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Josefina Cruz Villalón

Catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla.

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Sostiene la Universidad...

Sostiene el presidente del CRUE que hay que respectar la autonomía universitaria para no entrar a valorar lo que está pasando en la Universidad Rey Juan Carlos, ni actuar en consecuencia.

Hace tiempo que me vengo preguntado: ¿dónde está la CRUE (la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)? Exactamente me lo vengo preguntado desde que Eldiario.es desveló el cúmulo de irregularidades que rodeaban a la obtención de un título de Máster en esa Universidad por parte de Cristina Cifuentes.

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A propósito del despropósito del desdoble de la A4 entre Sevilla y Cádiz

Empezaremos por el  final. En diciembre de 2019 cumple el periodo de la concesión de la Autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Reclamar el desdoble de la carretera convencional que cubre el mismo trayecto pero con más kilómetros y, sobre todo, anunciar (reiteradamente) la contratación de las obras por parte del Ministerio de Fomento, carece de toda lógica desde la lógica de la eficiencia de la asignación de recursos públicos, de la lógica inversora del Ministerio de Fomento, de la lógica de la conservación de la red de carreteras.

Porque el 31 de diciembre de 2019, la AP-4 se integrará en la red de autovías del Estado, y en esa fecha la conexión entre Sevilla y Cádiz contará con una autovía libre de peaje y otra aún en construcción, en el supuesto de que llegara a iniciarse.

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Viviendas ilegales: de la permisividad a la cultura urbanística

Que en Andalucía existan centenares de miles de viviendas en suelo no urbanizable (y en España más de un millón) no es producto de una noche de borrachera. Solo puede ser producto de una acción continuada en el tiempo, como resultado de la inexistencia de normas precisas al respecto; o con normas, pero sin voluntad ciudadana ni política de cumplirlas. Solo cuando se ha plantea la necesidad de controlarlas, o derribarlas de acuerdo con la legalidad, se han convertido en un problema social y político.La cultura urbanística se ha ido construyendo lentamente. Nuestra primera ley urbanística, de 1956, es reconocida por ser un texto de una gran calidad técnica, pero de escasos resultados efectivos. El Urbanismo empieza a ser una prioridad política en los años setenta, coincidiendo con los primeros ayuntamientos democráticos y la fuerte expansión urbana. En esos momentos lo prioritario era dar respuestas al crecimiento de las grandes ciudades; el campo no era un problema urbanístico. Quizás por ello, la legislación estableció tres conceptos y clases de suelos: el Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable, que se mantienen hasta hoy. Se ha advertido con frecuencia que este último recibe una denominación inadecuada, en negativo; pero a mi modo de entender refleja muy bien la idea de que es el espacio ajeno a la ciudad, el espacio ignoto de los mapas antiguos con el territorio que estaba más allá del mundo conocido.La cultura urbanística empieza a extenderse entonces en los suelos urbanos y urbanizables. Ha habido también mucha indisciplina urbanística, pero hoy todo propietario sabe que si el Plan Urbanístico dice que se pueden construir cuatro plantas, no construye seis (antes se hacía); si el Plan declara que un inmueble está protegido por sus valores arquitectónicos, el propietario sabe que no puede demolerlo (antes se hacía para construir un centro comercial o un bloque de viviendas); los terrenos destinados a la construcción de un parque, se respetan (antes, no siempre).

Sin entrar en detalles, hoy el Plan urbanístico se cumple en los ámbitos urbanos y los Ayuntamientos ejercen el control de las actuaciones y la disciplina urbanística. Mientras tanto el Suelo No Urbanizable es un gran contenedor que no solo es ocupado por el espacio productivo agrario. Es donde se construyen carreteras o aeropuertos (¿dónde si no?) donde se instalan grandes vertederos de basura o cementerios de vehículos (¿dónde si no?), se abren canteras (¿dónde si no?), … y se construyen viviendas (por qué no?).Viviendas en suelo no urbanizable ha habido antes de que la legislación urbanística existiera. La mayoría son viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria y ninguna legislación urbanística establece prohibición alguna a su existencia, ni a la de los edificios anexos: casas de aperos de labranza, establos y naves para el ganado, bodegas, cortijos, pabellones de caza y un largo etcétera. Aquí no está el problema, salvo que se haya solicitado autorización para ampliar la caseta de los aperos de labranza y el resultado sea la construcción de un chalet con piscina. El problema se genera con la proliferación de viviendas no vinculadas a la agricultura.

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Aborto, crecimiento de la natalidad y pobreza infantil

Recientemente se ha difundido que entre las razones esgrimidas a favor de su ley del aborto, el Ministerio de Gallardón ha argumentado con los beneficios que un incremento de la natalidad en España tendría para la economía. Tal despropósito argumental provoca reacciones que oscilan entre sonrojo y la indignación. Sonrojo por la falta de rigor del argumento en términos económicos o puramente demográficos, e indignación por su banalidad.

Pues, efectivamente, de acuerdo con las estadísticas disponibles del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, menos del 6% de los abortos que hoy se producen en España estarían entre los supuestos contemplados en el anteproyecto de Ley del PP. Así pues, en el caso de que entrara en vigor y si la mujer no puede o no quiere resolverlo en otro país o en la clandestinidad (que sin duda lo hará con considerables costes económicos o, mucho más grave, con riesgo cierto para su propia vida), en España se producirían unos cien mil nacimientos de hijos o no deseados o que, a pesar de que podría ser un hijo deseado, la mujer es consciente de que dadas sus condiciones laborales, socioeconómicas y/o familiares ha de renunciar con gran desgarro y dolor a tener ese hijo.

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