La primera Ley de Bibliotecas de Asturias obligará a contar con una en todos los municipios de más de 2.000 habitantes
El Consejo de Gobierno del Principado aprobó ayer, lunes, el proyecto de Ley de Bibliotecas y del Fomento de la Lectura para convertir el acceso a los servicios bibliotecarios en un derecho garantizado para todos los ciudadanos independientemente del concejo en el que residan.
La futura ley, la primera que tendrá la comunidad en esta materia, pondrá fin a “décadas de regulación fragmentada” y dota a Asturias de un marco legal integral para su sistema bibliotecario, que cuenta con 132 equipamientos públicos y municipales en funcionamiento, según ha afirmado la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, este martes en una rueda de prensa.
Gutiérrez ha subrayado que la norma “viene a reconocer y reforzar que las bibliotecas llevan años siendo servicios públicos esenciales de proximidad ” y ha añadido que el objetivo es “garantizar que el acceso a la cultura y al conocimiento siga siendo un derecho y no una circunstancia”.
Uno de los “pilares fundamentales” es la creación del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias (SIBIPA), que integrará todos los recursos existentes desde las bibliotecas autonómicas hasta las universitarias, y de forma paralela la Red de Bibliotecas Públicas, con un catálogo “colectivo único y un distintivo común”.
La futura norma establecerá que todos los municipios con más de 2.000 habitantes deberán contar con al menos una biblioteca pública; en los concejos de entre 2.000 y 5.000 habitantes la Consejería asumirá la financiación del personal bibliotecario, mientras que los que superen los 30.000 deberán de disponer de una red municipal de bibliotecas propia.
Por otra parte, para los concejos de 2.000 habitantes o menos la administración colaborará con los ayuntamientos mediante 'bibliobuses' y bibliotecas de doble uso escolar y general.
La ley fomentará, además, formatos accesibles como la lectura fácil, el alfabeto Braille y los soportes sonoros y digitales para garantizar que los centros sean útiles para todas las personas.
El proyecto de ley iniciará ahora su tramitación parlamentaria en la Junta General del Principado, donde el gobierno confía en que sea “aprobado cuanto antes” para iniciar una fase de desarrollo progresivo con plazos que permitan consolidar el sistema de forma ordenada.
0