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Iñaki Rivera Beiras

Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) - Universitat de Barcelona

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Sobre el concepto y la existencia de presos políticos

Quisiera tratar con una tranquilidad reflexiva, a veces difícil de realizar debido a la vertiginosidad de los acontecimientos y la tensión e intereses que rodean a ciertos temas, desde un punto de vista fundamentalmente analítico y académico, la expresión tan discutida en los últimos meses, sobre si existe, o no, la categoría de preso político en España. Con frecuencia, la negación a aceptar su existencia se argumenta señalando que en una democracia la disidencia está permitida y legalizada y por tanto supondría una contradictio in terminis aceptar una categoría semejante.

Para comenzar, creo que pocas veces se repara en el hecho de que, antes de tratar sobre la existencia o no de presos políticos, debería pensarse en el estadio cronológicamente anterior a la situación de privación de libertad que la determina. Aludo a la categoría de "delito político" (antigua y muy conocida en el derecho penal), especialmente pensada, discutida y legislada en las postrimerías del siglo XIX y durante buena parte del XX y siempre rodeada de una polémica que la situó entre los temas más controvertidos de la doctrina jurídica. En realidad, desde finales del siglo XIX, como desde Franz von Liszt en Alemania y Jiménez de Asúa en España quedó de manifiesto, parecería tratarse de un binomio de aceptación imposible para las dos partes en conflicto. Repasemos brevemente los principales contornos de la discusión aludida.

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Tres graves anomalías de las Instituciones Penitenciarias (y el desprecio por el envilecimiento público)

Pretendo con estas breves reflexiones, poner de manifiesto tres anomalías del sistema penitenciario español (entre otras que podrían señalarse) en unas horas decisivas para las decisiones político jurídicas que se están adoptando.

Conviene recordar en estos días de conformación de un nuevo gobierno en España, algo que es en realidad una anomalía que parece haberse ido naturalizando y que convierte a España, por cuanto hace a sus instituciones penitenciarias, en algo digamos “especial”. Tanto en la tradición histórica española (desde su primer Código Penal de 1822 y su primera Ordenanza General de los Presidios del Reino en 1834) como, en general, en el orden internacional, siempre se ha situado a las instituciones penitenciarias en la órbita de los ministerios de Justicia, con el fin de que el mandato resocializador de las pernas privativas de libertad se ejecute con criterios de justicia estricta: formal y material. Pese a ello, desde hace ya algunos años en España, primero con una fusión de los ministerios de Justicia e Interior y luego tras su separación, la Administración Penitenciaria española, quedó sustraída del Ministerio de Justicia y pasó a Interior, hecho no menor y que ha merecido muy poca atención. Como en general es muy poca la que recibe el ámbito penitenciario casi siempre.

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Basta de excepcionalismo penal

Desde el Observatorio del sistema penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, considero que estamos viviendo muy profundamente un momento de extremo excepcionalismo penal caracterizado por la difusión cada vez mayor de una cultura de la emergencia y la excepcionalidad penal, tanto en el ámbito de la producción normativa, cuanto especialmente en el ámbito de su interpretación y aplicación.

 El recurso constante al sistema penal, a las acciones policiales, el empleo de una jurisdicción única en detrimento del juez natural como es la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la utilización de la prisión preventiva contra líderes sociales y contra la mitad del Gobierno catalán aproximadamente, suponen las  visiones más extremas -creíamos hasta ahora-; sin embargo también, cada día se resiente más el propio sistema democrático cuando se dificulta la formación de un  gobierno legítimo en Cataluña, cuando se entorpece la actividad normal del Parlamento de Catalunya y cuando se impide que el presidente legítimamente designado por ese parlamento democrático pueda siquiera constituir un gobierno porque se bloquea la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el nombramiento de los Consellers que han de formar parte de ese gobierno.

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Derecho a estar en una prisión cercana al lugar de residencia familiar

Como es conocido, recientemente se han publicado noticias relativas a la solicitud de traslado a una prisión cercana a su domicilio para Jordi Cuixart, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de 6 meses, acusado de un delito de rebelión, entre otros, en relación al referéndum sobre autodeterminación del llamado “proceso catalán”.

En el Dictamen que acompaña la solicitud que su abogado ha presentado a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, se señala un largo enunciado de normas, sentencias y opiniones tanto doctrinales como políticas, favorables a la petición formulada y que afirman tanto el derecho del preso a estar alojado en una cárcel cercana a su domicilio familiar, cuanto el derecho de su familia a tenerlo cerca, en especial, por aplicación del llamado “interés superior” del niño que debe presidir las decisiones administrativas y judiciales que protejan a la parte más vulnerable. A continuación, se indican sintéticamente los presupuestos internacionales y nacionales sobre los que se apoyan los derechos señalados que son, creo, claramente favorables a la petición formulada.  

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El Consejo de Europa censura el sistema penitenciario español

El pasado 16 de noviembre, el Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas inhumanas y degradante (en adelante, CPT), del Consejo de Europa, hizo público el Informe sobre el sistema penal y penitenciario español, tras la visita que realizó al Estado hace exactamente un año atrás. Pese a la acostumbrada técnica argumentativa consistente en comenzar reconociendo los esfuerzos de las autoridades por atender sus anteriores Recomendaciones, el CPT inicia un conjunto de descripciones de situaciones atentatorias contra los derechos humanos de las personas presas en España, con una contundencia notable y posiblemente más dura que las de los Informes anteriores que cada cuatro años se efectúan sobre las visitas a los estados miembros del Consejo de Europa.

Es significativo que un Informe de tal importancia, rigor en su investigación y probada independencia de sus miembros, no haya merecido la atención periodística que debiera, máxime cuando en estos pasados días tanto se ha elogiado al sistema penitenciario español, ante los requerimientos de las autoridades belgas a propósito del conflicto catalán, asunto que no se abordará aquí.

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15 años observando el sistema penal

En mayo de 2001, la Universitat de Barcelona aprobó la creación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) como Centro de Investigación. Desde entonces hasta el presente, han sido muchas las actividades emprendidas por el OSPDH.

Tan pronto el OSPDH fue constituido, un nutrido grupo de prestigiosos académicos y representantes de organismos internacionales de protección de los derechos humanos (del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas) aceptaron nuestra invitación para constituir un Comité Científico Internacional.

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15 anys observant el sistema penal

Al maig de 2001, la Universitat de Barcelona va aprovar la creació de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) com a Centre de Recerca. Des de llavors fins ara, l'OSPDH ha dut a terme moltes activitats.

Tan aviat l'OSPDH va ser constituït, un nodrit grup de prestigiosos acadèmics i representants d'organismes internacionals de protecció dels drets humans (del Consell d'Europa i de les Nacions Unides) van acceptar la nostra invitació per constituir un Comitè Científic Internacional.

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