La quiebra del régimen del 78 puede haberse convertido en el preámbulo de la primera crisis de Estado del siglo XXI español. Desde 2008, la quiebra del sistema político y económico no ha producido ninguna crisis de Estado sencillamente porque ninguno de los poderes institucionales ha desobedecido las órdenes emanadas de otro. Ni la destrucción de dos millones de puestos de trabajo entre 2011 y 2013, ni la Gürtel, la Púnica, Lezo, la trama valenciana, las basuras de Toledo, Bárcenas y Rato todos juntos, ni los más de 20.000 millones recortados a la sanidad y la educación, ni Espejel, López, Lesmes y Maza, ni el 40% de pobreza infantil, ni los 100.000 millones de euros para rescatar a los bancos, ni los aeropuertos sin aviones, ni las 400.000 familias desahuciadas desde 2008, ni Fernández Díaz y sus comisarios, ni el impuesto al sol. Nada. Nada de lo que ha provocado el mayor empobrecimiento de las familias españolas en los últimos 70 años y nada de lo que ha podrido los pilares básicos de las instituciones centrales de la democracia representativa, nada de eso ha provocado una crisis de Estado.

La crisis de Estado ha llegado a España de la mano de la cuestión nacional catalana con nombres, apellidos y fechas que ya forman parte de la Historia -con negras mayúsculas- de nuestro país. Como todos los grandes problemas, esta crisis no tiene una única causa. Es el resultado de una larga cadena de errores, manipulaciones e irresponsabilidades que inició el PP con su recurso contra el Estatut ante el Tribunal Constitucional en 2006, continuó la ignominiosa sentencia del Tribunal en 2010 y terminó por convertirse en un caudaloso río de gasolina gracias al inagotable manantial de desprecio, falta de respeto e inmovilismo que el Gobierno del PP ha emanado durante siete años. Pero no se me entienda mal. Que el Gobierno del PP, y muy particularmente el presidente Rajoy sean los principales responsables de esta crisis, no les convierten en los únicos. 

Si existe alguna certeza en relación al resultado de la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos es que nuestro segundo congreso dejará en el seno de la organización una mayoría, más o menos mayoritaria, y varias minorías. Esto será así con independencia de que las candidaturas encabezadas por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón decidan no competir porque, tal y como aprendimos en el primer Vistalegre, la pluralidad y las diferencias no desaparecen por el hecho de que los compañeros y compañeras concurran bajo el paraguas de una única lista ni porque exista un candidato de consenso a la secretaría general. El principal reto de Podemos no puede ser superar las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre otras cosas porque en una organización democrática las diferencias políticas entre compañeros y compañeras son siempre fuente de riqueza y no de problemas. Es opinión de muchas personas en Podemos que todo lo que desplace a un segundo plano los debates sobre cómo llevar a cabo los cambios políticos, económicos, institucionales y culturales que el 15M comenzó a exigir en 2011 y que han seguido reclamando desde entonces millones de personas en España es, como poco, un error que roza la irresponsabilidad. Podemos es la herramienta política más bella y poderosa que las grandes mayorías sociales de nuestro país hemos sido capaces de construir para transformar la enorme crisis económica, social, institucional y cultural que se desató en 2008, en una oportunidad histórica para la fundación de un nuevo país. Es obligación de todas y todos cuidar esa herramienta, porque Podemos es de todas y de todos.

En el próximo Vistalegre tendremos que decidir democráticamente cuál debería ser la agenda que queremos para España y cuáles serán nuestras propuestas para afrontarla. A nuestro juicio, la preparación para el proceso de cambio constitucional que se viene, la transformación del modelo productivo español y la lucha contra el machismo debieran conformar la columna vertebral del debate congresual. Pero existe un nivel cero, un punto anterior que debemos resolver y que condiciona todo lo demás: las reglas democráticas con las que Podemos se va a organizar y con las que trabajará cotidianamente. Los acuerdos del primer Vistalegre construyeron una estructura asombrosamente ágil, capaz de moverse a gran velocidad en escenarios muy complejos. Entonces lo definimos como máquina de guerra electoral. Sin embargo, ese Podemos tuvo una organización laxa, con atribuciones competenciales imprecisas, a menudo centralistas, disfuncionales y confusas, sin reglas claras sobre dónde y de qué manera se tomaban las decisiones y qué ocurría cuando los dirigentes o los órganos las ignoraban. Poner fin a la laxitud organizativa y competencial en Podemos es la tarea inaplazable que debiera presidir todas las negociaciones en curso entre los principales competidores en esta Asamblea. Porque si no se produce un acuerdo sobre la reglas, de nada servirán los procesos electorales o las negociaciones que definan quiénes serán mayoría y quienes minorías dentro de la organización. Es imprescindible que en estos debates precongresuales, el mayor número de compañeros y compañeras nos pongamos de acuerdo sobre qué decisiones corresponden a los círculos, a los consejos ciudadanos, a las ejecutivas y a las secretarías generales. Es imprescindible que nos pongamos de acuerdo sobre cómo y cuándo vamos a decidir el tipo de relación organizativa que queremos tener con nuestros aliados. Que acordemos qué órgano y en qué momento va a decidir el espacio político y jurídico desde el que queremos ganar los gobiernos municipales y autonómicos en 2019. Es imprescindible que decidamos los aspectos que deben ser votados en cada uno de los órganos de Podemos y qué mayorías –simples, absolutas, cualificadas- son necesarias para sacar adelante las principales decisiones a adoptar en cada uno de ellos. Es imprescindible que definamos un sistema electoral común a todos los procesos electorales internos y clarifiquemos cuáles son los órganos y los tiempos en los que pueden ser modificados. Es imprescindible también un consenso sobre la estructura organizativa interna, sobre los objetivos que guiarán la conformación de las nuevas áreas y secretarías de Podemos. Deberíamos ponernos de acuerdo sobre cuál debería ser el uso que los responsables políticos y cargos orgánicos de Podemos hacen de los medios de comunicación y de las redes sociales como Twitter. Es urgente, en definitiva, que acordemos el alcance efectivo de las decisiones orgánicas, cuáles son sus límites y qué hará la organización si una dirigente o un órgano decide ignorarlas o contravenirlas.

Acometer una de las tareas fundamentales para cualquier proyecto de regeneración de la vida pública pasa necesariamente por recuperar el programa electoral como una herramienta democrática básica de comunicación entre los políticos y la ciudadanía. Conscientes de que las próximas elecciones de diciembre serán las más trascendentales de las últimas décadas, desde Podemos nos hemos propuesto elaborar un programa que se proyecte como la aspiración de una mayoría social para los próximos diez años.

El primer paso, por tanto, ha consistido en movilizar a toda la organización para llegar a esa gente; para convocarla al ágora pública que pretendemos construir, y escuchar sus intereses y sus propuestas. Las estructuras territoriales de Podemos han organizado más de 3.000 asambleas abiertas a lo largo de los últimos cuatro meses. Del mismo modo, los responsables de área han mantenido contactos y recopilado reivindicaciones proporcionadas por cientos de organizaciones; desde asociaciones de profesionales y pequeños comerciantes, hasta organizaciones no gubernamentales, pasando por sindicatos, asociaciones culturales y organizaciones empresariales. Por otro lado, el espacio virtual Plaza Podemos nuevamente ha jugado un papel central en la generación de ideas y debates para el programa. Desde el pasado mes de julio, miles de personas han propuesto iniciativas, las han discutido y las han votado. En virtud de ello, muchas de las mismas están siendo sometidas a votación de todas las inscritas e inscritos y, en función de estos resultados, conformarán la serie de prioridades, medidas y pasos concretos que se presentarán al electorado español, como propuesta franca para cambiar este país.

España atraviesa una fluida coyuntura política donde se esboza cada vez más claramente un horizonte de crisis de representación. La estabilidad generada por los partidos mayoritarios a lo largo de las últimas décadas, que han sumado en torno al 90% de los sufragios (salvo en los subsistemas políticos de los comunidades de los llamados nacionalismos históricos), está periclitada. En las encuestas, hoy los grandes partidos de implantación nacional ya están a punto de descender la frontera psicológica del 50% de opción de voto. Una situación susceptible de empeorar con la agudización de la crisis social, el rescate y el pago cada vez más oneroso de la deuda y, sobre todo, con la ya inocultable corrupción del sistema partidario.

La ilusión abierta en amplios sectores sociales por el despertar juvenil durante el 15M parece estar disipándose a lo largo de los últimos meses, porque nada parece cambiar a pesar de intensas “mareas” de movilización que ya el conjunto de la sociedad está realizando para resistir el desmantelamiento del Estado de bienestar y de derecho.