El Derecho Humano a la Alimentación, a debate en Tibasosa

Tibasosa es un pequeño pueblo colombiano de casas coloniales blancas rodeado de montañas verdes que se encuentra a unas 4 horas por carretera al nororiente de Bogotá, en el departamento de Boyacá. Hace unos años, esta zona fue el epicentro de un convulso paro agrario nacional que puso en jaque al gobierno central y que generó una ola de indignación y solidaridad por parte de amplios sectores de la sociedad colombiana, incluyendo a las clases medias urbanas. Las razones del paro no eran nuevas, hundían sus raíces en el problema agrario que arrastra el país desde hace siglos y que la globalización neoliberal y los tratados de libre comercio no han hecho más que profundizar. En aquel momento circulaba en las redes el documental “9.70. La privatización de las semillas” que denunciaba cómo la policía confiscaba cosechas enteras a los campesinos ya que, en virtud del Tratado de Libre Comercio con EEUU, debían utilizar las semillas que vendían las multinacionales norteamericanas, las cuales eran certificadas y de un solo uso. La televisión mostraba al país y al mundo a las fuerzas antidisturbios reprimiendo a indefensos campesinos que reclamaban unas condiciones de vida dignas. La ruana, una especie de poncho de lana típico de la región, se convertía en el símbolo de la protesta.

En ese mismo lugar y en torno a esa misma problemática, representantes de organizaciones campesinas de 9 países de América Latina debatieron durante 4 días en el Encuentro Regional sobre Avances Internacionales en el Derecho a la Alimentación (Tibasosa, del 9 al 13 de diciembre). Un encuentro que ha sido también una suerte de epílogo a 12 años de trabajo para el fortalecimiento de redes de organizaciones campesinas en el marco del programa de apoyo a la “Red Internacional de Seguridad Alimentaria” (IFSN, por sus siglas en inglés), apoyado por la Unión Europea y Ayuda en Acción. La IFSN aglutina aproximadamente a 1.100 organizaciones repartidas en 6 redes regionales en Asia, África y América Latina y su objetivo es consolidar estas redes para que, desde sus mecanismos de democracia interna, se erijan en actores con capacidad de interlocución política a nivel nacional, regional e internacional.

En este evento ha habido espacio para reflexionar y aprender de las experiencias de esos años de trabajo y para que los participantes compartieran no sólo sus vivencias de lucha política por el Derecho Humano a la Alimentación, sino también sus prácticas de producción agroecológicas y sus reflexiones en torno a conceptos como la agricultura familiar, contribuyendo a la producción de conocimiento “desde abajo”.

El tema estrella ha sido sin lugar a dudas la cuestión política. Las organizaciones campesinas, en diferente grado y según cada contexto, enfrentan en el desarrollo de su trabajo serios desafíos que van desde la difamación y la falta de apertura de ciertos espacios políticos, hasta la persecución abierta y el asesinato de líderes a manos de sicarios o grupos armados al margen de la ley. Ejemplo de ello fueron los participantes hondureños que traían fresco el recuerdo de su compañera de lucha y amiga personal Bertha Cáceres, asesinada hace varios meses por defender la dignidad de los campesinos y el medio ambiente. A los observadores nos resultaba casi incongruente que una misma persona en una misma intervención ante la sala, fuera capaz de conjugar el duelo personal, el miedo en el cuerpo, la esperanza y el coraje de seguir adelante con una lucha en un contexto político que camina hacia el deterioro en lo que a derechos humanos se refiere.

Las delegaciones de Bolivia y Ecuador, por su parte, presentaron escenarios mucho más amigables aunque la situación está lejos de ser ideal. Reconociendo los incuestionables avances en materia social, no ha faltado espacio para la crítica. Existe un amplio consenso sobre el hecho de que los gobiernos progresistas en América Latina no han logrado superar el modelo económico de corte extractivista. Como resultado, algunas organizaciones denuncian la falta de receptividad de estos gobiernos frente a propuestas que cuestionan el modelo oficial de desarrollo y que alertan sobre el déficit medioambiental del que adolecen, así como sobre la necesidad de que las políticas públicas que dignifiquen al campesinado -fomento de la agroecología, por ejemplo- se doten con los recursos necesarios para evitar que se conviertan en papel mojado. Al otro lado del debate, se apela a la moderación frente a gobiernos que, pese a tener múltiples contradicciones y a no satisfacer las demandas de determinados sectores de los movimientos sociales, representan para muchos la mejor de las alternativas posibles.

Pero el verdadero protagonista de la declaración final del encuentro fue el consumo responsable. Además de hacer un llamado a los gobiernos para que lo promuevan mediante la protección del consumidor y el reconocimiento del aporte de la agricultura familiar, las organizaciones campesinas no dudan en señalar el poder que todos y todas tenemos como consumidores. Nuestras pautas de consumo, fundamentalmente en el norte, son el principal mecanismo para dignificar la vida de millones de pequeños agricultores que, además de contribuir a la realización de nuestro Derecho Humano a la Alimentación, nos enseñan el camino hacia un mundo ambientalmente más sostenible y socialmente más humano.