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Paz M. de la Cuesta

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria. Diputada autonómica por el PSC-PSOE y presidenta de la Comisión de Sanidad en el Parlamento de Cantabria.

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La democracia nuestra de cada día

El Código Penal es el baremo con el que se mide la sanidad democrática de una sociedad. Y desde hace aproximadamente una década, nuestro Código Penal ha ido progresivamente a la deriva hacia modelos cada vez más autoritarios. Desde 1995, fecha de su publicación, a la actualidad, no solo se ha incorporado al catálogo de penas la denominada prisión permanente revisable, sino que se ha producido un significativo incremento de la gravedad de las penas. Como quiera que ello no ha ido acompañado de significativos incrementos o descensos de la criminalidad, más allá del factor criminógeno de la propia ley, debemos pensar que el incremento de la gravedad de las penas es consecuencia de un menor respeto de la libertad individual. Si, por su parte, la Democracia es un sistema político que sitúa el respeto a la libertad individual como piedra angular de la paz social, limitando el uso de la fuerza contra los ciudadanos por parte del Estado, cabría concluir que los vientos autoritarios arrecian.

Algunos organismos internacionales ya han advertido también de retrocesos democráticos en todo el orbe, aunque España, de momento, no sale mal parada. Sin embargo, la polarización política y el desinterés o el desprecio por la opinión del adversario o, simplemente, de quien opina de forma diferente, son factores de riesgo que anuncian el lento pero inexorable deterioro de un sistema político que requiere de racionalización y diálogo. Los lamentables excesos verbales, cuando no insultos personales y falsedades clamorosas, que nos deja, un día sí y otro también, el debate en el Congreso son buena prueba de ello, hasta el punto de que la propia función de los parlamentos está en tela de juicio y su prestigio, cayendo en picado entre la ciudadanía.

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Santa Bárbara y la investigación

Una vez más se ha constatado que la investigación, en España, es como Santa Bárbara: nos acordamos de ella solo cuando truena. Y, como ahora está tronando mucho, mucho se está clamando sobre la importancia que tiene la investigación científica para avanzar en la frontera del conocimiento. O sea que, lo que las sociedades más avanzadas y con las economías más potentes del mundo sabían, ha quedado meridianamente claro en la lucha contra la COVID-19.

En España y en Cantabria, el grueso de la investigación se realiza en el seno de las universidades públicas. No es cuestión de ofrecer datos que cada poco aparecen en los periódicos, pero sí conviene recordar ambos aspectos a los efectos de lo que diré a continuación: la investigación es esencial para la competitividad de nuestra economía y para la mejorar la calidad de vida de las personas e, incluso, como se está viendo, para seguir viviendo. Y, en la medida en que la mayor parte de la investigación de calidad, en nuestra Comunidad Autónoma, se realiza en el seno de la universidad pública, hablar de una es prácticamente hablar de la otra. 

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El estado de alarma en la montaña rusa

El Estado español se define como un Estado de Derecho. Eso significa que es la racionalidad jurídica el tamiz al que ha de someterse la acción política, tantas veces tan irracional, tan voluntariosa, tan apasionada. El proceso es harto conocido: la voluntad política impulsa las leyes y la racionalidad jurídica las construye (o así debería ser); de modo que política y Derecho están íntimamente vinculados, como dos elementos inseparables para la organización de la sociedad, cuyo fin -no lo olvidemos- son las personas. Pues bien, la COVID-19 ha alterado tanto este camino entre la política y el Derecho, como nuestro orden habitual.

La semana pasada advertíamos sobre el debate abierto sobre la legitimidad de las medidas adoptadas frente a la COVID-19 y del propio estado de alarma. La estrategia política de trazo cubista de Pablo Casado, que se está desarrollando ante los medios de comunicación esta semana, parte de aquel debate y muestra un orden alterado en la relación entre política y Derecho.

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De excepcionales estados de excepción... y otras crisis económicas

Mucho se está debatiendo en estos días, en círculos jurídicos, la cuestión de si el estado de alarma dictado por el Gobierno de España y convalidado y renovado por el Congreso de los Diputados es, en realidad, un estado de excepción encubierto. La cuestión, que presenta, según algunos, aristas jurídicas, también tiene importantes consecuencias políticas: el estado de excepción otorga especiales poderes al Estado para afectar gravemente al orden constitucional, suspendiendo derechos fundamentales de los ciudadanos e, históricamente, se asocia a periodos de retrocesos democráticos.

Por ello es preciso resaltar, ya ahora, que la decisión fue del Gobierno y que después ha sido validada en sede parlamentaria. En términos políticos, esto significa que el Gobierno optó por un estado, como mínimo, más respetuoso y garantista para los derechos de los ciudadanos, apartándose, con ello, de tentaciones autoritarias. Las críticas, sin embargo, arrecian, impulsadas por quienes quieren acabar con el estado de alarma y con cualquier tipo de restricción -de movimiento, para trabajar, etcétera.- y, por quienes quieren que "se supere el estado de alarma", para que se dicte -por considerarlo jurídicamente más correcto- estado de excepción, con las tensiones que conlleva.

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