Todos los esfuerzos están centrados en lograr retirar el peaje del Huerna y sin miedo a la confrontación con el Gobierno central. Los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León trabajarán de forma coordinada para solicitar al Ministerio de Transportes la supresión de los peajes de la AP-66 y AP-9, cuyas prórrogas fueron ilegales de acuerdo a un reciente dictamen de la Comisión Europea. Aunque hasta la fecha la postura del Gobierno central ha sido clara y descartan la eliminación de los peajes, los gobiernos autonómicos han decidio hacer fuerza de forma conjunta.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha explicado hoy viernes, en una entrevista concedida en la TPA, que a partir de ahora las comunicaciones con el Ministerio de Transportes, “en la medida de lo posible, van a ser coordinadas” entre las tres comunidades autónomas. Calvo añade que aunque sabe que el proceso será largo, continuarán con las reinvidaciones porque son justas y que habla en nombre del Principado y de la sociedad asturiana.
Contra las cuerdas
La Comisión Europea ha puesto a España contra las cuerdas por las concesiones de dos autopistas clave: la AP-9, que atraviesa Galicia, y la AP-66, que conecta Asturias con León. Bruselas lanzó en julio un ultimátum: si el Gobierno no corrige esas concesiones, llevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El motivo, según la Comisión, es claro: se saltaron las normas europeas de contratación pública.
El origen del conflicto se remonta al año 2000, cuando el Ejecutivo decidió ampliar la concesión de ambas autopistas —25 años más en el caso gallego y 29 en la asturleonesa— y después vendió las concesionarias sin convocar un concurso ni publicarlo en el Diario Oficial de la UE, tal y como obliga la directiva comunitaria.
“Implicaciones milmillonarias”
En septiembre, el Ministerio de Transportes respondió presentando un recurso contra el procedimiento de infracción. El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha dejado claro que tocar esas concesiones no es un trámite menor: cualquier rescate o modificación de los peajes tendría, según dijo, “implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias”.
El Gobierno asturiano ya ha anunciado que a partir de ahora trabajará de la mano con Galicia y con Castilla y León, las comunidades afectadas por el trazado de la AP-66, para coordinar pasos y pedir más información sobre el expediente abierto en Bruselas.
Calvo no entra al “juego mediático”
El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, reconoce el “desacuerdo político” con el Gobierno central sobre la supresión del peaje del Huerna, pero el Principado seguirá “peleando políticamente” porque, existen “razones legales y jurídicas de peso” para eliminar el peaje del Huerna.
Las críticas desde el Ministerio de Transportes, que acusaban al consejero de desviar la atención y de dar alas al “discurso ventajista, cínico y mentiroso” del PP, las despacha rápido Calvo: forman parte del “juego mediático” al que no piensa “dedicar ni un minuto”. El debate sobre el Huerna, subraya, “es claro y transparente, sin necesidad de mensajes anónimos”.
El PP prorrogó la concesión
De hecho, el consejero duda incluso de que esas palabras vinieran directamente del ministro Óscar Puente, que —recuerda— sabe bien que tanto el Gobierno asturiano como la FSA-PSOE han defendido siempre la supresión del peaje. Calvo apunta además a la responsabilidad del PP en la prórroga de la concesión acordada en el año 2000.
La publicación, en julio, del dictamen de la Comisión Europea fue, según dice, el punto de inflexión: “convirtió las sospechas en realidades” al dejar por escrito las irregularidades. Desde entonces, el Principado asegura haber “pisado el acelerador” con medidas políticas, sociales y jurídicas para lograr la eliminación definitiva del peaje.
El proceso “será largo”
El procedimiento abierto en Bruselas, admite, “será largo”. Por eso Asturias ya explora alternativas legales dentro de España mientras mantiene la coordinación con Castilla y León —por donde también pasa la AP-66— y con Galicia, afectada por la prórroga de la AP-9, que la Comisión Europea también considera irregular.
Mientras tanto, Calvo recuerda que el ministerio tiene margen para bonificar el peaje al 100%, aunque eso pasaría por incluir la medida en los Presupuestos Generales del Estado. Se podrían articular rebajas puntuales vía decreto, admite, pero “la mejor herramienta son los presupuestos”.
El consejero insiste en que no habla solo en nombre del Gobierno autonómico, sino de “toda la sociedad asturiana”, que reclama desde hace años el fin del peaje. Y confía en que la movilización convocada para el próximo 17 de octubre en Oviedo sea “un éxito”