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Ricardo Rodríguez

Técnico de Hacienda y escritor, ha publicado varias novelas y libros de poesía. Es también autor del ensayo 'Los impuestos en la ciudad democrática' (editorial El Viejo Topo)

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El programa económico de Vox, analizado por un técnico de Hacienda: bueno para las rentas altas, malo para el resto

A lo largo de más de cien páginas distribuidas en dos documentos que se complementan de forma coherente, desarrolla Vox un amplio y técnicamente bien armado programa económico basado, por el lado de los ingresos, en una completa redistribución fiscal cuyo flujo se orienta de abajo arriba y, por el lado del gasto, en la reducción a la mínima dimensión posible del sector público.

En ingresos destaca la propuesta de crear un IRPF con sólo dos tipos, el 22% para la porción de renta que no supere los 60.000 euros anuales y el 30% para el exceso sobre esa cuantía. Se justifica por el hecho de que aproximadamente el 50% de declarantes no paguen nada o casi, amén de que unos 3 millones de perceptores de rentas ni siquiera deban declarar, lo que hace que los contribuyentes netos, con una renta media de poco más de 30.000 euros –la clase media trabajadora- soporte el mayor esfuerzo fiscal. Ya la prensa ha deducido legítimamente de este razonamiento que Vox está proponiendo eliminar la exención de tributar para perceptores de rendimientos del trabajo que no superen 14.000 euros al año, que pasarían a pagar entre 1.400 y 1.500 euros que ahora no deben pagar.

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¿Qué hacemos con el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

Sorprende el acuciante dramatismo con que desde hace años se viene reclamando la desaparición de uno de los impuestos más justos de nuestro sistema tributario, el que de modo más directo ataca la perpetuación de la concentración de riqueza en pocas familias y favorece la igualdad de oportunidades. Aún más si se tiene en cuenta que ya se viene desmantelando desde tiempo atrás y que, a estas alturas, en todas partes recae sobre una ínfima minoría acaudalada de la población, a pesar de lo cual, muchas personas que jamás heredarán patrimonios millonarios ni deberán pagar el impuesto se han sumado con entusiasmo al frente "abolicionista", sin ser conscientes de lo mucho que han de perder por deterioro de servicios públicos.

No obstante, junto al exagerado relato de un sinnúmero de renuncias a herencias para evitar el coste fiscal -desmentido de nuevo recientemente por el REAF del Consejo de Economistas-, y la alegación de escasa consistencia de la doble imposición y el perjuicio al ahorro y la inversión, hay críticas certeras que exigen estudiar cambios en profundidad.

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La máxima vil: los ricos y los impuestos

En el año 2001, ciento veinte multimillonarios norteamericanos, entre los que se contaban personalidades como el ubicuo financiero George Soros, Steven Rockefeller o la acaudalada coleccionista de arte Agnes Gund, firmaron una carta en la que pedían al recién elegido presidente del país, George W. Bush, que no eliminase como había anunciado el equivalente a nuestro Impuesto sobre Sucesiones (el Us Estate Tax), tributo que gravaba con una tasa que iba del 37 al 55% las herencias de valor superior a un millón de dólares. La iniciativa de la petición partió de William H. Gates II -abogado retirado, también millonario, filántropo y padre de Bill Gates-, quien la justificó explicando que no se podía premiar la adquisición de riqueza por el mero azar del nacimiento, pues ello desanimaría el esfuerzo y el talento como palancas de la prosperidad. Otro de los promotores de la carta, Warren Buffet, presidente de la gigantesca tenedora de acciones Berkshire Hathaway, advirtió sobre el impacto catastrófico que la supresión del gravamen tendría en la composición de la élite económica norteamericana recurriendo a un ejemplo muy popular. "Sería como formar el equipo olímpico para los Juegos de 2020 eligiendo a los primogénitos de los medallistas de 2000", dijo. En otras palabras, se fomentaría la incompetencia.

No ha sido la única vez que los más ricos de Estados Unidos han mostrado un entusiasmo por el pago de impuestos que aquí nos resultaría como poco exótico. En el año 2011 Bill Gates y Warren Buffet reclamaron al presidente Obama una significativa subida tributaria para las rentas más altas del país y, más recientemente, en 2017, hasta cuatrocientos millonarios animados por el lema "riqueza responsable" pidieron al Congreso que frenase la drástica reducción de impuestos prometida por Donald Trump. Incluso en la órbita política republicana, el magnate del aluminio Paul O’Neill abandonó el cargo de Secretario del Tesoro para el que le había designado Bush junior disconforme con la rebaja fiscal. Entonces contestó a quienes suelen cifrar el crecimiento económico en la bajada de impuestos declarando ante la prensa que si él hubiese guiado sus inversiones exclusivamente por la búsqueda de impuestos bajos jamás habría alcanzado el éxito en los negocios.

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La "revolución" fiscal de Vox

La "revolucionaria" y generalizada bajada de impuestos propuesta por Vox en sus cien "medidas urgentes" de Vistalegre hay que tomársela con cautela, como todo lo que viene de esta formación. Entraña sin duda una caída de ingresos públicos inédita, pero ni es tan generalizada ni afecta por igual a toda la población. Todos los impuestos que se quiere reducir drásticamente o suprimir poseen un rasgo común: son impuestos directos. Salvo una rebaja de IVA a productos y fármacos infantiles y geriátricos, quedan intactos los tributos indirectos, que son los que, como nos enseñara Ramón Tamames en su clásica Estructura económica de España, "en relación a las rentas percibidas gravan proporcionalmente más a las clases media y trabajadora".

Se quiere suprimir el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y la Plusvalía municipal. Que a Vox le traiga sin cuidado la pérdida de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales para prestar servicios a la ciudadanía es algo que ya no debería sorprender a nadie. Y los dos primeros tributos desde hace tiempo cargan con una nefasta reputación, en gran parte debida a la pereza mental de quienes deberían explicar su trascendencia para la justicia general del sistema y a la caótica y dispersa regulación normativa a la que los han llevado las Comunidades Autónomas, inmersas en una delirante e irresponsable competencia fiscal a la baja que a la larga a todo el mundo perjudica.

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