el cuidado de niños o de adultos incapacitados es la razón principal de inactividad para muchas mujeres.
Asturias presenta, además, particularidades que intensifican este problema. Según los datos correspondientes a 2025 del Observatorio Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, el Principado es la región más envejecida de España, con 265 personas mayores de 54 años por cada 100 menores de 16. El envejecimiento de la población y el peso de los cuidados a personas dependientes hacen que la conciliación no se limite únicamente a la crianza. Muchas mujeres asumen una doble carga: cuidar “por abajo”, de hijos e hijas, y “por arriba”, de padres, madres o familiares mayores.
Este reparto desigual de los cuidados no es nuevo. Los estudios sobre la sociedad rural asturiana han señalado históricamente el papel central —y en gran medida invisible— que han desempeñado las mujeres en el sostenimiento de la vida cotidiana. El antropólogo Adolfo García, en obras como Alabanza de aldea (2017) o Lo que el tiempo trajo (y lo que se llevó) (2021), analiza cómo el cuidado de menores y mayores, así como el trabajo doméstico, recayeron tradicionalmente en ellas, permitiendo que el sistema económico funcionara sin que ese esfuerzo fuera reconocido como trabajo. Un esquema que, con cambios, sigue proyectándose en el presente.
Acompañar no es cuidar
Desde el ámbito sindical, el diagnóstico coincide con los datos. “Las reducciones de jornada y las excedencias por cuidados siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, y eso tiene un impacto directo en sus trayectorias laborales”, señala Úrsula Szalata, responsable de Igualdad de CCOO de Asturias, que refuerza la visión de que en Asturias esta situación se ve agravada por el envejecimiento de la población. “A los cuidados de menores se suman los de personas mayores y dependientes, lo que hace que muchas mujeres asuman una doble carga difícil de sostener”, explica. En este contexto, la conciliación no solo condiciona el acceso al empleo, sino también la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la vida social, sindical o política.
En los últimos años se han puesto en marcha medidas para intentar aliviar esta carga. Entre ellas, el Plan Corresponsables, impulsado desde el Ministerio de Igualdad y desarrollado por las comunidades autónomas. Desde CCOO valoran este tipo de iniciativas como un avance, pero insuficiente. “No basta una sola medida si no existe un engranaje real entre políticas de igualdad, empleo y servicios públicos de cuidados”, apunta Szalata.
Desde el sindicato señalan que la conciliación no puede seguir descansando únicamente en soluciones individuales o familiares. Para la sindicalista, una de las claves pasa por crear empleo en el ámbito de los cuidados y profesionalizar un sector que históricamente se ha sostenido sobre el trabajo invisible de las mujeres. “No es lo mismo acompañar que cuidar”, advierte, al diferenciar entre la atención profesional —con formación, condiciones laborales y servicios públicos— y el apoyo informal que hoy sigue cubriendo buena parte de las necesidades de cuidado en Asturias.
Desigualdad estructural
Esta desigualdad estructural también se hace visible cuando el propio sistema de permisos no contempla todas las realidades familiares. Durante años, las familias monomarentales vieron limitado el tiempo de cuidado de sus hijos e hijas tras el nacimiento, al no poder sumar el permiso correspondiente a un segundo progenitor inexistente. “La normativa estaba pensada para familias con dos progenitores, y eso obligó a muchas madres monomarentales a acudir a los tribunales para que se les reconociera un derecho básico”, explica María Bacal, abogada del sindicato de enfermería SATSE.
Tras años de sentencias contradictorias en distintos tribunales, fue finalmente el Tribunal Supremo el que, en 2024, unificó doctrina y reconoció el derecho a ampliar el permiso por nacimiento en estos casos. Sin embargo, el reconocimiento llegó tarde para algunas afectadas. “Cuando se resolvió, había madres cuyos hijos ya habían cumplido la edad límite para disfrutar del permiso, los 12 meses, lo que las obligó a pedir excedencias o a asumir pérdidas económicas”, señala Bacal, sin compensaciones.
Prueba pendiente para la igualdad
Desde el sindicato advierten de que este no es un problema aislado. Las dificultades para ejercer derechos de conciliación se repiten en otros ámbitos, como los permisos de lactancia acumulada o las reducciones de jornada. “Muchas veces la empresa o la administración interpreta la norma de la forma más favorable para su organización, no para garantizar el derecho del trabajador”, apunta la abogada.
Más allá de medidas concretas, el debate de fondo apunta a una cuestión más amplia: la corresponsabilidad. En una comunidad como Asturias, donde el envejecimiento y la dependencia forman parte del paisaje social, el reto no es menor. La conciliación, más que una cuestión individual, sigue entendiéndose como una tarea privada que se resuelve en el ámbito doméstico, una prueba pendiente para un modelo social que aspira a la igualdad, pero que todavía descansa, en gran medida, sobre los hombros de las mujeres.