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Jesús C. Aguerri

Doctorando en sociología en la Universidad de Zaragoza

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A un siglo de la huelga de La Canadiense los derechos laborales parecen ser todavía un sueño

Este mes ha hecho 100 años de la huelga de La Canadiense. Un siglo ya de aquel hito en la lucha obrera que fue conseguir una jornada laboral de 8 horas. Un indudable logro viniendo de esas jornadas de 12 o 14 horas, aunque lejos todavía de esas cuatro horas diarias que se trabaja de media en esas sociedades a las que denominamos primitivas y a las que, en términos del antropólogo Pierre Clastres, quizás debiéramos  denominar "sociedades sin estado" –un dato que puede parecer anecdótico, pero que muestra muy bien todo lo que nuestro concepto de trabajo y su relación con la vida tienen de socialmente construido.

Cien años desde la victoria de los trabajadores de La Canadiense y ciento treinta y dos desde el asesinato de los mártires de Chicago, otro hito en la lucha de los trabajadores por sus derechos, pero que, en este caso, se saldó con 8 asesinatos amparados por un proceso penal amañado. Muchos años, mucha sangre derramada y, aun así, en buena parte de los trabajos de este país, cuando uno menciona las 8 horas máximas de jornada la respuesta mayoritaria es una mueca entre amarga y burlona. Hasta la jornada semanal de 40 horas es vista como una excentricidad escrita en "Dios sabe qué extraño y recóndito reglamento". Si no creen este extremo, pregunten a su camarero más cercano qué día de la semana cumplió las 40 horas de trabajo y cuántos días más le quedan por trabajar.

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Decidme si esto es un Estado de Derecho

El excomisario Villarejo se sabe reseñable, parece convencido de que es Jack Nicholson en Algunos Hombres Buenos, y se esfuerza en que así le reconozcamos. Cada nuevo audio de Villarejo es un gesto del comisario para que dirijamos hacia él nuestra mirada. A diferencia de Villarejo, “Billy el Niño” siempre rehúye los focos, ha costado mucho que los que tuvimos la suerte de no pasar por su custodia podamos ponerle cara. Villarejo parece estar tan encantado de haberse conocido a si mismo que en algún momento decidió que sus servicios eran dignos de copago. Por su parte, “Billy el Niño” comprendió mejor el juego, su trabajo ya estaba pagado en su nómina de funcionario, llegó a lo más alto de la Policía, fue varias veces condecorado y se retiró en lo más alto en los ochenta. Si Villarejo son las cloacas del Estado, “Billy el Niño” es la sala de máquinas del Estado.

A aquellos que con eficiencia y diligencia forman parte del Estado suele costar más ponerles cara. Al fin y al cabo, ha supuesto un esfuerzo titánico sacar a la luz las torturas de este segundo personaje. Y, aun así, Billy es tan solo la punta de un iceberg. Si miramos, por ejemplo, el conflicto vasco, veremos que entre 1960 y 2014 el Instituto Vasco de criminología ha podido documentar 4113 casos de tortura y malos tratos. Por su parte, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura recogió más de 1000 denuncias de tortura y malos tratos durante el año 2017 en el estado español.

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La razón neoliberal o por qué un día nuestros derechos dejaron de importar

Parece que de vez en cuando algunos políticos tienen extrañas ocurrencias. Ideas tan peregrinas que no podemos evitar reírnos de ellas. Una especialmente llamativa es la que tuvieron los responsables de la CCAA de Madrid hace unas semanas, la cual consiste en obligar a aquellos que reciban el ingreso mínimo de inserción a presentar una declaración jurada de sus ingresos. Como los medios ya destacaron, esta medida se traduce (como caso ilustrativo) en que los mendigos que cobren la Renta Mínima de Inserción tendrán que declarar cuánto ganan con la mendicidad.

Esta idea nos resulta hilarante solo porque es un poco más osada de lo habitual. Sin embargo, no es una excentricidad, es solo un paso más, una traba más en el kafkiano proceso que es conseguir una prestación pública. Cualquiera que haya aspirado en algún momento de su vida a recibir una ayuda de la administración ha pasado por dos fases. La primera es el descubrimiento de que tiene derecho a ella y la segunda es una yincana burocrática compuesta por una extensa ristra de certificados, los cuales debe aportar para probar que efectivamente tiene derecho a la ayuda. Cada trámite, cada administración visitada para solicitar un documento es una prueba, un reto que se debe superar para mostrar que no se está tratando de engañar al Estado.

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Ni los "ciudadanos ejemplares" se libran del banquillo

El pasado 17 de septiembre, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón y el Grupo Derechos Civiles-15M Zaragoza comparecieron en un juzgado de instrucción acusados de un delito de injurias contra la policía.  Estos dos colectivos fueron denunciados por un sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza por denunciar el trato que la policía zaragozana da a los manteros. Aunque nunca debería haber sido así, el asunto está aún en manos de un juzgado que, de momento, se ha limitado a tomar declaración. Sin embargo, un conocido medio local ya se ha aventurado a afirmar que "los manteros no logran probar que la Policía Local les robara mercancía", osada afirmación que refleja a partes iguales partidismo y total desconocimiento del asunto.

No obstante, la actitud de ciertos medios de comunicación ante esta clase de procesos absurdos no puede sorprendernos. El abogado Gonzalo Boye viene sufriendo durante todo este mes una campaña mediática de desprestigio. La veda para disparar contra el abogado la abrió –al menos la impulsó– una querella presentada por el Movimiento 24DOS ante la Audiencia Nacional y una denuncia de un eurodiputado ante el Colegio de Abogados de Madrid. Parece que algunos juristas no se han tomado muy bien que Boye haya puesto en duda, vía demanda civil en Bélgica, la imparcialidad del Excm. Sr. Magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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Los que denuncian los abusos del poder vuelven a sentarse en el banquillo

Vaya veranito. Se nos acabó el espíritu solidario y los que llegaron en el Aquarius ya han empezado a ser deportados.  Los que cruzando el mar o saltando vallas para intentar huir de la miseria a la que nuestros intereses económicos los han condenado se han convertido en peligrosos invasores a los que hay que despachar con urgencia. Los manteros de Barcelona se pelearon con un turista y ahora son mafiosos despiadados que están arruinando al pequeño comercio. Y ciudadanos, en un alarde de modernidad y neoliberalismo sensato, ha resucitado el eslogan nazi: “Ordnung und Sicherheit” ("aka: orden y seguridad").

No obstante, todos hacemos locuras en verano, nosotros comemos más de la cuenta, los medios emprenden campañas para criminalizar la inmigración y la ultraderecha retoma consignas nazis. Pero el verano ya se acaba, volvemos a estar en guardia y ya nadie en su sano juicio intentará colarnos que hace falta más seguridad en uno de los países más seguros del mundo, o que los manteros le quitan clientes a Gucci. Y si alguien lo intenta, contestaremos, rebatiremos sus mentiras y denunciaremos sus acciones, y entonces... entonces quizás acabemos sentados en el banquillo de los acusados. Al menos, esto es lo parece que les va a ocurrir a la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) y al grupo de trabajo Derechos Civiles 15M-Zaragoza.

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Sobre las contradicciones del fascismo y las contradicciones propias

Parece que el fantasma vuelve a recorrer Europa. A veces a ese fantasma lo llamamos fascismo, otro totalitarismo, ultraderecha, neo-fascismo, populismo de derechas y de otras tantas maneras según lo creativos que nos pongamos. Siempre nos cuesta ponerle nombre. Nos asustamos primero y luego nos sumergimos en debates sobre qué es realmente el fascismo. Este es un movimiento bastante lógico porque, mientras discutimos sobre qué es eso que nos da miedo, retrasamos el momento de enfrentarlo. Además, quizás al diseccionarlo descubramos que no estamos ante verdadero fascismo, quizás podamos concluir que "la cosa" sólo era un poquito fascista. Tenía unos elementos y no otros, así que es tolerable. No habría por tanto nada de lo que preocuparse.

El problema es que el fascismo rara vez respeta su propia ortodoxia. Como sostiene Žižek, “en todo verdadero fascismo encontramos elementos que nos hacen decir: «Esto no es puro fascismo»”. Al fascismo lo caracteriza un discurso completamente contradictorio. Una sucesión hipócrita de consignas que se contradicen constantemente.

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El delito de autoadoctrinamiento o por qué deberíamos cuidar lo que leemos

Como hace unos días se expuso ante el Parlamento Europeo, la libertad de expresión en España se está viendo seriamente amenazada. Tristemente, todos conocemos casos de personas condenadas, encarceladas o forzadas al exilio por haber ejercido este derecho. La punta de lanza de esta ofensiva contra nuestros derechos ha sido -con perdón de otros tipos penales también incompatibles con un Estado de Derecho- el delito de enaltecimiento del terrorismo. Este tipo penal se está usando para encarcelar a aquel que manifieste en público cierto discurso que, a ojos de la justicia, pueda ser considerado radical y, por tanto, intrínsecamente peligroso.

Sin embargo, acusar de enaltecimiento del terrorismo no es la única forma que tiene nuestro estado de encarcelar a quien considere un radical. Existe en nuestro código penal la posibilidad de condenar a penas de entre 2 y 5 años de prisión a todo aquel que acceda regularmente, o posea, contenidos que, como reza la ley: “estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines”. Esta posibilidad de encuentra recogida en el artículo 575.2 del Código Penal, y se conoce como delito de autoadoctrinamiento terrorista.

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Cuidémonos del populismo punitivo

A veces ocurren cosas horribles. Lo horrible, de hecho, ocurre constantemente. A veces lo dejamos correr. “Cosas que pasan”, se dice, porque ningún sistema es perfecto. Otras veces vestimos lo horrible con aspectos, rostros y marcas, señas de víctimas y también de verdugos, y volvemos a comprobar que el ser humano puede hacer cosas horribles. Lo que antes era difuso, la larga cadena que conectaba a la víctima y al verdugo, se torna muy claro de repente: salta a escena un monstruo (o más de uno) cuya imagen apreciamos con aparente nitidez. Automáticamente todos volvemos la mirada hacia el sistema penal, esa máquina presuntamente creada para proteger nuestros bienes más importantes de las más graves agresiones. La ilusión nos embriaga porque empuñamos la gran espada penal y, por un instante, la creemos nuestra.

La primera decepción tarda poco en llegar: una espada no repara, no sirve para arreglar nada, lo que ha sido destrozado no recompondrá sus piezas por violento, certero o “ajustado a derecho” que sea el golpe. Pero golpeamos, golpeamos más y más fuerte, convencidos de que eso es “hacer justicia”. Si quien viola la norma genera un mal y daña al orden en su conjunto, quienes golpean de vuelta generan otro mal en sentido contrario. En su versión menos sofisticada, esto se llamó ley del talión. En su versión más refinada, lo llamamos “fundamento retributivo de la pena”. Este golpe de vuelta debería, se supone, restituir simbólicamente el orden dañado, pero el golpe nunca es lo bastante fuerte. Jamás sentimos haber arreglado nada. Quizá sea porque de ese modo jamás se ha arreglado nada.

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Lo que encubre y lo que muestra el protagonismo mediático del Derecho Penal

Últimamente parece que el Derecho Penal está en todas partes. Sobrevuela a cada programa informativo la supuesta necesidad de encerrar de por vida a ciertos sujetos. El exGovern catalán –junto con otros líderes independentistas– está en prisión acusado de graves delitos. Los jóvenes de Altsasu llevan centenares de días en prisión provisional. Varios raperos están a punto de entrar en la cárcel por cantar. Algunos de los encausados en las “Operaciones Araña” ya aguardan en prisión y otros quizás se les sumen pronto. Y, verbigracia de una tremenda desgracia (así se dice cuando se muere un pobre), nos hemos enterado de que los manteros también son delincuentes que atentan contra la propiedad intelectual e industrial. De repente, todo se ha vuelto violencia, sobre nosotros parecen cernirse cientos de amenazas ante las cuales solo podemos responder con todo el peso del Derecho.

Todo parece girar en torno al Derecho Penal, parece ser el último recurso que nos queda antes de sucumbir al caos. A través de las pantallas nos susurran que las amenazas están en todas partes, que los manifestantes, antes sonrientes, ahora amenazan con quemarnos y que nuestra paz está en serio peligro por culpa de lo que alguien dijo en twitter. Ante esto, el Derecho Penal, esa herramienta creada para protegernos de las más graves formas de agresión contra los bienes jurídicos más importantes, parece que debe volverse hiperactiva. Cada día ocupa unos segundos más en nuestros “mejores” magazines. Ante esta situación, es normal preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta necesidad repentina de encarcelar?

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Educar en “la Defensa” es educar en el “no-Derecho”

La semana pasada conocíamos el temario que Defensa quiere implantar en los colegios. La bandera, el Rey, los himnos militares, la defensa de España y la inmigración irregular como riesgo, entre otros. Quizás esté último sea el que más llame la atención. Aceptando cierta lógica... digamos vetusta… podemos entender que nuestro gobierno crea conveniente meter en vena a los niños los símbolos naciones y eso que llaman “cultura de la defensa”, pero ¿la inmigración? ¿Qué pinta aquí la inmigración?

Pues pinta muchísimo, porque la inmigración irregular es “una de las 12 principales amenazas para la seguridad de España”, tal como reconoce nuestra estrategia de seguridad nacional –la ESN-2013. Este documento estratégico de interesante lectura ofrece, además de un sensible prólogo de nuestro presidente, una lista de las principales amenazas y riesgos que acechan a España. A saber: conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje, emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espacio marítimo, y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

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