El Gobierno de Asturias endurece la transmisión de minas y la concesión de permisos en explotaciones
El Gobierno del Principado ha publicado este lunes dos nuevas instrucciones que endurecen los requisitos exigidos a las empresas para la transmisión de derechos mineros y para la concesión de proyectos de investigación en una explotación.
Las nuevas normas, elaboradas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo tras el informe realizado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente de la mina de Zarréu en el que fallecieron cinco trabajadores en marzo de 2025, tienen como objetivo reforzar los controles administrativos y dotar de mayor claridad a la tramitación de los expedientes vinculados a esta actividad.
Criterios más precisos
Una instrucción regula la transmisión de derechos mineros derivados de concesiones de explotación para establecer criterios más precisos y reforzar la obligación de que la empresa adquirente acredite su capacidad legal, así como su solvencia técnica y económica.
Además, concreta la documentación exigida y amplía el control a operaciones mercantiles, como fusiones, absorciones, escisiones o adquisiciones, que supongan un cambio efectivo en el control de la concesión.
La solvencia
La empresa adquiriente deberá acreditar su solvencia económica y financiera, demostrando que posee los recursos financieros suficientes y la capacidad económica necesaria para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración, conforme al programa de trabajos, garantizar la inversión y cumplir con las obligaciones legales, ambientales y de seguridad industrial.
Podrá acreditar la solvencia a través de su volumen anual de negocios o de su patrimonio neto y, cuando la autoridad minera considere que no es racionalmente viable su programa de financiación, podrá exigir una fianza del 10 % de la inversión prevista para el primer año.
Los adquirentes deberán, además, acreditar su solvencia técnica, demostrando que cuentan con la capacidad profesional, experiencia y medios materiales suficientes para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración de manera segura y eficiente.
Permisos de investigación
La segunda instrucción ordena la tramitación de los proyectos de investigación en concesiones ya otorgadas y distingue entre los casos en los que existe un proyecto general de explotación vigente y aquellos en los que no.
Si la concesión ya dispone de este proyecto, las actuaciones de investigación deberán integrarse en el plan de labores.
La tramitación
En cambio, cuando no exista dicho proyecto y la actuación no implique extracción de mineral más allá de catas, sondeos u otros trabajos de similar intensidad, la tramitación se realizará como un permiso de investigación, con su correspondiente documentación técnica, información pública e informes sectoriales.
Por el contrario, si la solicitud contempla una extracción de mayor entidad, deberá tramitarse como un proyecto general de explotación, con todas las garantías propias de este tipo de procedimientos.
Servicio de Seguridad Minera
Junto a estas decisiones, el Gobierno del Principado ha aprobado la segunda modificación del decreto de estructura orgánica básica de la consejería con el fin de reforzar la organización del área minera, cuya principal novedad es la recuperación del Servicio de Seguridad Minera dentro de la Dirección General de Energía y Minería.
Este nuevo servicio asumirá competencias en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mineras y establecimientos de beneficio, además de funciones de inspección, control, supervisión y, en su caso, sanción.
También será responsable de la certificación de aptitud en determinadas profesiones, la coordinación de programas de formación en seguridad minera y la elaboración de los planes generales de inspección.
Relevo en Minas
Estos cambios coinciden con el nombramiento de María Elena Colunga como nueva jefa del Servicio de Minas, tras la jubilación de su antecesor.
Nacida en Oviedo en 1965, es ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo y funcionaria de carrera tanto de la Xunta de Galicia como de la Junta de Castilla y León.
Inició su trayectoria en la administración en 1994 y, tras desempeñar distintos puestos en la Junta de Castilla y León y en la Sección de Minas de León, se incorporó a la administración del Principado en 2002.
Desde diciembre de 2008, ocupaba la jefatura del actual Servicio de Política Industrial de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.
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